Cuestionan el planteo de intervenir a la Justicia

Abogados y legisladores repudiaron la idea de Amado de que la impugnación judicial de la Ley 8.136 pueda provocar el remedio federal. Hadla defendió al parlamentario oficialista y cargó con dureza contra los profesionales.
La advertencia formulada por el legislador Regino Amado (PJ) en cuanto a que la judicialización de la Ley de Subrogancias (8.136) puede derivar en la intervención federal del Poder Judicial provocó reacciones entre los abogados, instituciones profesionales (ver “Feput...” ) y sus propios pares. Desde el Poder Ejecutivo no se emitió opinión sobre los dichos del parlamentario oficialista, lo que da pie a diversas interpretaciones. Mientras tanto, en la secretaría de Gobierno se siguen recibiendo las inscripciones; ayer de anotaron 12 nuevos interesados (ver “Los inscriptos...”).

“Amado desconoce los mecanismos constitucionales o está confundido. La Legislatura y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de garantizar la administración de Justicia, encargado de controlarlo. Si los poderes políticos lo tratan de avasallar y de destruir, toda intervención federal será contra los tres poderes provinciales. El se manifestó en contra del cargo que ostenta”, sostuvo Antonio Bustamante, al rechazar la postura del legislador justicialista.

El presidente del Colegio de Abogados instó a buscar soluciones antes que hablar de remedios federales. En ese sentido, pidió al oficialismo que reflexione y que modifique el régimen de designación de jueces transitorios, para que se los seleccione a través de un concurso de antecedentes y oposición. “No puede haber jueces puestos a dedo y por fuera de lo previsto en la Carta Magna”, dijo.

Bustamante anunció que la próxima semana buscará del respaldo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para el accionar contra la Ley de Subrogancias, en los ámbitos administrativos y judiciales.

“La conducción política de la Provincia debe estar a la altura de las circunstancias y no poner más en riesgo al Poder Judicial. Si sigue esta injerencia de los poderes políticos en los tribunales, caeremos en una crisis de la cual será muy difícil recuperarse institucionalmente”, pidió.

Control de la matrícula

El principal respaldo a Amado surgió de Raúl Hadla, que suscribió plenamente sus dichos y anunció que reflotará el proyecto de ley que no prosperó en 2006, para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán asuma el control de la matrícula profesional en reemplazo del Colegio de Abogados. De este modo, la entidad dejaría de percibir entre $ 80 y $ 230 por año por cada colega.

“Hay un grupo de letrados que molesta y obstruye. Pelean de forma desleal, y nosotros debemos contestarles de la misma manera”, aseveró. El legislador alperovichista adelantó que consultará dentro del bloque Tucumán Crece la nueva iniciativa respecto de control de la matrícula, y admitió que, si prospera su idea, el colegio perderá aportes de sus socios. Agregó que Alperovich es bastante prudente con la entidad profesional, con actitudes de poner consenso y callarse la boca. “Pero los abogados nos provocan constantemente, incluso con cánticos que se escucharon el día de la elección”, recordó.

Hace dos años, la propuesta alperovichista (surgida como reacción a la causa judicial abierta por el colegio contra la reforma constitucional) se topó con la negativa del vicegobernador Fernando Juri, quien intentó descomprimir la situación. Sin embargo, en ese momento se modificó el régimen de pago de los bonos profesionales en la Justicia, para que puedan realizarse al final de cada proceso y no en cada etapa del juicio. Esta ley está objetada en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sin que haya definiciones.

Objeciones

El peronista Hugo Balceda se pronunció en contra de una posible intervención, al asegurar que es lo peor que le podría pasar a la provincia. “No estoy de acuerdo, me opongo tenazmente. Los tucumanos debemos aprender a resolver los problemas dentro de la ley y mediente el diálogo”, señaló.

El legislador aclaró que ninguno de los jueces actuales surgió por el mecanismo de selección de antecedentes y oposición, el cual reivindica como la mejor opción aunque no se lo aplique para los subrogantes.

Exabrupto

“Las palabras de Amado son un exabrupto que merecen una rectificación urgente de su parte. Una medida tan extrema como la intervención no se justifica bajo ningún aspecto, más allá de que la ley que se aprobó sobre las subrogancias es un verdadero mamarracho”, aseveró Luis José Bussi.

El referente de Fuerza Republicana pidió prudencia y mesura en las manifestaciones sobre este tema, y señaló que la Justicia todavía no se repone de las nefastas consecuencias de la intervención federal del 91. “Aún con sus dificultades, está funcionando y no se justifica una ruptura institucional”, agregó.

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