DDJJ: pasaron siete años y aún no se cumple la ley

Después que a fines de 2001 y buena parte de 2002 se multiplicara en la sociedad el latiguillo "que se vayan todos", la dirigencia política pampeana buscó calmar esa bronca a través de una pomposa y mal llamada reforma política. En realidad fue el justicialismo quien impuso las condiciones en la Legislatura para aprobar las elecciones internas y abiertas en los partidos políticos y modificar la ley de declaraciones juradas.
El mensaje fue más participación ciudadana y más transparencia. ¿Qué pasó? Con los comicios abiertos se dio marcha atrás y la modificación del régimen de DD.JJ., a ¡¡¡2.413 días!!! de haberse promulgado, nunca se puso en práctica.

La ley 2.039, modificatoria de la 1.252 sobre declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, fue aprobada a principios de 2003 por la Cámara de Diputados y promulgada por el gobernador Rubén Hugo Marín el 13 de junio de ese año. Durante más de seis años y medio pasaron tres gobernadores y 51 diputados provinciales y ninguno movió un dedo para que se cumpla.

¿Qué dice la norma a la que todos tratan de olvidar? Lo nuevo fue que a la declaración histórica sobre bienes, rentas, ingresos y deudas, los funcionarios debían agregarle los "consumos mensuales de tarjeta de crédito y débito; y saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, por un período de un año anterior". También que se incluirían "los mismos datos enunciados precedentemente, del cónyuge y de las personas sometidas a la patria potestad, tutela o curatela del obligado al cumplimiento de este requisito. Esta obligación deberá renovarse en forma anual hasta el cese de sus funciones".

El otro cambio sustancial -además de dejar dicho expresamente que los legajos tendrán carácter público y que pueden ser requeridos por cualquier ciudadano- fue que "la autoridad de aplicación (Tribunal de Cuentas) publicará anualmente y año calendario vencido, en la página web creada al efecto y con acceso mediante firma digital, una rendición anual que contenga todas las erogaciones efectuadas por intermedio de tarjetas de crédito y de débito y un balance del estado patrimonial, que contenga el total del activo y del pasivo". Lo de la firma digital fue incluido como una traba; vaya si lo terminó siendo...

Gran Bonete.

Más de una vez se ha escrito desde estas páginas que la pasividad que ha mostrado la dirigencia política en todo este tiempo se parece al juego infantil de El Gran Bonete, donde nadie parece tener el pajarillo. ¿Yo, señor? No, señor, ¿pues entonces quién lo tiene?

Hoy por hoy ni existe una página web para ver las DD.JJ., no existe la firma digital y posiblemente existan declaraciones con los datos de los gastos de tarjetas de tarjeta y débito, cajas de ahorro, etc. Lo único que hay son publicaciones en el Boletín Oficial -algo también previsto en la norma- con el total de los activos y pasivos de cada funcionario, lo que está lejos de permitir saber cuál es el patrimonio real de cada uno de ellos. Y que se sepa, el texto no parece difícil de entender. Más bien es muy claro.

¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable de que la ley no se cumpla? ¿Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público? En Diputados, los legisladores aseguran que no tienen nada ver y miran con recelo al Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas le apuntan directamente al Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo, para no perder la costumbre, no hablan.

Las consultas en la Legislatura tuvieron una respuesta casi uniforme. "Nosotros aprobamos la ley, pero no la instrumentamos. La autoridad de aplicación es el Tribunal de Cuentas". ¿La ley debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo o, tal como fue redactada, debería estar vigente?, se preguntó. La contestación fue que no requiere de una reglamentación.

La réplica desde el TdeC buscó ser contundente: "Hasta tanto la Provincia no se adhiera a la ley nacional de firma digital, el nuevo sistema no puede implementarse. El Tribunal está en condiciones mañana mismo de volcar en una página web todas las declaraciones juradas con los nuevos datos". Y se recordó que el organismo dictó hace un tiempo una resolución dejando en claro esa postura. El Poder Ejecutivo, dijeron, tiene registro de ese texto.

