La primera medida de la gobernadora María Eugenia Vidal en materia de política carcelaria llamó la atención por ser, en rigor, una no medida: mantuvo en sus puestos al subsecretario del área, César Albarracín –agente residual de la administración Scioli-, y a la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo hizo a pesar de un dato que convertía su decisión en una jugada de alto riesgo: estaba ratificando a los funcionarios que autorizaron al periodista Jorge Lanata a entrar al penal de General Alvear para entrevistar al interno Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que acusaría al entonces jefe de Gabinete de la Nación y pre candidato a la gobernación por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, de traficar efedrina y mandar a matar a Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. La operación periodística puso la interna del PJ bonaerense al rojo vivo y, lógicamente, dejó al SPB transformado en un campo minado. La mandataria reaccionó cuando le estalló la primera gran crisis de su gobierno recién nacido: la fuga de Lanatta y de los otros dos condenados por el triple homicidio. Pero la no medida fundacional de Vidal no es lo único que llamó la atención: la política penitenciaria de la nueva gobernadora –y del PRO en general- está llena de curiosidades, entre las que sobresalen la llegada al cargo que deja Albarracín de un fiscal importado con poco conocimiento del ámbito carcelario; la incorporación en un alto cargo del Ministerio de Justicia –del que dependen las cárceles bonaerenses- de un randazzista que, pese a su vasto conocimiento del polvorín peronista bonaerense, no advirtió el peligro que representaba la no intervención inmediata en el SPB; y una coincidencia de apellidos que convierte al vínculo entre la Nación y la provincia en una relación filial.

Un forastero en Buenos Aires. Con la crisis de la triple fuga encima, Vidal se apuró a asegurar que Albarracín, hombre de confianza del ex ministro de Justicia Ricardo Casal, había cesado en sus funciones el 10 de diciembre -aunque ese dato no permite entender qué hacía el ex funcionario en fotos de actos encabezados por la gobernadora. Y aceleró el anuncio del nombre de su reemplazante: Juan José Baric.

El nuevo jefe civil de las cárceles bonaerense viene de La Pampa, donde subrogaba una fiscalía federal de Santa Rosa, la capital de esa provincia. El flamante funcionario no conoce el sistema penitenciario bonaerense, porque antes había trabajado en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. “Baric hizo la mayor parte de su carrera en el fuero correccional (concretamente, en el Juzgado N°12 de la Capital Federal), donde se juzgan delitos que contemplan penas menores a los tres años de prisión, por los que nadie va preso”, señaló a Letra P una fuente con vasta trayectoria en el ámbito penitenciario, y opinó: “Vidal nombró a un inexperto para desarrollar la política del sistema penitenciario más complejo y deficitario del país”.

El legado del Flaco. El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia del gobierno bonaerense del PRO es un randazzista. Fernando Manzanares caminó los últimos siete años de su vida de la mano del ministro del Interior  de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2008 y 2011 fue funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 2011 y 2013 fue subdirector del Registro Nacional de las Personas y después fue interventor y director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Pero antes, entre 2004 y 2007, había sido jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia, durante la gobernación Solá, y antes, desde 1994, había hecho carrera en el Poder Judicial.

“No se entiende que, con semejante experiencia y con todo el conocimiento que acumula de la provincia y del peronismo bonaerense, Fernando no haya visto venir lo que pasó en el SPB”, se sorprende, en medio del pase interno de facturas que siguió a la triple fuga de Alvear, un funcionario del Ministerio de Seguridad, la cartera a cargo de Cristian Ritondo, quien, tras haber puesto la cara en una crisis ajena, se estaría sintiendo con autoridad para reclamarle a la gobernadora que ponga el área penitenciaria bajo su órbita.

De padre a hijo. La política penitenciara del PRO está en manos de una familia: los Mahíques. Juan Bautista fue designado subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación. Es una oficina clave del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde ahí, el también representante del presidente Macri en el Consejo de la Magistratura administra el Servicio Penitenciario Federal (SPF), un sistema con algo más de 10 mil internos alojados en una red de establecimientos penales que cubre todo el país. En esas unidades se alojan presos peligrosos que cometieron delitos federales. Se destacan los narcotraficantes y los represores.

El padre de Juan Bautista, Carlos, es el ministro de Justicia de la provincia. Lo eligió Vidal para ese puesto, a pesar de algunas controversias de las que fue protagonista. Abogado por la Universidad Católica Argentina (UCA), fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuando en 2010 fue propuesto por el Consejo de la Magistratura para integrar la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Le imputó interpretaciones “absolutamente restrictivas y contrarias” a los compromisos asumidos por la Argentina en materia del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y “contrarias a la vigencia de los derechos humanos”. La entidad que conduce el periodista Horacio Verbitsky se refería al voto con el que Mahiques, como subrogante de la Corte bonaerense, se había opuesto a autorizar un aborto no punible a una chica con discapacidad mental que había sido abusada. En la crisis de la triple fuga de Alvear, jugó un papel secundario, ensombrecido por su par de Seguridad.

¿Cómo será la relación entre el responsable de la política penitenciaria nacional y el que está a cargo de la misma materia en la provincia? ¿La autoridad paterna del segundo tendrá influencia en las decisiones del primero?

“Mahiques padre maneja un sistema carcelario ingobernable y colapsado, que necesita todo el tiempo sacarse presos de encima”, apunta un ex funcionario del SPB, y pregunta: “¿Qué hará Juan Bautista cuando papá Carlos le pida que aloje en penales federales a los presos más peligrosos de la provincia?”