Debate por un modelo que ya lleva 60 años

Por Jorge Sappia

El fallo de la Corte Suprema de la Nación en el juicio "Rossi Adriana María c. Estado Nacional - Armada Argentina", dictado ayer, repone sobre el tapete laboral la temática de la libertad sindical, en frente del sexagenario modelo sindical argentino.

Como ocurrió en el precedente "ATE c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", sentencia del 11 de noviembre de 2008, el máximo tribunal nacional pone en tela de juicio el sistema gremial que rige en nuestro país desde que, en 1945, se dictó el decreto-ley 23.852 y que se mantuvo a través de las leyes 14.455, de 1958; 20.615, de l974; 22.105, de 1979, y 23.551, de 1988, vigente en la actualidad.

La cita cronológica antecedente tiene el propósito de poner a la vista, durante qué gobiernos permaneció inmutable el concepto de un solo sindicato por rama de actividad, asentado en el principio de conferir la personería gremial, atributo necesario para ejercer en plenitud los derechos sindicales, al sindicato más representativo.

Los que no expresaran esa condición podrían obtener reconocimiento como simplemente inscriptos, pero limitados en sus atributos.

En el precedente ATE, la Corte interpretó que la posibilidad de elegir delegados -instituto éste de representación sindical al interior de la empresa- no podía ser atributo exclusivo y excluyente de los sindicatos con personería gremial, sino que podía alcanzar también a los simplemente inscriptos.

Una visión interesada de aquel fallo de 2008 quiso que la Corte Suprema había dado luz verde para que cualquier trabajador pudiera postularse y ser elegido delegado gremial.

Disentí con eso y sostuve que la correcta visión del pronunciamiento indicaba que todo trabajador puede postularse para delegado, pero siempre en el ámbito de un sindicato preexistente a su voluntad, sea con personería gremial o simplemente inscripto, porque interpretar el considerando 9º del fallo ATE en un sentido absolutamente individual, no resulta una aplicación del Convenio 87 (de la Organización Internacional del Trabajo) en las condiciones de su vigencia.

Tengo para mí que el nuevo decisorio de la Corte no exhibe una nota discordante con el criterio señalado. Por el contrario, solamente agrega que la condición de la actora, Adriana Rossi, como integrante de la directiva de un sindicato simplemente inscripto, merece la protección de la ley 23.551, y no puede ser objeto de sanciones disciplinarias ni despido, sin la previa tramitación de un juicio de exclusión de tutela sindical.

Por ello, la Corte declara que el art. 52 de esa norma es inconstitucional en cuanto extiende esa cobertura sólo a los sindicatos con personería gremial.

De todo esto surge que la Corte Suprema actúa en línea con el pensamiento exhibido el año anterior, aun cuando extienda su concepto de la libertad sindical que aplicó al delegado, al miembro de comisión directiva del sindicato simplemente inscripto. Lo que no aparece en discusión es el sistema del sindicato más representativo.

El autor es profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba

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