Illía agradeció la invitación y se mostró sorprendido por la difusión que tuvo su situación laboral en los medios de comunicación, que señalaban que en varios meses no se había hecho cargo de su rol como Defensor Adjunto “me preocupa esta situación por el juzgamiento social que conlleva, cuando se generan dudas sobre una persona es difícil dar marcha atrás, se forma un concepto que es difícil luego modificar”, señaló.

En ese sentido, el funcionario dio detalles desde el momento en que asumió en su cargo, y que desde el mes de abril, en que juró en el cargo, hasta la fecha no fueron dispuestos los medios adecuados para poder desarrollar las tareas que implica estar en la Defensoría.

Dando precisiones sobre la cronología de hechos, informó que en el mes de septiembre le comunican de Tesorería de la provincia que tiene sus recibos de haberes para que sean retirados, tras lo cual pidió formalmente se devuelvan los montos correspondientes a sus haberes mensuales y corroboro luego que los montos no fueron acreditados en la cuenta del Nuevo Banco del Chaco.

De cada uno de los pasos realizados, el Defensor Adjunto presentó notas informando de sus decisiones, a la vez que continuó desempeñando funciones en el Ministerio de Trabajo y percibiendo en esa repartición su sueldo.

Finalmente, en el mes de octubre señaló que se comunicó con el Defensor Corregido y le solicitó que le firmara una constancia de que no había prestado servicios en esa área y vía Tesorería obtuvo un comprobante que certificaba que no había cobrado sus haberes de la Defensoría y cuando estaba haciendo uso de una licencia, le comunican telefónicamente que había tomado estado público su situación laboral con las publicaciones que son de conocimiento público.

Presidió la Comisión su vicepresidente María Lidia Cáceres y estuvieron presentes sus pares Fabricio Bolatti, Darío Bacileff Ivanoff, Martín Nievas, Sergio Vallejos y se sumaron el titular de la legislatura Eduardo Aguilar y Carim Peche.