Daño ambiental de arroceras: requerimientos del fiscal federal imputa a funcionarios

El fiscal federal Gustavo Corregido pidió que se inicie una investigación contra el ministro de Economía Eduardo Aguilar, dos intendentes, ex funcionarios y un empresario, promoviendo que todos sean indagados por supuestos delitos cometidos al autorizar o promover emprendimientos arroceros que estarían teniendo efectos contaminantes en el departamento Bermejo.

La requisitoria del fiscal alcanza al ministro Aguilar, al subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández, a los intendentes de Las Palmas y La Leonesa Víctor Armella y José Carbajal, al ex ministro de la Producción Hugo Morand, el ex subsecretario de Recursos Naturales Bruno Schwesig y a Eduardo José Meichtry, responsable de las arroceras San Carlos y Cancha Larga, emprendimientos que vienen siendo cuestionados por vecinos del departamento Bermejo y organizaciones intermedias.

Varios cargos

El fiscal dice que la justicia federal es la competente para investigar los supuestos delitos cometidos, y cita que se habría violado la ley nacional 24.051, que norma todo lo relacionado con residuos peligrosos.

El expediente se inició por una denuncia que sostiene que las arroceras administradas por Meichtry generan "riesgos y daños en la salud pública desparramando residuos tóxicos, realizados por medio de avioneta pulverizadora, que esparce los agrotóxicos por doquier, afectando la salud de las personas, ambiente reservorio de agua, suelo y demás".

Esas fumigaciones --según la denuncia-- se realizan desde noviembre de 2008 y a partir de ellas se habría producido un elevado número de casos de cáncer entre los pobladores de la zona. El fiscal pide también que se realicen pericias y estudios para determinar si los reservorios de agua y el suelo están contaminados por los productos utilizados para combatir plagas.

En el escrito elevado al juez actuante, el fiscal dice que "desde la definición de polo arrocero por el ministro de la Producción Hugo Morand --en octubre de 2007-- hasta la fecha, continuando con al gestión de Eduardo A. Aguilar al frente del Ministerio de Economía y Producción, se ha fomentado una explotación agrícola de gran envergadura comprometiendo la sustentabilidad ambiental del Humedal Chaco, sin estudios previos de impacto ambiental, sin antecedentes que indiquen la viabilidad de salud ambiental de esa explotación que utiliza un importante flujo de recursos hídricos que devuelve alterados en calidad".

En cuanto a Fernández y Schwesig, dice que ambos tuvieron "responsabilidad en la conducción de la política de Estado en materia ambiental con un claro apartamiento de las normativas protectoras de los bienes tutelados y específicamente protegidos y señalados, no ejerciendo el correcto control en las zonas afectadas a la explotación arrocera, evidenciándose falta de documentación y antecedentes que se establece y se debería contar según la normativa referida".

"En cuanto a la responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario público de José Carbajal --intendente de La Leonesa--, surge de la inobservancia de la ley de biocidas 3378/88 y decreto reglamentario 454/89", indica, y plantea lo mismo en cuando al intendente Armella.

Omisión de funcionarios

Al recordar que la legislación vigente plantea que deben haber estudios previos de impacto ambiental para autorizar emprendimientos de este tipo, Corregido concluye que "debió existir una omisión por parte de funcionarios del Estado para que funcione una explotación agrícola que deseche residuos tóxicos".

Sobre el empresario Meichtry, en tanto, dice que "la conducta típica encuadra en lo establecido en los artículos 2 y 55 de la ley 24.051, toda vez que se contamina aire, suelo y fundamentalmente agua que escurre por los humedales hacia los ríos Paraguay y Paraná, afectando la biosfera e impactando en todo el sistema ecológico".

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