Diego Di Pascuale, el dueño de una de las viviendas de barrio Alta Córdoba que resultó destruida por la explosión de la química Raponi, aseguró que lo llamaron desde la Jefatura de Gabinete de la Nación y lo convocaron a Buenos Aires para analizar de qué manera lo pueden ayudar.

Con este objetivo, Di Pascuale viajará el miércoles próximo a la Capital Federal y será recibido por el propio Jorge Capitanich, por la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, o por funcionarios de alguna de estas áreas del Ejecutivo nacional.

“Lo único que queremos con mi familia es que nos hagan la casa tal como la teníamos –dijo Di Pascuale–; no importa si es el Gobierno provincial, la Municipalidad o el Gobierno nacional; que sea quien sea, pero que nos asegure, antes de demoler, que nos construirán la casa”.

El damnificado es el poseedor de la vivienda ubicada en Pasaje Cordeiro 947, a metros de donde el 7 de noviembre pasado se produjo la explosión de la química Raponi, hecho que produjo el deceso de una mujer y la detención de uno de los responsables de la firma.

Al momento de producirse el episodio, en la casa en cuestión no había moradores, a pesar de que Di Pascuale vivía allí con su madre, su esposa y sus dos hijos.

Di Pascuale viajará con su abogado Mauro Ompré, quien la semana pasada remitió una carta documento a la Jefatura de Gabinete de la Nación, con reclamos de ayuda directa a los damnificados. “Capitanich –señaló ayer el abogado– dijo que la Nación estaba dispuesta a ayudar, pero que las autoridades cordobesas no le atendían el teléfono. Yo lo contacté directamente para que pueda hacerlo porque mis clientes no tienen que verse afectados por las disputas políticas” entre las administraciones nacional, provincial y municipal.

Ofrecimiento

Ompré aseguró que, para aprovechar bien el contacto logrado con el Gobierno nacional, tratará de llevar a Buenos Aires también los reclamos de otros vecinos damnificados.

“En las próximas horas vamos a habilitar una caja de cartón en la carpa que el Municipio instaló en la zona afectada para que la gente coloque allí sus reclamos”, dijo Ompré.

El abogado es uno de los que interpuso un recurso de amparo para evitar que la casa donde vivía su cliente fuera demolida. Esto, porque su cliente mantiene una disputa con los funcionarios municipales quienes aseguran que Di Pascuale no puede acreditar la propiedad del inmueble.

Para el damnificado y para su abogado, la familia tiene un certificado de posesión que tiene más de 20 años y que con eso puede tramitar la escritura. “Pedimos, a través de la Justicia, que antes de demoler la vivienda de mi cliente, se realice un peritaje multidisciplinario para que le sea restituido todo lo que perdió tal cual lo perdió”. En diálogo con este diario, Di Pascuale dijo que hacen varias décadas que viven en Pasaje Cordeiro y que tiene, desde hace 20 años, una posesión otorgada por el Ferrocarril.

“Por ahora –aseguró–, lo único que nos han dado es un cheque por 4.200 pesos para poder alquilar una vivienda, pero todavía no hemos podido porque piden garantías y nosotros trabajamos por nuestra cuenta”.