Una cuota de oxígeno

Ante reclamos vecinales por mayor seguridad en distintos distritos bonaerenses por el incremento de la actividad delictiva, Daniel Scioli por primera vez ensaya una serie de medidas simultáneas para mejorar su imagen de gestión.

La inseguridad pasó de la sensación a la acción en las últimas semanas y tiene como bisagra al crimen del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea. El episodio obligó al gobierno de Scioli a abandonar la actitud pasiva o casi hasta rayana con lo frívolo y se activaron mecanismos de planificación y gestión en distintos frentes.

El primer frente ya fue analizado y fue el de identificar el foco del problema. Ya fue profundamente analizado en columnas sucesivas respecto de la imputabilidad hacia los menores. Scioli tuvo de la otra vereda voceros de una importancia suprema como la ministra de la Corte, Carmen Argibay y varios legisladores nacionales, aún del entorno kirchnerista que indicaron que su diagnóstico apuntaba por la vía equivocada. Una multisectorial social y sindical le respondió que no se podía estigmatizar a los menores y a la pobreza y después señalar que se puede ser progresista.

Pero la propuesta de bajar la edad de imputabilidad asoma como uno de los primeros fracasos de Scioli que ahora quiere disimular su entorno. Tras las palabras de Cristina Fernández sobre el tema, el mandatario provincial sufrió ya un fuerte cerrojo para ese tipo de propuestas que se ubican en el extremo de la derecha, incluso por fuera de lo que puedan pensar los kirchneristas más moderados.

Por eso fue que se notó un fuerte cambio de timón, señalando lo que era la gran idea como un pequeño aporte. Sin solución de continuidad se pudo avanzar con otras cuestiones que eclipsaron ese desliz del gobierno provincial que recibió escaso, por no decir insignificante apoyo en el congreso de la Nación.

Pero, a costa de sacudones y malos momentos, Scioli parece que en los últimos siete días aprendió la lección y, tal vez repasando a sus antecesores, lanzó una batería de medidas destinadas a construir al menos sensación de gestión en contraste con la sensación de inseguridad.

En ese esquema argumentativo parece haberse incorporado el apuro por enviar a la Legislatura una nueva etapa de la reforma procesal penal, la partición territorial operativa en cuatro zonas de la policía bonaerense y la generación de un ámbito de diálogo y consenso permanente con los demás poderes y operadores institucionales. En lo que va de la gestión Scioli, nunca antes en una sola semana se había generado tantas decisiones simultáneas.

Es bueno ir por partes. La nueva reforma penal ya estaba preparada desde hacia un tiempo. No fue el temblor de una coyuntura lo que apuró su redacción, aunque sí su giro hacia la legislatura.

En una de sus más importantes novedades aparece el juzgamiento con tribunales personales en delitos de hasta quince años. No es una idea propia, sino que viene generada desde la época del entonces ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, quien a su vez había analizado estas propuestas cuando la voz de Juan Carlos Blumberg tronaba en los despachos oficiales.

El optimismo en el lanzamiento de esta medida se basa en la posible descompresión de la agenda de juicios orales que en algunos tribunales llega hasta el año 2011. Pero también se esperan algunas reacciones adversas. Por caso desde la Asociación Judicial Bonaerense que ven en este tipo de nuevos mecanismos una recarga de tareas ante la falta de nombramiento de más personal.

La subdivisión a los fines operativos, del territorio bonaerense, para la policía es otro dato de gestión que ya generó una diversidad de comentarios a favor y en contra. Algunos uniformados con años a cuestas y con más de una historia para contar de enfrentamiento con la delincuencia indicaron dos observaciones. La primera tiene que ver con una cuestión tal vez política. Percibieron que la designación de cuatro superintendentes por debajo de la jefatura policial obedece a una cuestión de desviar la presión de la opinión pública por debajo del gobernador, del ministro Carlos Stornelli y del jefe policial mismo. Una especie de creación de nuevos potenciales fusibles ante la generación de hechos aberrantes que queden en la vitrina de la impunidad.

La segunda observación tiene que ve con la cadena de mandos y con la designación de más cantidad de “caiques” que indios, como se dice en la jerga callejera. ¿Cómo se coordinará un operativo en una amplia zona del conurbano de ahora en más con la coexistencia de departamentales, policías distritales, superintendencias y otras divisiones creadas en los últimos años?

Igualmente esta decisión, que suena a una reestructuración de la fuerza, siempre ofrece una cuota de oxigenación tras largas semanas de desidia y subestimación de la problemática. Crea nuevas expectativas y permite que haya un período de observación y control, cuya duración será directamente proporcional al humor social.

También crea expectativas y disuelve la responsabilidad en varos sectores la creación de una mesa institucional de diálogo para resolver en forma consensuada este déficit de seguridad. Magistrados, defensores, fiscales y distintos operadores del sistema respondieron a la convocatoria del gobernador La sola invitación permite crear otra imagen. Primero dispersar la presión en muchos sectores, de la que antes era acreedor exclusivo el gobernador. Segundo, compartir la responsabilidad de una decisión errónea o con resultados inocuos. Y Tercero, contar con un ámbito asesor de primer nivel que permitirá redituar personalmente los resultados positivos.

Scioli tiene ante sí un mapa complejo para recorrer en materia de inseguridad. No se sabe si va a poder resolver esta problemática en el corto plazo. Pero mientras tanto intenta demostrar que sólo tiene una cuota parte de responsabilidad en este tema de agenda. Las próximas semanas confirmarán o derribarán esta presunción. (www.agencianova.com)

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