Una cuestión de interpretación

El ARI impulsó la destitución de Colazo y evitó que siga en el Parlamento el proceso contra la mandataria. Para causas similares tuvo distintas lecturas.
Y actuó en consecuencia. Una característica común a todos los funcionarios y legisladores oficialistas, empezando por la propia gobernadora.

El ARI impulsó la destitución de Colazo y evitó que siga en el Parlamento el proceso contra la mandataria. Para causas similares tuvo distintas lecturas. Y actuó en consecuencia. Una característica común a todos los funcionarios y legisladores oficialistas, empezando por la propia gobernadora.

¿Por qué, para el ARI, había pruebas suficientes para destituir a Jorge Colazo y no las hubo para seguir las actuaciones, en el marco del juicio político, contra la gobernadora Fabiana Ríos? Ambos fueron acusados de mal desempeño en sus funciones por retener la coparticipación al Municipio de Río Grande. Ambas presentaciones fueron realizadas por el abogado Alejandro de la Riva. Pero uno fue destituido casi por unanimidad. Y la otra, gracias el espíritu de cuerpo de sus legisladores, logró sortear a duras penas el proceso.

Es necesario tener en cuenta, antes de cualquier análisis, la coyuntura política en que desarrollaron ambos procesos. Colazo enfrentó el juicio en una soledad casi absoluta, con el único y devoto apoyo de la entonces parlamentaria Patricia Pacheco. Colazo había llegado al poder de la mano de una alianza que, como todo engendro electoral, solo fue una comunión de intereses sin sustento ideológico. Y en ese contexto el ex gobernador nunca pudo contar con un bloque parlamentario sólido, más allá de los apoyos parciales que pudiera obtener.

Fue a partir de esas circunstancias que el ARI, con solo dos bancas, adquirió un protagonismo fundamental -impensado en otros momentos- en el juicio político y le dio el sustento discursivo a las fundamentaciones de De la Riva.

En cambio, por esas cosas del destino, Ríos cuenta hoy con un grupo de legisladores propios que si bien no pudieron lograr la aprobación de las leyes que impulsa el Gobierno, al menos lograron la desestimación del juicio contra la mandataria. Lo que no es poco.

Ahora bien, para el ARI, las posturas ante hechos similares son diametralmente opuestas y obedecen, al menos así se desprende de las argumentaciones de sus hombres, a una cuestión de interpretación.

Es así que Manuel Raimbault y José Martínez consideraron aquella vez que Colazo no solo cometió delito al no cumplir con las mandas constitucionales respecto a la coparticipación y las autonomías municipales, si no que además lo hizo movido por motivaciones netamente políticas, como lo era el conflicto que mantenía con el intendente Jorge Martín. Por eso tomaron la denuncia de De la Riva como causa propia y cargaron con el peso político del proceso.

En cambio, hoy los seis legisladores del ARI, bajo la guía de Raimbault -más allá de que simbólicamente el presidente del bloque sea Fabio Marinello-, estrecharon filas y coincidieron en que en el caso de Ríos la no remisión de los fondos se debió pura y exclusivamente a que la gravísima crisis económica le impide cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Por eso, tres de ellos evaluaron en la Sala Acusadora del Parlamento que no había méritos para seguir juzgando a la gobernadora. Fue una cuestión de interpretación.

Y esas lecturas son las que piadosamente no les permiten ver que las decisiones que toma Ríos forman parte de un plan de gobierno. Hay una crisis y, para enfrentarla de la mejor manera posible, ante la caída de los ingresos la mandataria tomó la decisión política de pagar sueldos y aguinaldos en cuotas, no realizar aportes y contribuciones al IPAUSS, analiza congelar sueldos por un año y remite la coparticipación a los municipios bajo sus propias reglas, sin tener en cuenta las mandas constitucionales y pasando por arriba de las autonomías comunales, como en el pasado se le reprochara a Colazo.

En la particular forma de interpretar las cosas que tiene el ARI, para Raimbault los legisladores de la oposición que integraron la Sala Acusadoras tienen un "ánimo destituyente" por querer seguir adelante con el juicio y por pretender girar las actuaciones a la Justicia al considerar que Ríos incurrió en delito.

Sí, lo dijo el mismo Raimbault, el que festejó a viva voz con su ex compañero de bancada la destitución de Colazo. El que hoy apoya fervientemente el oscuro negociado con los chinos, sobre el cual casi la mitad de los fueguinos opinaron que esconde corrupción, y que durante la gestión Cóccaro motorizó la derogación de la ley que impulsaba otra polémica iniciativa como RENASA.

