El culto a la contradicción, receta política del gobierno

Diciembre es mes de éxodo fueguino, cuando se produce la mayor brecha entre demanda y oferta de pasajes. De a miles se cuenta la diferencia entre salida e ingreso por tierra. Es, desde la perspectiva de quien se queda, el momento óptimo para estacionar en medio de ciudades despobladas. El castellano se mezcla entre vocablos europeos y la sensación, por momentos, es de vivir en una ciudad ajena. Es el final de clases, de la tarea judicial y legislativa. Es mal momento para organizar cualquier cosa, salvo las ventas navideñas. Todo el mundo está con la cabeza en otra cosa.
Simultáneamente, es el mes en que el gobierno de Fabiana Ríos elige para llevar transparencia en la contratación con capitales chinos. El año pasado (se pensó que era una casualidad) se eligió el 15 de diciembre para tratar la evaluación de impacto ambiental de la planta de metanol en una audiencia pública. Este año, "casualmente", será el próximo 17 de diciembre el día elegido para el proyecto relacionado con la producción de urea.

A modo de racconto, entre diciembre de 2008 y 2009 la administración Ríos convocó tres audiencias públicas, dos ya comentadas y la tan mentada audiencia pública dentro del proceso para designar al actual integrante de la Corte, Javier Muchnik. El ARI no produjo otro hecho participativo. No hubo rendición de cuentas ante la comunidad, no se concretaron los avances relacionados con la transparencia online prometida, ni encuentros públicos anunciados para los grandes asuntos provinciales. Mientras que el discurso era la reconstrucción del vínculo entre representante y representado, el camino elegido fue el abuso de la contradicción entre el compromiso electoral y el hacer político.

Ríos-Aramburu-Muchnik

Inesperadamente, anticipando un posible capítulo de "Justicia Adicta II" el ARI también tuvo su affaire judicial. Cuando el actual gobierno era oposición criticaba con vehemencia cada una de las sospechas de parcialidad. Solicitaban transparencia, evaluaciones fundadas, apertura y difusión de las sesiones. Se criticaba el procedimiento oscuro de destitución y se actuaba en cuanta instancia existía para intentar cambiar el funcionamiento del órgano que elige y destituye jueces. Eso fue hasta diciembre de 2007.

El ministro designado por la gobernadora Fabiana Ríos, Guillermo Aramburu, violó sistemáticamente todos los tratados de Derechos Humanos invocados anteriormente por el mismo oficialismo en la oposición y actuó a contramano (esto según se decía antes) de cuanta constitución, norma y sentencia relacionada con un correcto concurso público. Tampoco se presentó ninguna propuesta para cambiar todo lo antes atacado. Conociendo las fechas de las sesiones, el gobierno nunca las difundió. El cambio siempre prometido que nunca se concretó.

Después vino lo peor. Metamorfosis mediante, lo que antes constituía un horror a denunciar pasó a ser "calidad institucional". Se conoció que el ministro Aramburu contrató a un ex funcionario de la denunciada gestión anterior como asesor de su propia cartera, quien además era padre de su socia y del candidato elegido, emblemáticamente, por la gestión que venía a cambiar las cosas. Si ser coccarista estaba mal, ahora las cosas se revertían. Ya se sabía que Aramburu tenía o tiene (nunca quedó en claro la situación) un estudio jurídico con la Dra. Verónica Muchnik, hermana del juez designado por Ríos en el Superior Tribunal. La sorpresa fue saber que el apellido Muchnik también estaba relacionado con el patrocinio jurídico de la misma gobernadora. Esto era una denuncia nacional en otras épocas. Ahora se ha vuelto silencio, cuando no complicidad.

Tragar sapos: producto de venta libre, sin receta

En lo que va de 2009, además de los sapos que hubo que digerir, se ha producido un anuncio, un pedido y dos instancias participativas que captaron la opinión de la comunidad y, muy particularmente, de un amplio sector de la prensa. El anuncio lo hizo la gobernadora Ríos cuando amenazó con realizar una Consulta Popular (hubiera sido la primera a nivel provincial) en relación a la negociación vinculada con la negociación de hidrocarburos. Pero el año avanzó y el contrato (¿hay un contrato?) con la empresa TDFEyQ fue creando un clima de malestar creciente. El Concejo Deliberante de Ushuaia reaccionó pidiendo a Ríos que utilice uno de los remedios que había recetado para resolver los grandes asuntos públicos. Como se sabe, los concejales capitalinos pidieron, voto del propio ARI mediante, se realice una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía fueguina sobre el tema de mayor controversia.