"El Tribunal tiene que tener la seguridad de que no será demandado si vuelca en Internet todos esos datos. Para eso se necesita que el Poder Ejecutivo apruebe el uso de la firma digital en la provincia", agregaron las fuentes. El ejemplo dado fue la Provincia de Buenos Aires, que implementó la firma digital en la administración pública, por ley, en 2007.

A sabiendas de lo que habían dicho en Diputados, en el TdeC no se callaron: "Hay sólo dos o tres empleados para controlar y actualizar 1.800 declaraciones juradas, y 16 ó 17 relatores para controlar 850 cuentas (corrientes). Aquí son 60 empleados, un poco más que hace 30 años, pese a todo lo que ha crecido la administración pública. En la Legislatura, en cambio, hay 400 empleados y además pueden contratar una empresa privada para el servicio de limpieza".

Para no dejar dudas del enojo, las fuentes remarcaron los "escasos recursos" con que cuentan y prometieron para 2011 la implementación de un nuevo aplicativo que impedirá "una pila de liberalidades" que encuentran hoy los funcionarios al momento de declarar sus bienes.

Ese enojo está asociado a que recientemente el gobernador Oscar Mario Jorge pidió "un Tribunal de Cuentas que me cuide las espaldas", y el ministro de Hacienda, Ariel Rauschenberger, le enrostró al organismo que reclamo cargos "y después no revisa más que cinco expedientes por día". Y acotó: "Tienen adicionales para trabajar con disponibilidad horaria, pero no veo que vaya nadie a la tarde".

Más allá de esas verdades/mentiras/chicanas, ni en los últimos seis meses del gobierno de Marín, ni en los cuatro años de Carlos Verna, ni en los dos años que lleva Jorge se hizo algo (pese a que en su discurso del 1 de marzo 2008 en la Cámara de Diputados prometió "implementar las normativas y tecnologías que nos permitan utilizar la firma digital"). Ninguno de los 51 diputados que pasaron por la Legislatura en estos 2.413 días dijo una palabra. Los funcionarios de las tres gestiones tampoco abrieron la boca. Es un tema tabú. Se ve que muchos quieren vivir de los dineros públicos, pero nadie quiere mostrar cómo los gasta.

Nadie le dio operatividad

En 2003 también se aprobó la ley 2.073, confiriéndole facultades al Poder Ejecutivo para "establecer la operatividad en la Provincia de la ley nacional Nº 25506 (Ley de Firma Digital)". La norma fue promulgada por Marín el 21 de octubre a través del decreto 1884/03. La Ley de Firma Digital rige en la Argentina desde fines de 2001. Ni Marín, ni Verna ni Jorge le dieron operatividad... ¿Por algo será?

El acuerdo que no fue

La ley 2.039 fue impulsada originalmente por el diputado radical Roberto Reinoso y consiguió, en un primer momento, el respaldo de todos los bloques, incluido el del PJ. El texto fijaba en el artículo 5º la obligatoriedad de publicar, sin restricciones, las DD.JJ. en Internet y en el Boletín Oficial, e incluía en ellas -inéditamente- los consumos mensuales de tarjetas de crédito y débito, saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorros no sólo de los funcionarios, sino también de sus cónyuges e hijos. Aquel acuerdo fue presentado en el marco de una presunta reforma política para darle más transparencia a la función pública.

Sin embargo, el entonces gobernador Marín vetó la ley que, según el presidente del bloque justicialista, Luis Galcerán, era vanguardista a nivel nacional. Marín adujo una supuesta contradicción entre la obligación de publicar las declaraciones y la exigencia de individualizar a quiénes soliciten la documentación.

Esa traba para transparentar los patrimonios de los hombres públicos echó hacia atrás el consenso entre peronistas y radicales, y llevó a la oposición a sostener que con la intervención del gobernador se había modificado el espíritu de la norma, ya que en definitiva lo que se terminaría publicando sería un extracto de las DD.JJ. y no todo su contenido.

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