Cuotificación: hablan de la ley, otros del recurso

Desde Caipa y CEPA entienden que debe cumplirse con el artículo 27 de la Ley de Pesca para seguir con “criterios legales”. Desde Armadores, en cambio, entienden que la emergencia de la merluza dejó sin efecto la norma y cuestionan posible “privatización del mar argentino”.-
Grandes empresarios nucleados en Caipa y en CEPA aseguran que la cuotificación, de acuerdo al artículo 27 de la Ley Federal de Pesca, “es un instrumento fundamental para cuantificar la captura realizada por cada buque” y aseguran que la cuota que obtendrán será de acuerdo a lo estipulado por el derecho, “siguiendo criterios legales como la trayectoria en el mercado, cantidad de personal empleado, planta en tierra, captura histórica”.

En la vereda de enfrente, desde la Cámara de Armadores advierten una posible concentración de la actividad en pocas manos: dijeron que las pequeñas y medianas empresas se verán obligadas a vender sus cuotas ante la insuficiencia de los cupos que se le asignen. Pusieron en cuestionamiento datos “obsoletos” que se utilizarán como antecedentes –se contemplaría la historia de captura de la embarcación entre 1989 y 1996- y solicitaron que se clarifiquen los criterios bajo los cuales se asignarán las cuotas.

El sistema de cuotificación que el Gobierno nacional impulsa para la administración del recurso pesquero sigue sin encontrar consensos. Caipa y CEPA insisten en respetar la Ley Federal de Pesca, aprobada hace doce años. Armadores recuerda que la emergencia de la merluza aún está vigente y que dejó sin efecto la normativa. Cada cual defiende los intereses de sus representados. Entre rumores que indican que tiene precio la tonelada de merluza, los grupos empresariales de Mar del Plata se paran en veredas opuestas, mientras buscan apoyos políticos.

A través de un comunicado emitido por autoridades de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas –integrado por Moscuzza, Solimeno y Valastro entre otras grandes firmas-, remarcaron que el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Norberto Yahuar, aseguró que “cada barco los mismos niveles de captura actuales como base mínima, a la vez que se hará una segunda asignación para los que poseen más historia y antecedentes en el caladero argentino”. Esos datos son los cuestionados por Armadores.

Las grandes cámaras determinaron que esto significa “premiar el compromiso, las inversiones, la continuidad y el trabajo transparente en el marco de la industria pesquera argentina”.

Para CEPA y Caipa la implementación plena de esta medida constituye una “oportunidad para que las empresas consoliden su accionar en base a la seguridad jurídica, puedan planificar su actividad en el tiempo y en consecuencia, estén en mejores condiciones de realizar inversiones y asegurar un armónico crecimiento del sector en general”.

Ambas cámaras empresariales entienden como razón fundamental de la puesta en práctica de este sistema de administración pesquera que “así lo ordena la Ley Federal de Pesca aprobada hace 12 años por el Congreso de la Nación Argentina, aplicada casi en su totalidad y en plena vigencia en la actualidad”.

Al cruce salió Darío Sócrate, gerente de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura. La merluza común, principal especie en cuanto a volúmenes de captura y a la cantidad de operadores involucrados en su explotación, está en emergencia desde 1999, de acuerdo a la Ley 25.109 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 189/99. La declaración “prohíbe expresamente, para esta especie, la aplicación de lo establecido en la Ley 24.922, particularmente lo previsto en el artículo 27º, es decir, la cuotificación”.

Además, desde Armadores cuestionaron la concentración económica que –entienden- generaría la aplicación de este sistema de administración pesquero. Para las autoridades de esta cámara “se reducirá sensiblemente la posibilidad de subsistir de muchas pequeñas y medianas empresas, obligándolas a ‘vender’ su cuota, que se concentrará en los grupos empresarios más grandes”.

Para unos, la cuotificación –acompañada de los controles correspondientes- implicará “transparentar la actividad”. Para otros, será –lisa y llanamente- “la privatización del mar argentino” y representa “el último de los modelos donde unos pocos se llevan la rentabilidad de todos los argentinos”.

La disputa queda planteada. El Gobierno nacional cuenta hoy con el guiño de los empresarios más grandes de la ciudad, los mismos a quienes pide registrar a los trabajadores que están en negro o en cooperativas que no funcionan como tales.

Desde el Gobierno habían manifestado su preocupación por la falta de aplicación de esta legislación durante todos estos años, “lo que ha permitido que se genere un mercado marginal con escasos controles”, según reconoció el propio Yauhar.

Darío Sócrate, de Armadores, dijo días atrás que el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, compartía su postura. Sin embargo, aún no se expresó el Gobierno provincial al respecto. Desde el Concejo Deliberante se pidió la suspensión por 120 días de cualquier medida relacionada con la aplicación de las Cuotas Individuales Transferibles (CITs) que pueda afectar a la industria pesquera local y se programó una reunión de trabajo. La cuotificación sigue sin consensos y con interpretaciones cruzadas.

Comentá la nota