Los datos definitivos del censo 2008 estarían recién en junio de 2010

Con suerte, los cordobeses recién podrán conocer en junio del año que viene los datos definitivos del censo provincial que se realizó el 26 y 27 de agosto de 2008.

Es que aún hoy, más de 400 días después de que se llevó a cabo el relevamiento demográfico, no se conoce qué empresa tendrá a cargo el escaneo de las planillas censales y el ordenamiento de los resultados que se obtendrán, ya que el Estado provincial desechó la posibilidad de hacer el conteo de manera manual.

Además, suponiendo que el proceso licitatorio concluya en las próximas semanas, como estimó el director de Estadísticas y Censos de la Provincia, Héctor Conti, el pliego otorga a la concesionaria un plazo de siete meses para realizar el trabajo.

"El pliego –precisó Conti– establece que la empresa tiene cinco meses de plazo para realizar el escaneo y dos meses más para completar el ordenamiento de los datos".

En consecuencia, con un viento a favor que no siempre sopla en los despachos de la burocracia provincial, recién en junio o en julio próximos estaría el resultado del estudio demográfico que le costó al Gobierno 13 millones de pesos.

Por ahora, los únicos datos que se conocen del relevamiento son los que figuran en la página web del Gobierno provincial desde diciembre de 2008: una población total de 3.216.993 habitantes, unos 150 mil más que en 2001; los desagregados por departamentos, municipios y comunas, y algunos datos sobre vivienda.

El viernes pasado, este diario mantuvo un breve contacto telefónico con el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, máximo responsable del relevamiento, pero éste se excusó de responder porque estaba en una reunión. Luego, no devolvió el llamado.

Los datos que faltan. El miércoles último, una fundación cordobesa que se dedica al estudio y a la planificación de políticas públicas presentó un amparo contra la Provincia porque no informó sobre los resultados definitivos del censo.

Mariano Mosquera, titular de la fundación Ciudadanos 365, decidió impulsar el amparo cansado de pedir al Gobierno, de modo formal y también informal, la información que se relevó durante el censo a fines de agosto de 2008, y que no figura en los datos provisionales publicados.

Se trata, por ejemplo, de la siguiente información "vital para fijar cualquier política pública", según la calificó Mosquera: la composición de los hogares de la provincia de Córdoba por rango etáreo, por sexo, etcétera; tipología de vivienda (casa, departamento, rancho, conventillo, casilla, otros); condiciones de ocupación de las viviendas; población de jubilados; población con cobertura de salud; población analfabeta y con estudio; población con necesidades básicas insatisfechas (índice NBI); población económicamente activa, con empleo formal e informal y desempleada; población con discapacidad y tipología, entre otras.

La imprecisión de las cifras provisionales dificulta la elaboración de políticas de Estado y acciones de gobierno "más eficientes y sustentables" en materia de déficit habitacional y discapacidad, entre otras cuestiones. Precisamente, estos habían sido propósitos que se habían destacado como innovaciones en la campaña de difusión previa al censo.

Críticas. Investigador de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto de Ciencias de la Administración (Icda) de la Universidad Católica, Mosquera cuestionó con dureza la demora en procesar los datos.

"En el mejor de los casos –afirmó– estamos ante un Estado provincial ineficiente, porque tarda dos años en procesar una información vital; pero en el peor de los casos estamos ante un Estado que no quiere revelar los niveles de pobreza, de marginalidad y otros indicadores sociales que ha recogido mediante un censo".

Mosquera, quien supo integrar los equipos técnicos de Héctor Campana, dijo que "hay una diferencia sustancial para la implementación de políticas públicas entre un dato estadístico nuevo en serio y un dato estadístico de dos años atrás".

Y criticó: "Al parecer, el Gobierno provincial ha gastado 13 millones de pesos para hacer un censo y muchos de los resultados que obtuvo ya no servirán".

Complicado. De acuerdo con lo que ha sucedido, casi todo lo relacionado con el censo provincial de 2008 tuvo, tiene y tendrá complicaciones. Nació con una enorme demora en la espalda, ya que por la ley provincial 8.524 debía realizarse en 2006. El entonces gobernador José Manuel de la Sota decidió posponerlo con el argumento de que el Estado nacional analizaba realizar un estudio demográfico que nunca se realizó.

La presión política de los intendentes del interior, que por la falta de actualización de sus poblaciones cobraban por coparticipación mucho menos de lo que debían, llevó a Juan Schiaretti a proyectar y a realizar el censo tan esperado.

Pero, tal como había sucedido con el relevamiento encarado durante la gestión del fallecido Ramón Mestre, también éste recibió cuestionamientos. Y no sólo fueron los intendentes de los pueblos que sólo registraron leves crecimientos demográficos los que criticaron. También lo hicieron vecinos de barrios capitalinos, pueblos y localidades del interior a cuyas viviendas no concurrieron los censistas.

Por esas críticas, el Gobierno tuvo que habilitar una línea telefónica para que se anotaran los que habían sido ignorados.

La frutilla del postre fue el procesamiento de los datos que hoy, a más de 400 días de realizado el censo, nadie sabe quién hará.

Cronología

21 de diciembre de 2007. El gobernador Juan Schiaretti firma el decreto que convoca a la realización del censo.

25 de julio de 2008. El Gobierno provincial presenta el operativo censal y fundamenta la iniciativa en el "valor social de la información". Se firma el decreto que declara feriado provincial al 27 de agosto de 2008, para la realización del censo.

27 y 28 de agosto de 2008. Se realiza el censo en todo el territorio provincial.

Setiembre de 2008. La Provincia difunde datos provisorios sobre habitantes.

Octubre de 2009. Por demoras en la licitación, siguen sin procesarse los datos definitivos del censo. Una ONG presenta un amparo por mora ante la Justicia.

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