La versión oficial del contrato tiene tantos beneficios y es tan bueno para Tierra del Fuego que nadie entiende el por qué de tanta gente que lo cuestiona. Sobre este particular, Participación Ciudadana realizó el año pasado un pedido de acceso a la información ante el gobierno para que se brinden datos sobre distintos aspectos de la contratación. Entre otras cosas tendrían que haber respondido quién financió los costos de los traslados a China, stock de reservas de hidrocarburos y estudios previos. El derecho humano a contar con información fue violado por la gestión que en otros tiempos promovió la ley que garantiza el mismo derecho. Numerosos referentes oficialistas tuvieron conocimiento del hecho que aún se mantiene sin respuesta oficial. Aprendizajes que da el poder, explicaron.

Hace un mes, la intendencia de Ushuaia llevó adelante la II Consulta Popular. Entre otras cuestiones públicas, se consultó si habría que promover un proyecto para imponer un cargo a la ocupación ilegal de tierras públicas municipales. Esto fue lo único que captó la atención de un sector amplío del oficialismo provincial. Las siete restantes cuestiones fueron irrelevantes, al punto que no hubo contacto alguno por el tema entre provincia y municipio. El reciclado, la accesibilidad, el cobro de deudas y el transporte público no fueron temas de importancia. No había un proyecto en relación al posible cargo y sólo lo hubo el pasado jueves, cuando la intendencia envío al Concejo Deliberante un proyecto para su debate. Cualquier proyecto que pueda aprobarse necesita de una mayoría que el oficialismo municipal no posee, lo que implica que debe construirse un consenso amplio para poder avanzar en cualquier sentido. Ingresado el proyecto, tras el debate en comisión se habilitará otro espacio participativo obligado como lo es la Comisión de Información y Debate Ciudadano y, conociendo a los concejales, seguramente se propondrá una Audiencia Pública o, en su defecto, una sesión especial del mecanismo para debatir los proyectos de ordenanzas. No hay manera de evitar el debate, aun contra el deseo de algunos miembros del partido gobernante.

Debatir el cargo a la ocupación ilegal implica discutir la utilización de la tierra en Ushuaia y las responsabilidades entre provincia y municipios. Por lo pronto, no se discute qué hace el I.P.V., dónde quedaron las miles de casas anunciadas y los lotes del Plan Arraigo; qué planes se tiene, cuánto es su costo mensual y la cantidad de viviendas por año que entrega.

Parece ser que todo aquel que utiliza el espacio público municipal, de antemano, tiene necesidad y derechos. Sobre esta máxima, no hay que debatir qué se hace ante la especulación y el privilegio. Tampoco se piensa necesario que se discuta la posible medida para sancionar a aquellos que están en tierra pública pudiendo no estar allí, aprovechando la necesidad de quienes sí la tienen. Analizar si se asignó y asigna con equidad.

La defensa de derechos fundamentales no genera duda alguna, lo que no se entiende es que sea válido el cuestionamiento hacía afuera y no hacia dentro ¿La presunta arbitrariedad ajena es peor que la propia? Para decirlo de otra manera: la crítica pública sólo se hace sobre el accionar ajeno.

Para el final queda la historia más triste de esta tragedia. El Partido Federal Fueguino impulsó una iniciativa popular emblemática, institucional, democrática, además de absolutamente legal. El PFF eligió el camino de las instituciones del Estado de Derecho para expresar su repudio y desencuentro con el contrato (¿hay un contrato?) con la empresa TDFEyQ. Se presentó, como es natural en estos procesos, un proyecto en la legislatura con aproximadamente 20.000 firmas. El porcentaje que establece la reglamentación ajena para los avales (nosotros no tenemos ley aprobada por el parlamento provincial) fue corroborado por la Justicia. La normalidad hubiera indicado que, tal como es propio de un mecanismo no vinculante, que en un plazo no mayor a un año el proyecto se resuelva en el recinto. Es decir: que se trate y vote, en público, hacia algún sentido.

El gobierno de Fabiana Ríos reaccionó haciendo una presentación en donde se pidió se desestime la iniciativa y, entre otras cosas exóticas, se investigue el origen de los fondos para realizar la juntada de avales.

A esta altura, ya no parece casual que el gobierno elija diciembre como época para continuar contradiciendo sus propias promesas.

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