Bailan los precios de los bonos y los precios de las acciones. Bailan las apuestas, las bicicletas financieras oficiales y paraoficiales y bailan las expectativas. Así están hoy las cosas en la Argentina de la reindustrialización y del modelo productivo con inclusión social: todo o casi todo jugado a si habrá o no habrá un arreglo con los fondos buitre o a si el Gobierno lo intentará.

Hay otras realidades bien apremiantes bailando por afuera, pero dentro de ese circuito algunos empiezan a replantearse certezas que parecían inconmovibles.

Son muchos, no siempre desinteresados, quienes insisten en que al Gobierno le convendría un acuerdo con los holdouts, que le abra las puertas del crédito internacional, le evite sofocones cambiarios y le permita salir de la recesión: “Son necesidades de la política”, dicen. Aun así, entre ellos han aflorado interrogantes que antes no tenían.

“¿Por qué si Cristina va a enfilar para ese lado, al mismo tiempo Kicillof y Vanoli siembran presiones y persecuciones a diestra y siniestra, unas cuantas claramente ilegales, en vez de aquietar las aguas?”, se pregunta alguien que mide cada gesto del oficialismo. Es el mismo analista que consideraba señales inequívocamente acuerdistas a los comentarios del ministro de Economía y del jefe del Banco Central; reservados aunque guiados por la idea de que se hicieran públicos. Ahora, a él y a otros les ha entrado la duda. Sospechan que Kicillof y Vanoli apuntaban a dar vuelta ciertas variables del mercado y, también, que detrás de la impresionante seguidilla de controles puede haber algo más que el intento de tender un puente hacia enero: para el caso, armar un stock de reservas de manera de mantener viva la chance de seguir pateando la pelota.

Articular un acuerdo con los holdouts es cualquier cosa menos un emprendimiento sencillo. Luego, si eso va a consumir inevitablemente hasta abril o mayo, la pregunta es por qué la Presidenta no pensaría en la posibilidad de seguir tirando sin un arreglo durante el tiempo que le falta, mantener las banderas y ahorrarse costos políticos.

Dice un ex funcionario que conoce de paños como éstos: “Afuera todavía especulan con una respuesta favorable, pero nadie maneja indicios visibles. Y de hecho las palabras de Kicillof y de Vanoli nunca aclaran definitivamente nada”.Mientras tanto, agrega, el terreno ya no es el mismo que había a fines de julio, cuando la Argentina cayó en default. Anota movimientos crecientes de fondos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 dispuestos a pedir que se los incorpore al juicio de los buitres. Sólo eso aumentaría las demandas en Nueva York en unos 6.500 millones de dólares.También pone la mira en otros, pero en situación regular, inclinados a sumar las mayorías necesarias como para reclamar el pago completo de algunos bonos antes del vencimiento.

“Todo puede ponerse más complejo y ya no se trata de los 1.650 millones que exigen los buitres”, dice el ex funcionario. De paso, el Gobierno sabe hace rato que los buitres aceptarían cerrar trato con una quita del 20%.Ni hace falta decir que la Presidenta está calibrando costos y beneficios y que será enteramente suya la elección del camino. Hasta ahora, no se ha inclinado por ninguno.

Llegado el punto, sería mucho más que un indicio, un paso decisivo, que mandase al Congreso un proyecto anulando la ley de pago soberano y la ley cerrojo y agregando un paquete de divisas a las obligaciones de la deuda externa. Eso y más que eso pondría a andar de verdad el arreglo con los holdouts.

También será condición necesaria girar a la SEC, el equivalente norteamericano de la Comisión de Valores argentina, un documento amplísimo con la oferta a los bonistas.

Tampoco hace falta decir el batifondo que meterían semejantes pasos. En cualquier caso, la pelota sigue picando en el muy restringido espacio de la Casa Rosada.

A fuerza de aprietes, de apelar a cuanto dólar haya a mano y de ofrecer muy atractivos negocios a compañías que de repente pasaron de malas a aliadas, el tándem Kicillof-Vanoli ha logrado contener la demanda de divisas. Bien fundada, la duda es cuánto tiempo puede durar la llamada paz cambiaria.

Ya está claro que en 2015 el Gobierno deberá convivir con una oferta de dólares bastante más flaca que la de este año: unos 10.000 millones menos estiman algunos economistas, sobre todo por la caída en los precios de la soja. Y eso ocurrirá justo cuando crecen los vencimientos de la deuda.

Además, al paso que va la economía, el parate de 2014 amenaza extenderse a 2015: dos años de recesión es mucho para cualquier país y resultan previsibles, entonces, mayores sacudones en el mercado laboral. Pese a algunas dosis de oxígeno oficiales, limitadas por cierto, el consumo caerá entre 2 y 3%, el primer bajón desde el muy lejano 2002.

Dicen quienes ven en enero el punto de partida de las negociaciones con los holdouts: “Es la necesidad de salir a buscar financiamiento, no sus pretensiones, lo que forzará a Cristina a arreglar. Porque será peligroso seguir perdiendo reservas y muy gravoso para la actividad productiva apretar cada vez más el torniquete sobre las importaciones”.Pero ni aun los que apuestan a un acuerdo obligado por la realidad creen que será suficiente como para pegarle una remontada sensible a la economía. Es que, si bien importante, la llamada restricción externa representa apenas uno de los tantos desarreglos acumulados estos años.

Definitivamente inquietante para el núcleo del poder, hay otro problema que marcha a paso acelerado: son los vínculos entre los Kirchner y el contratista de obras públicas Lázaro Báez. También balas, sólo que de un calibre diferente.Nada de lo que pasa pude ser cargado a la cuenta de la oposición, aunque abunde en desaguisados. Todo viene con formato K.