Cuestionan la creación de una Base de Menores infractores de la Ley

El Instituto riojano de Acción por la Niñez, la Adolescencia y la Familia sostiene que la creación de una Base de Menores infractores de la ley, “vulnera principios jurídicos, derechos y garantías constitucionales”

El Instituto Interdisciplinario de Acción por la Niñez, la Adolescencia y la Familia (IIANAF), recientemente constituido en la Provincia, emitió un duro informe sobre la Ley 8346 sancionada por la Cámara de Diputados el 10 de julio de este año de creación de una “Base de Datos Únicos de Menores Infractores de la Ley Penal y Contravencional”. La iniciativa fue presentada en la Legislatura por el diputado Jorge Menem y tuvo el respaldo de la Cámara.

A través de esta norma se puede registrar diferentes datos sobre los delitos y contravenciones en el que se encuentren involucrados los menores de 18 años de edad, con la finalidad de implementar acciones y políticas de Gobierno en su beneficio.

Según, la institución que preside el abogado Pablo Cubillo, “la ley vulnera de manera directa principios jurídicos, derechos y garantías fundamentales de los niños y adolescentes (a quienes se quiere registrar con el supuesto fin de beneficiar) previstos en nuestra Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes nacionales, provinciales, y todos los tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales sobre niñez y adolescencia, y derechos humanos”.

Agrega en su argumentación que “es completamente innecesaria, por cuanto la Provincia cuenta con los órganos respectivos encargados de llevar a cabo las estadísticas requeridas (Juzgado de Menores y Policía de la Provincia) y la implementación de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia (Dirección de Niñez y Adolescencia). Además, es discriminatoria hacia los niños y adolescentes porque en lugar de favorecerlos genera una mayor estigmatización, victimización y criminalización”.

Entre las principales observaciones realizadas la norma es “contraria al principio de reserva, por el cual todo niño o adolescente, menor de 18 años de edad, tiene derecho a que se respete su intimidad, su reputación, su imagen, su vida privada y la de su familia, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ataques a su honra o reputación. Se debe garantizar el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de la vida familiar, y el principio de la confidencialidad, respecto a todos los datos y actuaciones sobre los hechos cometidos por los jóvenes, que recaben y desarrollen todos los organismos competentes en la materia”, establecidas en toda la normativa vigente.

Además “vulnera el principio de igualdad ante la ley, en razón de que se establece una Base de Datos para registrar los hechos penales y contravencionales de las personas menores de 18 años de edad, constituyendo un claro trato desigual y discriminatorio en relación con las personas mayores de edad, para quienes no existe la implementación de dicho Registro”.

Inocencia

Según el IIANAF la ley provincial “infringe el principio de presunción de inocencia, por el cual se presume que toda persona es inocente hasta tanto se le compruebe por los medios establecidos en la ley, su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Esta Base de Datos permite la registración de todo joven, con la sola condición de que haya ingresado en alguna dependencia policial como supuesto autor y/o partícipe en la comisión de algún hecho penal o contravencional, sin que se haya determinado su responsabilidad por resolución judicial, ajustada a un proceso previo”. No se respeta el “derecho al debido proceso”, y el “principio de culpabilidad” por el acto, ejes del sistema penal argentino, afirman.

Reincidencia

El instituto argumenta que la ley “quebranta lo dispuesto sobre la reincidencia en materia de menores de edad, establecido por el Código Penal y el Régimen Penal de la Minoridad donde están excluidos y no se aplicarán las disposiciones relativas a la reincidencia, respecto a los delitos cometidos por personas menores de 18 años.

Esta información solamente puede ser llevada a cabo por los organismos competentes en la materia, siendo a nivel nacional, el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y a nivel provincial, la Secretaría Penal del Juzgado de Menores. En relación a las contravenciones, es la Policía de la Provincia a través de la Dirección correspondiente, la encargada de registrar los hechos contravencionales cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años de edad.

Cambios de fondo

El Instituto Interdisciplinario de Acción por la Niñez, la Adolescencia y la Familia sostiene que “la Provincia debe centrar sus esfuerzos en resolver los problemas de fondo de los jóvenes y familias riojanas, vinculados fundamentalmente con las inequidades y desigualdades en lo social, educacional, cultural, de trabajo, salud, alimentación, vivienda. Solo de esta manera, se puede pensar en una sociedad más justa, en donde todos tengan las mismas posibilidades de acceder a iguales derechos”.

Baja de imputabilidad

La corriente de opinión que impulsa la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el mayor castigo a los jóvenes e incluso a sus padres, la creación de cárceles capaces de contener más adolescentes por el mayor tiempo posible, la utilización de las fuerzas de seguridad para su contención y tratamiento, son sólo intentos “efectistas” (cuando no demagógicos) que buscan dar soluciones parciales (y a veces hasta inconstitucionales) a los verdaderos problemas sociales de fondo que aquejan a nuestra comunidad”, dice el organismo”.

Instituto. Creación

El Instituto Interdisciplinario de Acción por la Niñez, la Adolescencia y la Familia tiene entre sus objetivos centrales promover y propiciar, tanto el estudio de las múltiples problemáticas de la niñez, adolescencia y familia, como todas las acciones directas tendientes a la protección de los derechos de los mismos.

“Es una grave falencia la falta de consulta y opinión”

En su extenso informe sobre el impacto que tiene la creación de una “Base de Datos Únicos de Menores Infractores de la Ley Penal y Contravencional”, el Instituto sostiene que la ley sancionada “tiene por finalidad implementar acciones y políticas de Gobierno en beneficio de los menores registrados, desconociendo al organismo técnico-administrativo especializado a nivel provincial, es decir la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Es una grave falencia la falta de consulta y opinión especializada a los organismos competentes en materia de niñez y adolescencia, determinados por ley, tanto el Juzgado de Menores (órgano judicial), como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (órgano administrativo)”.

Otro de los puntos señalados es la violación a la Ley 25326 de Protección de Datos Personales que “tiene por objeto la protección de los datos personales de cualquier persona asentados en toda clase de registros, archivos o base de datos, públicos o privados, destinados a dar informes”.

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las “autoridades públicas competentes”, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas

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