DDJJ: firma digital y página web llevan 6 años de demora

Desde 2003 pasaron tres gobernadores y 51 diputados, pero ninguno hizo nada para transparentar la función pública. El Tribunal de Cuentas, autoridad de aplicación, también miró para otro lado.
El Gran Bonete es un juego infantil donde nadie parece tener el pajarillo. Por eso el diálogo permanente en el entretenimiento es "¿yo, señor? No, señor, ¿pues entonces quién lo tiene?

Lejos de esa ingenuidad natural de los chicos, funcionarios y legisladores pampeanos saben bien cuándo hacerse los distraídos, aunque sin ninguna pizca de ingenuidad. Por eso hace casi seis años que no se instrumenta en la provincia la firma digital, un mecanismo (o traba) fijado por ley para que los ciudadanos puedan acceder a las declaraciones juradas de quiénes justamente juegan al Gran Bonete en su versión adulta.

La breve historia sobre la implementación de la página web y la firma digital para saber cómo el gobernador, el fiscal de Estado, el asesor letrado de Gobierno, las autoridades del Tribunal de Cuentas, etc. rinden sus gastos privados en forma pública, hay que buscarla a principios de 2003, cuando la Legislatura aprobó la ley 2.039 (promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de junio de ese año), modificatoria de la ley 1.252 de comienzos de los '90.

Esa norma, impulsada por el legislador radical Roberto Reinoso, consiguió en un primer momento el respaldo de todos los bloques, incluido el del justicialismo. El texto fijaba en el artículo 5º la obligatoriedad de publicar, sin restricciones, las DD.JJ. en Internet y en el Boletín Oficial, e incluía en ellas -inéditamente- los consumos mensuales de tarjetas de crédito y débito, saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorros no sólo de los funcionarios, sino también de sus cónyuges e hijos. Aquel acuerdo fue presentado en el marco de una presunta reforma política para darle más transparencia a la función pública.

Sin embargo, el entonces gobernador Rubén Hugo Marín vetó la ley que, según el presidente de la bancada del PJ, Luis Galcerán, era vanguardista a nivel nacional. Marín adujo una supuesta contradicción entre la obligación de publicar las declaraciones y la exigencia de individualizar a quiénes soliciten la documentación.

Esa traba para transparentar los patrimonios de los hombres públicos echó hacia atrás el consenso entre peronistas y radicales, y llevó a la oposición a sostener que con la intervención del gobernador se había modificado el espíritu de la norma, ya que en definitiva lo que se terminaría publicando sería un extracto de las DD.JJ. y no todo su contenido.

Texto final.

A partir del veto vendría la segunda parte de la historia, que concluyó con el PJ aprobando el artículo 5º con el siguiente texto, que es el que rige actualmente: "Con las declaraciones juradas (...) se formará un legajo que contendrá, además de ellas, toda actuación administrativa relacionada con las mismas. En todos los casos el contenido del legajo tendrá carácter publico y cada vez que la autoridad proporcione un informe sobre asientos o constancias del mismo, practicará una anotación marginal con individualización del solicitante, destino del informe y motivo que lo ocasione. Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, la autoridad de aplicación (el Tribunal de Cuentas) publicará anualmente y año calendario vencido, en la pagina web creada al efecto y con acceso mediante firma digital, una rendición anual que contenga todas las erogaciones efectuadas por intermedio de tarjetas de crédito y de debito y un balance del estado patrimonial, que contenga el total del activo y del pasivo".

Las DD.JJ. deben contener: a) la totalidad de los bienes y deudas (o activos y pasivos), incluyendo los saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro bancarias, pertenecientes al declarante, b) las rentas e ingresos de cualquier naturaleza (regulares y de carácter extraordinario) que percibió en el último año calendario, c) un detalle del total de consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito discriminados por montos mensuales correspondientes al último año calendario, y d) igual detalle que los enunciado en los puntos anteriores con respecto al cónyuge y las personas sometidas a la patria potestad, tutela o curatela del funcionario.

