No se cumplen las leyes que rigen la carrera administrativa

Tres décadas sin concursos para acceder o ascender en la planta pública. Nombramientos a dedo que generan malestar entre el personal.
Los empleados con más antigüedad de la Administración Pública no tienen memoria de la realización de ningún concurso para acceder o para mejorar posiciones en la burocracia oficial. Al contrario, los ingresos son `a dedo´, por recomendación política y los ascensos llegan tras subrogar categorías superiores o, con suerte, por capacitaciones que se realizan en el marco del PROCAP. Por fuera de eso, están condenados a vivir en el inmovilismo, que suele ser morigerado mediante el pago de un ítem que, casualmente, lleva el nombre de `adicional por permanencia en categoría´.

Hace al menos tres décadas que el Estado incumple -sistemáticamente- las leyes y la misma Constitución Provincial, que establecen que todo puesto público -no político- debe concursarse y ser cubierto en función de una característica que suele faltar puertas adentro del Estado: la idoneidad.

Como dato ilustrativo, hace algunos años, desde el mismo Gobierno se calculaba que efectivamente trabajaba y servía al funcionamiento del sistema público sólo un 30% del personal. Lo demás -un 70%- representaba un sobredimensionamiento de la planta pública. Si -tal como informó ayer este diario- sólo en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral el empleo público creció un 26%, se puede deducir que los que sobran son muchos más.

Eterna postergación

Los agentes que vieron la avanzada de los cargos políticos por sobre los agentes de carrera reclaman cambios en el sistema. Francisco Acosta, delegado gremial en el área de Obras Públicas, comenzó a trabajar en un proyecto para revalorizar el ascenso a través de una carrera pero la iniciativa quedó en stand by porque, por la crisis, priorizaron la lucha por la estabilidad laboral y el incremento salarial. "Nuestra preocupación es porque vienen y quedan arriba nuestro", dijo en alusión a quienes ingresan con algún tipo de recomendación política. "Nosotros sabemos que algunos trabajaron políticamente para cada gobierno de turno. Vienen y les dan un cargo, en buena hora, pero también queremos que se respete la carrera administrativa. Una cosa es que les den una categoría y otra es que vengan como jefes de departamento, que es lo que no podría ocurrir, no debería ocurrir", denunció Acosta. Es que de acuerdo con el escalafón, un agente que llega a la categoría 24 debería ocupar una jefatura y las designaciones políticas deberían reducirse a los cargos denominados índices. Pero, claro, lo que dicen las leyes son, hace bastante, letra muerta.

Letra muerta

* Art. 166 Constitución Provincial: "Todos los empleados públicos para los cuales esta Constitución no establezca elección o una forma especial de designación, serán cubiertos por concursos de antecedentes y oposiciones, de tal modo que aseguren la idoneidad de los agentes".

* Art. 4 Ley 3.198: "El ingreso al escalafón sólo tendrá lugar mediante la realización de concursos abiertos".

* Art. 21 Ley 1.238: "No podrán disponerse designaciones en el ámbito de este Estatuto mientras exista personal en estado de disponibilidad en igual o equivalente nivel y jerarquía que reúna las condiciones requeridas por la vacante existente".

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