Cuestionan normativa sobre cuotas de captura de merluza

La Asociación Civil "Centro Desarrollo y Pesca Sustentable" (CeDePesca) realizó cuestionamientos a la nueva normativa sobre cuotas de captura para la especie merluza.

En primer lugar, la entidad indicó que "observamos que una vez asignadas las cuotas sociales provinciales, las proporciones entre las distintas flotas quedaría de la siguiente manera: flota fresquera en sus diversas variantes: 72 %, flota procesadora: 25 %, flota langostinera 2,5%. Es decir, se ha hecho un esfuerzo para ajustar la asignación al esquema vigente (con variaciones) desde 2001, y que ha probado ser estable, más allá de la dudosa legalidad de algunos permisos, e incluso de algunas capturas históricas declaradas".

Y agregó que "se observa asimismo que 10 grupos empresarios entre un centenar de empresas concentran el 64 % de las asignaciones directas, y si incluimos las 10 empresas siguientes, la asignación directa llega al 80 % de la captura así distribuida. Una tendencia similar se observa en el análisis de las asignaciones por buque, donde se observa que 50 buques entre 219 (un 24 %) atraen el 53 % de las asignaciones. Es decir que el sistema parte con un escenario bastante concentrado, donde habrá seguramente una presión sostenida para comprar buques y cuotas de la primer empresa, grande o pequeña, que se encuentre enfrentando dificultades financieras, ya que la sobre-capacidad pesquera es todavía un problema no resuelto, por lo que el proceso de concentración continuará desarrollándose. El supuesto límite del 10 % de concentración de cuotas podría ser violado fácilmente por la existencia de varias empresas en manos de un mismo grupo societario".

A su vez, desde CeDePesca se puntualizó que en la señalada normativa:

-"No se establece el criterio de reparto de la cuota social. En la normativa se afirma que ‘a pedido de la autoridad de aplicación’ se asignan los porcentajes que reemplazan a las ANTs, pero no se aclara sobre qué base dicha autoridad solicitó ese reparto. El criterio de reparto puede ser totalmente explicable, pero la falta de transparencia sobre el mismo siempre alimentará la sospecha de negocios no confesables".

-"No se diferencian los stocks en la asignación de cuotas. Lo que podía admitirse como provisional en un régimen de emergencia, no es admisible en un régimen permanente como el que se intenta poner en marcha ahora. Si claramente tenemos dos stocks y se establecen dos capturas máximas permisibles diferentes, donde una de ellas debería ser compartida con Uruguay, no es admisible sumar ambas CMPs para generar una única cuota. Ello se agrava cuando sistemáticamente se asigna como CMP argentina para el stock norte lo que debería ser la captura total conjunta de ambos países. Y dado el agotamiento de ese stock, es un número que raramente se alcanza. Los efectos son conocidos: si la pesquería al sur del paralelo 41 no se cierra cuando se llega a la CMP, hay sobrepesca, pero si se cierra, muchos podrían encontrarse en situación de no poder capturar sus 'previsibles' cuotas anuales, lo cual puede crear incluso planteos legales. Pero peor aún, puede desatar una carrera por completar la cuota cuanto antes en el sur, antes de que lo cierren, si no se atiende la siguiente observación".

-"No se distribuye la ejecución por trimestres .Aunque probablemente la autoridad de aplicación tenga pensado continuar con estas restricciones, nada se ha hecho público hasta ahora. Cae de suyo que si no se establece la restricción de cuotas trimestrales, la sobrecapacidad pesquera tenderá a capturar la cuota anual en los primeros meses, y luego se intentará ejercer presión política y social para multiplicar los peces".

-"Un 0,5 % de descarte no resuelve el problema de la interacción con la flota langostinera ni el propio descarte de la flota merlucera. Entre las fracciones de cuota asignada se encuentra una reserva del 0,5 % que, según se afirma, se utilizará para tomar en consideración 'el descarte', lo cual no resiste ningún análisis. Esto deja sin resolver el problema de las capturas de merluza no declaradas de la flota langostinera, que incluso pueden constituirse un obstáculo para la continuidad de sus exportaciones a la Unión Europea, tras la puesta en ejecución del Reglamento 1005/2008 que combate la pesca ilegal y no declarada. Con creatividad, poniendo el problema sobre la mesa y no debajo de la alfombra, y apelando al buen tino de algunas empresas y pescadores, debe encontrarse una solución que minimice de una vez este impacto negativo sobre el medio ambiente marino y sobre el recurso merluza.

-"Una gran deuda: mejorar el monitoreo y el control, y robustecer el trabajo científico. Si bien lógicamente no es parte de la normativa bajo análisis, la problemática del monitoreo y el control es clave para la efectividad de la misma. Desde hace mucho tiempo CeDePesca viene expresando su preocupación por la existencia de controles ineficientes, plagados de corruptelas, que ponen en entredicho la capacidad del sistema de manejo establecido para conservar eficazmente los recursos pesqueros, favoreciendo las sub-declaraciones. Por otro lado, recientemente hemos podido comprobar que, pese a los exhortos del Consejo Federal Pesquero, y luego de un breve incremento, el nivel de embarque de observadores a bordo de buques merluceros ha retrocedido significativamente, a niveles muy lejanos del mínimo deseable del 10 % y mucho más lejos aún del ideal 20 % de cobertura. No menos preocupante es el hecho de que en 2009 se carezca de informes de evaluación del recurso debido a los conflictos por remuneraciones en el INIDEP, lo cual afecta la base misma del sistema, al no poder establecer con rigurosidad capturas máximas permisibles. Este problema debe ser resuelto inmediatamente a favor de las justas pretensiones del personal del Instituto de Investigación, lo cual requiere el apoyo de todos los factores de decisión involucrados".

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