¿Qué pasó a partir de ese momento con la página web y la firma digital? Nada, absolutamente nada. O mejor dicho. El Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas hicieron todo lo posible para que nada pase.

Mutis total.

Ese 2003 no terminó allí, porque más tarde se aprobó la ley 2.073, confiriéndole facultades al Poder Ejecutivo para "establecer la operatividad en la Provincia de la ley nacional Nº 25506 (Ley de firma digital)". La norma fue promulgada por Marín el 21 de octubre a través del decreto 1884/03. La Ley de firma digital rige en la Argentina desde fines de 2001.

En ese mes y medio que le quedaba de mandato, a Marín no le preocupó darle operatividad a la firma digital en La Pampa. Lo mismo ocurrió con su sucesor, Carlos Verna, durante los cuatro años de su gestión (2003-2007), y tampoco demostró interés en su primer año de gobierno, el actual mandatario Oscar Mario Jorge a pesar de que el 1 de marzo de 2008, en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de Diputados, señaló que "revisaremos y actualizaremos las políticas y normativas, en relación a la gestión pública y las tecnologías de información y comunicación, implementando las normativas y tecnologías que nos permitan utilizar la firma digital y el documento electrónico en acuerdo con la legislación nacional vigente".

Así como tres gobernadores jugaron al Gran Bonete para que los 300.000 pampeanos no puedan acceder libre y rápidamente a las DD.JJ., y por ende a conocer en qué gastan los funcionarios los dineros que ellos tributan al fisco, con el paso del tiempo se sumaron al juego la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Los 51 diputados que pasaron en este tiempo porque en seis años ninguno abrió la boca para pedir que el "famoso" artículo 5º se aplique integralmente y no sólo en forma parcial; y el cuestionado Tribunal -que mantuvo intacta su composición porque, a pesar de ser la autoridad de aplicación, siempre eligió mirar para otro lado. Con el agravante de que la ley misma habla del carácter público de los legajos.

¿Podrá alguien, algún día, apretar "enter" en una computadora y conocer en pocos segundos qué tienen, qué deben y cuánto gastan en tarjetas de crédito y de débito sus servidores públicos? Ciencia ficción... o La Pampa 2050.

Justicia: ¿justicia?

El PJ no fue el único sector que puso trabas para mostrar abiertamente sus cuentas; el Poder Judicial no se quedó atrás y hace seis años, por la acordada 1899/03, del Superior Tribunal, se negó a que los funcionarios y magistrados entregaron las declaraciones juradas en el Tribunal de Cuentas, como decía la norma aprobada por la Legislatura.

El presidente del STJ, Víctor Luis Menéndez, los ministros Rosa Elvira Vázquez, Julio Alberto Pelizzari, Eduardo Fernández Mendía (hoy todos en sus cargos) y Eduardo Mariano Cobo y el procurador Gay declararon "inaplicable" en el ámbito del Poder Judicial la ley 1.252/90 sobre DD.JJ. de bienes de funcionarios públicos y su modificatoria 2039/03, "como asimismo las reglamentaciones que de las mismas existieren" (NdeR: esa reglamentación fue dictada por el Tribunal de Cuentas).

La principal preocupación de los jueces era revelar los movimientos bancarios y el uso de las tarjetas de crédito y débito propias y de sus familiares. A tal punto que en el formulario que reciben para completar anualmente la declaración jurada de bienes no tienen que informarle esos al propio Superior Tribunal.

Hecha la ley, hecha...

Desde que la semana pasada este diario publicó una nómina con los funcionarios más ricos de la provincia -fueron incluidos los cincuenta que declararon patrimonios superiores a los 500.000 pesos-, muchos lectores llamaron para quejarse y preguntar porqué otros funcionarios no figuraban en esa lista. La respuesta fue simple: el Tribunal de Cuentas sólo informa sobre los activos y los pasivos de cada uno. O sea, apenas dos cifras. ¿Por qué no publica en el Boletín Oficial el resto de los datos? Porque la ley solamente exige la publicación de esos otros datos en la página Web... que no existe.

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