El ARI cuestionó la aprobación de la norma sin analizarla en comisiones.

La diputada Alicia Terada sostuvo que el bloque del ARI es partidario de realizar análisis serios de las iniciativas presentadas en la Legislatura, y no comparten aprobar proyectos “a las apuradas” que no son debidamente analizadas con los elementos correspondientes.
Estas afirmaciones fueron realizadas en referencia a la declaración de la emergencia forestal por 180 días que aprobó la Cámara de Diputados, basada en el tratamiento de tres proyectos presentados y tratados sobre tablas, para lo cual fue necesario constituir el cuerpo en comisión y consensuar un texto unificado que luego fue aprobado por el voto de los bloques mayoritarios.

“No estamos en contra de la medida, pero consideramos que por no ser un tema menor debería ser analizado adecuadamente y con un estudio serio dentro de las comisiones. Esta postura no significa que desde el ARI somos insensibles y no nos preocupamos por las personas y su medio de sustento, sino que pedimos es que se pase a comisión para analizar adecuadamente la ley y si efectivamente corresponde que la ampliación de permisos sea para pequeños productores”.

El fundamento vertido por los diputados de las otras bancadas para la sanción de la ley era que deberían dar respuestas a pequeños productores que veían considerablemente afectada la sustentabilidad y subsistencia de la actividad forestal. Sin embargo, Terada indicó que la ley no hace referencia en ninguna parte del texto a los pequeños productores, “que son los que realmente están en un estado de necesidad extrema”, sino que beneficiaba también a los grandes productores.

Consideró de vital importancia al tema de desmontes indiscriminados en los últimos años en la provincia, marcando como consecuencias como lo sucedido en Tartagal, provincia de Salta. Y destacó la difícil situación que atraviesa el Chaco en esta materia, citando un informe confeccionado por la Dirección de Bosques, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, “desde la cual se advierte a la opinión pública que los gobiernos de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y Jujuy no brindaron la información que se les solicitó en relación a la deforestación que se produjo durante el 2008, luego de que se prohibieran los desmontes dispuestos por Ley 26.331 de presupuestos mínimos o ley Bonasso”.

Finalmente ratificó el criterio del bloque para que los proyectos se envíen a comisión, donde puedan hacerse los estudios correspondientes, “obteniendo como resultado una ley de consensos, con un estudio serio y una evaluación seria de todas las ventajas y desventajas que traería aparejada la sanción de esta normativa”.

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