Cuestionan la validez legal del sistema de fotomultas

Para la Asociación Riojana del Consumidor, ARCo, el servicio "no goza de la confianza del público que tiene que acatarlo" y "tiene frecuentes errores" porque las fotomultas "son violatorias de distintas normas" y "un gran negocio para las empresas privadas", argumentó la entidad, al sostener que ‘se privatiza el poder de policía’.
Por la Asociación Riojana del Consumidor, ARCO. Escribe su presidente, Emanuel Akiki

Es verdad que gran parte de los conductores de esta ciudad son negligentes y algunos maleducados. Evidentemente, las normas, su reglamentación y educación vial, es letra muerta para ellos. No existen dudas que el caos en el transito urbano, es la principal causa de los accidentes viales que a diario se producen en toda la ciudad, dejando graves secuelas y perdidas millonarias. Por eso, es bueno, todo lo que se realice en materia de Educación Vial, disuasión, prevención y sanción de las infracciones.

Quizás por ello desde el Municipio de la Capital pretenden utilizar una moderna tecnología como es el sistema de verificación fotográfica de infracciones de transito. Sin embargo este servicio no goza de la confianza del público que tiene que acatarlo. Mas cuando se hizo alarde que es inteligente y fiable, experiencia que extraemos a nivel nacional.

No obstante las fotomultas tienen frecuentes errores y son violatorias de distintas normas, pero la realidad es que son un gran negocio para las empresas privadas y con un solo fin, incrementar la recaudación del erario público, no pretenden corregir ni generar conciencia generalizada acerca de lo que significa el desorden del transito como agresión contra una sana convivencia social y fundamentalmente para evitar segar como si nada las miles de vidas inocentes.

La comuna ha renovado la embestida contra los automovilistas a través de la multiplicación de los métodos electrónicos y mecánicos de detección de infracciones de tránsito sin intervención de la Policía.

Los atribulados riojanos, que ya deben pagar impuestos y tasas por servicios que son pésimamente prestados o directamente no se prestan, ahora también deberán soportar multas por circular en exceso de velocidad en avenidas y calles de la ciudad.

Consideramos que la prueba fotográfica sólo tendrá validez si lo fue en presencia de un funcionario público con poder de policía, es decir que el funcionario que rubrica el acta debe estar presente en el lugar de la infracción.

En otro ámbito según el propio Tribunal Superior de Justicia de la Nación afirma que "los registros fotográficos y/o fílmicos son presentados por la propia administración y equivalen a meras denuncias de presuntas infracciones cuya comprobación corresponde a la justicia, por ello puede ofrecer y producir toda la prueba que considere pertinente para oponerse a la imputación efectuada por la administración".

Aquí se debe destacar que dicho instrumento (foto multa) podría producir sanciones en el Código Penal, al funcionario interviniente, en el caso de alteración maliciosa de su contenido, es decir sería acto incurso en el delito de falsedad ideológica de instrumento público.

Existe jurisprudencia a nivel nacional, que hace referencia a la inconstitucionalidad de las multas fotográficas, basándose en la violación del el Principio de Legalidad, requisito ineludible de toda actividad administrativa, más aún en la que se delega a personas privadas para el cumplimiento de fines estatales".

"Lo que se ha hecho en la práctica es privatizar el poder de policía en materia de tránsito"

Esta instalada en la opinión pública la idea que el sistema de multas fotográficas persigue solo un fin recaudatorio y con acertada rigurosidad, ya que no ofrece garantías de ecuanimidad y se vulneran los derechos de la gente.

En este sentido está establecido en la normativa y socialmente aceptado que los instrumentos de medición deben estar a la vista de los usuarios, a nadie se le ocurre que puede utilizarse una balanza tapada por un mostrador.

Lo mismo sucederá con los cinemómetros utilizados para medir la velocidad de circulación de los automotores en la ciudad. Debemos resaltar que en el inc. 9, punto 5 del Anexo T del decreto Reglamentario 779/95 de la Ley Nacional de Transito Nº 24.449, establece que estos instrumentos deben ser aprobados u homologados y que además la legislación vigente exige que a los equipos se le realicen ensayos de modelo; esto permite verificar además de la exactitud, el comportamiento del equipo frente a otras influencias (temperatura, vibraciones, inviolabilidad del software, etc.) siendo esto un requisito para la homologación.

Al no poder certificar la inviolabilidad del software, esta falencia es muy importante por lo siguiente. No se puede asegurar que los datos captados no sean luego modificados No se puede asegurar que el acta de infracción y la foto corresponden con la maquina que la tomo.

Pero si lo expuesto no fuera suficiente, existen innumerables objeciones para aceptar el presente medio de prueba, en la forma en que se realiza, si no cumple con los recaudos que legalicen y que justifiquen su existencia.

El poder de policía con que cuenta el Municipio es una herramienta de bien común para la sociedad, por lo tanto el uso de una metodología que afecta a la misma y no crea solución alguna importa una práctica abusiva de los derechos de la comunidad y por lo tanto no debe realizarse por ser repugnante.

El poder de policía es para asegurar la convivencia armónica de los vecinos y no como medio de represión, recaudatorio o para el enriquecimiento de algunas empresas.

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