La dama de hielo

Aunque lo presentó como el impulso a una nueva ley consensuada con gobernadores, los ambientalistas denuncias que respondió a intereses económicos de multinacionales mineras. La norma había sido votada por unanimidad en el Congreso, donde el veto causó estupor.
El sentido final de la ley 26.418, sancionada por legisladores de ambas cámaras el 22 de octubre pasado, era proteger todos los glaciares de la Argentina. Pero ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto 1837/ 2008, que veta la norma y deja a las masas de hielo de todo el territorio –verdaderos reservorios de agua dulce, oro, cobre y otros tesoros– sin un marco jurídico que las preserve.

La publicación de la medida en el Boletín Oficial caldeó los ánimos de los legisladores que votaron por unanimidad a favor del proyecto –y que ahora se autoconvocaron para discutir qué hacer– , enfureció a los ambientalistas locales y provocó satisfacción entre operadores políticos y lobbistas del sector minero, claramente, la industria más perjudicada por la ley ahora vetada. En su artículo sexto, la norma prohibía las actividades que pudieran afectar la condición natural de los glaciares y que implicaran su destrucción o traslado. Sin vueltas, vedaba la exploración y explotación minera o petrolífera.

Pero en el Gobierno escucharon los reparos de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo titular, el ingeniero Jorge Mayoral fue denunciado por poseer acciones en empresas del mismo sector que regula, y avanzaron con la anulación. En su decreto, la Presidenta dice que de acuerdo con lo expresado por ese organismo “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades”.

El veto de Cristina continúa: “En este sentido –dice– la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. Lo que no dice, en realidad, es que su decisión favorece un negocio de tres mil millones de dólares.

El caso testigo es el del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la poderosa multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Una fuente inobjetable de la industria explicó a Crítica de la Argentina lo que hay detrás de la movida presidencial. “Detrás del veto está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de tres mil millones de dólares”.

La provincia de José Luis Gioja es la meca de la minería en la Argentina. Existen en ella más de 180 proyectos mineros de los cuales el 90% está ubicado en zonas de glaciares. La ex diputada Marta Maffei, autora del proyecto de ley, se mostró indignada con lo sucedido. Y también hizo memoria: “Me llamó la atención que durante el tratamiento de la ley, los legisladores sanjuaninos eran los que ejercían más presión para evitar que se sancionara. Pero después, llamativamente, se callaron. Quizás ya sabían que estaba garantizado el veto”, explicó.

La ley, que ahora debe volver al Congreso, además de prohibir trabajos sobre la superficie helada, se proponía en sus artículos 3º, 4º y 5º realizar un inventario de cada uno de los glaciares del país, desde Ushuaia a La Quiaca, para poder fotografiarlos y controlarlos por satélite. Pero en otro de los fundamentos del veto, el Gobierno dijo: “Como bien ha señalado Cancillería, la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentra en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso”.

Pero eso también es extraño: en primer lugar, porque Chile sí lo hizo. El Laboratorio de Glaciología del gobierno de Michelle Bachelet inventarió hasta 2007 cerca de 1.835 glaciares repartidos en una superficie de 15,489.8 km2. “Es como no querer saber cuántas ollas tenés en tu casa. Dicen que eso perjudica la demarcación limítrofe con Chile, pero es un absurdo porque Chile contó sus glaciares y porque ya no hay conflicto con Chile”, dice el profesor Norberto Ovando, vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales y experto de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza. El hombre concluyó: “El agua vale más que el oro y sobre los glaciares pende la amenaza de un daño irremediable de llevarse a cabo los proyectos mineros. La remoción y manejo de los glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico. Y el objetivo de esta ley, en el fondo, era proteger el agua. Por eso, todo lo que ocurre es lamentable”.

La segunda reincidencia

El decreto 1837/2008 que anuló la ley de protección de glaciares no usa la palabra “veto”. Cristina firmó una “observación” que, en términos prácticos, tiene el mismo resultado. La ley no entra en vigencia y la Presidenta la envía al Congreso para que la revean. Es la tercera vez que Cristina usa esta herramienta. Las dos anteriores lo hizo para anular sólo un artículo de una Ley de Defensa al Consumidor y algunos apartados específicos de la Ley de Presupuesto 2007.

Así la defendían los peronistas

El proyecto de ley para la protección de glaciares atravesó el Congreso de manera fugaz. Se pusieron de acuerdo oficialistas y opositores, y el Senado lo convirtió en ley el 22 de octubre. Sin embargo, Cristina objetó la norma y la respuesta fue inmediata. Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, convocó a los integrantes de su comisión para insistir con el proyecto original. Si la idea avanza, los legisladores necesitarán mayoría especial, dos tercios del total, para volver a sancionar el cuidado de los hielos.

El 22 de noviembre de 2007, el proyecto de los diputados del ARI Marta Maffei, Carlos Raimundi y Delia Bisutti llegó a la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que preside el kirchnerista Daniel Filmus. Casi un año después y frente a todos los senadores, Filmus lo defendió en el recinto: “Hablamos de uno de los temas más importantes de la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos a las reservas de agua de nuestro país”. El trámite de aprobación duró minutos. Cuarenta y siete senadores levantaron la mano y tres dijeron que no: Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, de San Luis, y Roberto Basualdo, de San Juan, la provincia que estaba destinada a perder millones de dólares de la explotación minera si esta ley seguía vigente.

OPINIÓN

Ganan las corporaciones

Por Javier Rodríguez Pardo (Militante ambientalista)

Los vecinos chilenos del Valle del Huasco alertaron sobre la destrucción de glaciares al advertir que la minera Barrick Gold desconocía la existencia de éstos en su informe de impacto ambiental. Descubrimos además que el país trasandino tenía registrados gran parte de los glaciares ubicados a lo largo de la cordillera de los Andes. No así la Argentina. Barrick, la transnacional de George W. Bush y familia, obtuvo durante los gobiernos de Frei y de Menem un tratado binacional que cede la cordillera de los Andes para que el modelo extractivo de minería química a cielo abierto pueda ser llevado a cabo impunemente. En San Juan su proyecto cuenta con la venia de todos los funcionarios de esa provincia.

Estos datos nos permiten interpretar la decisión del gobierno argentino, al vetar la ley sancionada por el Congreso Nacional, que tiende a proteger la existencia de los glaciares. O sea, esto demuestra que la entrega de los bienes comunes naturales del país es un hecho y que el dominio de las corporaciones mineras sobre la política y la economía nacionales es otra realidad indubitable, probada e indiscutible.

Una sola reflexión: este Gobierno no sólo ratifica la legislación de Carlos Saúl Menem de los años 90, sino que perfecciona la entrega de la riqueza con la que aún cuentan nuestros pueblos, los bienes comunes naturales. Lamentablemente no se da cuenta de que los pueblos cordilleranos se pusieron de pie para impedir semejantes hechos demenciales, por ponerle un calificativo prudente.

Comentá la nota