Un curso de acción definido

Por: Ricardo Kirschbaum.

El Gobierno ha decidido presionar a la Justicia diciéndole que es presionada, a su vez, por el poder económico. Lo ha dicho la Presidenta poco después de que lo afirmara Aníbal Fernández.

Si lo dicen Cristina y Aníbal es porque hay una línea de trabajo acordada: cualquier fallo que no favorezca al Gobierno es producto de algún acuerdo espurio. Así, le bajan el precio a las decisiones judiciales y naturalizan una conducta desde el poder hacia la Justicia, aceptando o no fallos si se adecúan o no a la política oficial.

Uno de los actos producidos en este tiempo kirchnerista que mayor adhesión tuvo fue la renovación de la Corte Suprema. Fue un acto de verdadero fortalecimiento institucional. Como tal, despertó entonces un apoyo que en esos primeros años se unió a la recuperación económica.

El Gobierno, ahora que ha perdido una buena parte de esa simpatía, está eligiendo otro perfil para enfrentar los hechos que no encajan en sus planes políticos.

Los actos que derivaron de un pleito sindical trasuntaron esa tendencia a desconocer lo que no es favorable al oficialismo. Aníbal Fernández, ex ministro del Interior y de Justicia, hombre experimentado en la arena política, forjado en el duhaldismo más puro y en la fragua del peronismo bonaerense, no es un improvisado. Cuando ordenó no acatar a la Justicia, el jefe de Gabinete sabía lo que hacía. Igualmente cuando se erigió en controlador de la constitucionalidad de los actos del juez, algo aventurado para alguien que estuvo en la cartera de Justicia.

Aníbal reveló así un curso de acción que confirmó Kirchner el viernes desde La Rioja: la ley de medios, en este caso, y todo aquello que convenga al oficialismo seguirá adelante a pesar de los fallos de los jueces.

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