Para Raimbault, el posicionamiento de los parlamentarios de la oposición responde al resultado de las elecciones legislativas de junio: "Es increíble esta postura. El pueblo eligió diputados nacionales, y más allá de las lecturas políticas que puedan hacerse sobre el resultado, todas válidas y entendibles, lo cierto es que no se trató de una revocatoria de mandatos".

Más allá de los fantasmas que agita Raimbault continuando lo que ya es una tradición en el ARI - intentar sistemáticamente instalar la idea de un complot golpista contra Ríos-, el legislador oficialista incluso parece tener en este punto una interpretación distinta a la de la jefa del Ejecutivo provincial. Porque si bien nadie planteó que el resultado del 28-J deba implicar una revocatoria de mandatos, también es cierto que no fue un comicio más. Raimbault debería recordar que fue la propia Ríos -y no la oposición ni los medios- la que planteó que, además de poner en juego la diputación de Leonardo Gorbacz, plebiscitaba su gestión. El resultado fue claro, el mismo electorado que hace dos años la llevó al Gobierno, en junio apenas le dio el 9% de los votos. Y el mérito de la debacle fue todo de la gestión del ARI, no del supuesto "ánimo destituyente".

El particular razonamiento de Raimbault fue más allá: "Si hubiera sido una revocatoria, entonces algunos legisladores también tendrían que dar un paso al costado e irse. Pero más insólito todavía resulta que esto lo digan legisladores del Frente para la Victoria, porque entonces habría que pensar que la presidenta Cristina Fernández también debería renunciar después de la derrota electoral de junio".

Paradójicamente, Raimbault no repara, porque su particular interpretación no se lo permite o no se lo aconseja, en la coincidencia entre los funcionarios del ARI en Tierra del Fuego y lo más granado de las huestes kirchneristas. Unos y otros advirtieron que una derrota en las elecciones significaría la vuelta al pasado. En el caso de la provincia, a la corrupción, a las prebendas y las viejas formas de hacer política de gobiernos anteriores, como suele amenazar el partido gobernante desde ese pedestal de fiscal de la sociedad que se auto atribuyó.

Como tampoco reparó en que los representantes fueguinos del ARI, incluido el otrora furibundo antikirchnerista José Martínez, vienen votando en el Congreso todas las leyes que reclama el Gobierno nacional, tras lo cual, vaya casualidad, siempre llega alguna que otra exigua asistencia económica para el Gobierno de Ríos.

Raimbault fue más allá y elucubró que la oposición en la Sala Acusadora "lo que hace es adjudicarle rango constitucional a la política económica de ajuste" ya que "dicen que es inconstitucional haber dado aumentos de sueldo en 2008". Y agregó que "entonces se desprende que el que venga después de Ríos (si hubiera prosperado el juicio) tendría que no dar aumentos o hacer el ajuste, para estar acorde con la Constitución. Hay legisladores que por un lado le dicen a los gremios que pidan aumento, y por el otro firman que hay que hacer un ajuste".

Sin embargo, según la particular interpretación de Raimbault el proyecto que analiza Ríos de congelar los sueldos por un año no es un ajuste, pese a que el costo de la vida aumenta constantemente y recorta la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que a su vez impacta en el sector privado. Como tampoco es ajuste que retenga los aportes al IPAUSS pese a que realiza el correspondiente descuento a sus agentes.

Pero esas particulares interpretaciones que realiza Raimbault se inscriben, para distintos sectores de la oposición, en la "soberbia y altanería" que caracteriza al ARI y sus funcionarios.

Uno de los últimos ejemplos lo dio Ríos. Si bien ayer se reunió con los intendentes para analizar entre otros temas el reclamo por la coparticipación atrasada, previamente afirmó que los jefes comunales le iban a tener que explicar por qué "sus legisladores" no aprobaban las leyes que reclamaba el Gobierno.

Ríos debería tener en cuenta que los legisladores no les pertenecen a los intendentes, y que a lo sumo responden a un partido político. Y debería recordar que en su momento fue legisladora por la misma alianza que llevó a Jorge Martín a la intendencia de Río Grande, y sin embargo nunca respondió a los mandatos del municipio ni tampoco se le requirió obediencia debida.

La que sí mostraron sus propios parlamentarios al evitar que siga el juicio político en su contra. Pero, una vez más, se trata de una cuestión de interpretación.

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