Culpa y cargo

El juez Alejandro Castellanos había intentado dejar sin efecto la citación a declaración indagatoria del terrorista de Estado Eduardo Ullúa.
Las razones de este inexplicable dislate están por descubrirse. Por ahora, un pedido de juicio político se cierne sobre la posible negligencia del juez. La Cámara de Apelaciones da razón al fiscal, y dicta la captura en rebeldía.

El fiscal Adrián Perès había solicitado declarar en rebeldía al ex CNU Eduardo Ullúa, que no se había presentado a prestar declaración indagatoria en una causa de terrorismo de Estado. El juez de primera instancia negó el petitorio, desvinculando al acusado del proceso. Hoy, la Cámara Federal de Apelaciones da marcha atrás a lo resuelto dando razón al ministerio público: lo resuelto por Castellanos no tiene asidero legal, y por lo tanto se vuelve a convocar al declarante con su correspondiente orden de captura dentro y fuera del país.

Es decir que, en el marco de la causa que investiga la llamada Noche de las Corbatas -episodio trágico que terminaría con la vida de varios abogados de esta ciudad-, el juez Alejandro Castellanos había considerado en su momento que sí existían pruebas suficientes para llamar a declaración indagatoria a Eduardo Salvador Ullúa, quien habría participado en hechos de inteligencia anteriores o posteriores a los asesinatos.

Luego se supo que habían sido desoídos los llamados, y que no era posible para la Justicia localizar a una persona que ejerce la profesión de abogado en la ciudad de Buenos Aires, con un estudio jurídico individualizable, ya que el nombrado intencionalmente abandonó todos los sitios que solía frecuentar.

Ante esto, el fiscal consideró imprescindible dictar la rebeldía, y la consiguiente orden de captura de Ullúa, pero no encontró respaldo en el magistrado, que esta vez no consideró que las mismas pruebas que hacía un tiempo habían merecido la convocatoria a declarar, ahora ameritaran la citación a comparecer en rebeldía, sin que se hubiera producido ninguna modificación en los hechos. ¿Qué sucedió en el medio? Nada más que presiones.

El personaje

Eduardo Salvador Ullúa es una persona con amplia historia en la ciudad y en el país. La opinión pública puede haber escuchado su nombre porque había recibido ya una condena por un delito común, contrabando de estupefacientes en la Operación Langostino, lo cual le acarreó la pena de diecisiete años de prisión. Estuvo detenido largo tiempo, y compartió celda con Sergio Schoklender, con quien estudió Derecho. Ambos se recibieron y hoy comparten un estudio jurídico, pero sucede que el socio es además el abogado de Madres de Plaza de Mayo. Parece contradictorio, pero no lo es.

El nombre de Ullúa vuelve a aparecer a partir de datos recolectados en los llamados Juicios por la Verdad, aunque allí se rescata que se trata de un ex CNU vinculado desde la década del ‘70 con diversos sectores del poder en plena vigencia indeclinable.

Ya en 1984, cuando había sido detenido el represor Juan Martín Ciga Correa, acusado de crímenes de lesa humanidad y del homicidio del general chileno Prats y su esposa, sindicado además como uno de los preparadores de fuerzas del ejército de extrema derecha que reprimió los intentos revolucionarios en Centroamérica, el nombre de Ullúa había comenzado a sonar.

En la ocasión, ese asesino preparado que actuaba bajo el alias de "mayor Santamaría" había sido encontrado en posesión de diversos proyectiles de punta hueca, y preparaba una operación en esta ciudad con su cómplice a bordo de un coche Taunus robado. Sería defendido exitosamente por el hoy presidente del Tribunal Oral Federal, Roberto Atilio Falcone, y sobreseído por el juez de la dictadura Eduardo Julio Petiggiani, a quien Ciga conocía desde sus tiempos de Tacuara. A tal punto que pudo constatarse que en una oportunidad, el acusado se negó a seguir adelante con su declaración, simplemente porque su juez "amigo" estaba de feria, y su abogado también "amigo" le había recomendado esperarlo.

