Los DDHH piden discutir en Mendoza acuerdo por seguridad

Se trata del convenio para la seguridad democrática firmado por partidos políticos y diversas agrupaciones.
A fines del 2009, el Congreso Nacional fue el escenario elegido por diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para rubricar un acuerdo para la seguridad democrática.

Este documento, que tiene carácter de acta compromiso, ya que advierte sobre la necesidad de dar respuestas por parte del Estado a la ola de violencia e inseguridad por la que atraviesa todo el país, pero sin acudir a medidas abusivas y autoritarias en pos de combatir al delito.

De esta forma, con un listado de 10 ítems, organizaciones de DDHH aconsejan sobre los lineamientos que el Estado debería seguir para contar con un buen sistema de seguridad que no corra el riesgo de lesionar garantías constitucionales de ningún ciudadano.

Tras conocerse en Mendoza la intención del ministro de Seguridad, Carlos Aranda, de intentar reflotar la discusión legislativa relacionada al proyecto de creación de una oficina equipada para realizar escuchas telefónicas sin la intervención de la SIDE, las entidades defensoras de derechos humanos encendieron luces de alarma y le propondrán a Aranda discutir este documento en nuestra provincia.

El anuncio lo hizo Pablo Salinas, abogado local, militante de la defensa en la provincia de los DDHH.

"Nosotros, antes de comenzar a opinar o a oponernos a este tipo de proyectos que verdaderamente nos causan preocupación, lo primero que vamos a hacer es pedirle al ministro una reunión, en la cual le propondremos bajar a la provincia la discusión sobre la base del acuerdo para la seguridad democrática que se firmó a nivel nacional con la participación de organizaciones y partidos políticos", afirmó Salinas.

De este modo, las organizaciones locales le pedirán al ministro Aranda que realice una convocatoria amplia para que se baje en la provincia la discusión sobre los alcances de este acuerdo.

"Queremos que el ministro cite a todas las organizaciones y a todos los interesados en participar para discutir este documento firmado entre otros por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)", enfatizó Salinas.

Por su parte, consultado por El Sol, Carlos Aranda no quiso emitir opinión al respecto y manifestó que prefiere mantener prudencia, hasta tanto las organizaciones de DDHH lo convoquen formalmente o le pidan realizar la convocatoria.

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