Cuestionan la legalidad y los porcentajes del decreto de coparticipación de retenciones que firmó Cristina

Sería inconstitucional y en realidad reparte entre las provincias la mitad de lo que anunció la Presidenta.

El decreto de necesidad y urgencia que firmó la presidenta Cristina Kirchner para crear un fondo solidario para las provincias es inconstitucional y violó por lo menos tres artículos de la Carta Magna, según informó el diario La Nación.

Además, según el decreto las provincias recibirían solo el 16% de la coparticipación en lugar del 30% prometido el viernes por la Presidenta, según información publicada hoy por El Cronista.

¿Legal?. El reconocido constitucionalista Gregorio Badenia explicó que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, prohibe dictar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia tributaria. El tributarista Fernando Castellano adhirió a la explicación de Badeni y afirmó que "es completamente inadmisible".

En la misma sintonía se encontró el constitucionalista Daniel Sabsay, quien agregó que admitir que el Gobierno los puede distribuir (a los impuestos) por decreto "es inventar una distinción que la Constitución no hace. Es peligroso y nunca se sabe a qué nos lleva". El doctor Antonio Hernández, convencional reformador en 1994 advirtió que "sólo el Congreso puede debatir cuestiones tributarias",

A favor. El constitucionalista Alberto García Lema, ex convencional reformador en 1994 y ex procurador del Tesoro, consideró que el tema no es tan sencillo: "La Constitución prohibe los DNU en materia tributaria, pero las retenciones no son tributos, sino aranceles".

No recibirían el 30%. Las provincias y municipios sólo recibirían el 16% de las recaudación por las retenciones a la soja, y no el 30% anunciado por Cristina, según un informe realizado por la Sociedad Rural en base al análisis de la redacción del decreto del Poder Ejecutivo que estableció la medida.

En ese caso las provincias del interior recibirían apenas $2.930 millones en lugar de los $6.520 millones prometidos por el Gobierno. El decreto tampoco menciona que podría ocurrir con los fondos que corresponderían coparticipar a una provincia en el caso de que sus autoridades no adhieran a la nueva normativa.

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