Váttimo, el oficial que capturó a Ciga Correa, relata que fue obligado a detenerse en la casa de Ullúa, en avenida Libertad casi San Juan, y que el encuentro de los dos tuvo el siguiente texto: "¿algún problema mayor?" dijo el dueño de casa. "Sí, lo voy a arreglar en el comando", explicó el militar apócrifo.

Era el represor Ciga que sabía con qué contaba. El mismo ex CNU Ullúa fue quien se ocupó allí mismo de recomendarle a Ciga Correa la defensa arreglada de Falcone. Uno de sus amigos íntimos, también ex CNU, fue recomendado como defensor del cómplice de Ciga: se trata del abogado Alberto Dalmasso. Los empleados de Tribunales dicen que cuando Ciga fue liberado a instancias de Falcone, era esperado en la puerta por el propio Ullúa. Y Raúl Guglielminetti se jactaba de haber sido quien pagara en mano los altos honorarios del defensor, hoy devenido en juez de la Verdad: Roberto Atilio.

Por todos lados

Pero no es todo, hay más contactos. La esposa de Ullúa, Silvia Di Benedetto, compartió tareas con la esposa del juez Raúl Portela –compañero de Falcone en el TOF- en la misma área de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en épocas del proceso.

Ya Ullúa había estado acusado en la causa que investigaba el crimen impune de Silvia Filler, y sobreseído oportunamente por el juez Pedro Federico Hooft.

Es decir que Ullúa no ha nacido ayer, ni son recientes sus vinculaciones con el poder y el delito, aunque llamativamente su única condena haya resultado por un delito de lo más común, cuando traficaba cocaína utilizando una empresa de conserva de pescado, Estrella de Mar, por la cual resultaron comprometidos sus titulares Héctor Antonio y Oscar Poletti.

Hoy el juez Castellanos no pudo justificar razón alguna para desvincularlo de una causa a la cual parecía estar atado, en virtud de los muchos elementos que tenía que explicar. Incluso, no fue capaz de encontrar una cita legal que le permitiera fundamentar su decisión denegatoria, simplemente porque no existía.

Por eso, la Cámara ha considerado que no solamente está llevando a cabo una acción irregular para el proceso general legal, sino que además se está negando al acusado el derecho de prestar declaración indagatoria en su legítima defensa, lo cual atentaría contra los derechos del acusado.

La abogada Gloria de León insiste en pedir juicio político por la actitud de Castellanos, y considerar su denegatoria como incumplimiento de los deberes:

"Advertimos que el juez de grado ha revocado la orden de detención anteriormente dictada sin que existieran nuevas probanzas o indicios que permitieran adoptar un criterio adverso a la decisión judicial antes dicha, tomando únicamente como elemento de prueba su propia valoración judicial surgente del auto de procesamiento dictado en la causa principal y no en relación con el encartado, lo que resulta un tratamiento incorrecto desde el punto de vista procesal, ni puede servir de sustento válido para proceder de aquel modo, además de que tampoco se ha servido para ello de cita legal alguna".

Es lo que dice el dictamen de la Cámara Federal en contra de Castellanos.

Es decir que lo más factible es que si el juez hubiera conocido a fondo los antecedentes de Ullúa, no se hubiera dejado presionar por las partes implicadas para sacarlo del caso y lograr que no fuera convocado a declarar. Las presiones pueden haber llegado de variados sectores, sin ir más lejos de Madres de Plaza de Mayo, en la figura de su asesor letrado que fuera el compañero de celda. Pudieron haber llegado del otrora defensor recomendado, hoy titular del TOF, origen mismo de la acumulación de pruebas que reclamaba a Ullúa en el marco de los Juicios de la verdad. Podría haber llegado la presión de tantos lugares como ámbitos tiene este país, preparados para liberar a un eterno militante de extrema derecha de cualquier situación que lo coloque en la mira de la culpa y el cargo.

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