Las cuentas pendientes de la educación

Se espera que antes de fin de año más del 6% del PBI se destine a educación, como establece la ley de financiamiento educativo. Sin embargo, otras metas no han sido logradas todavía y eso impacta en la calidad educativa
Con objetivos y plazos que trascendían la acción de un gobierno, a fines de 2005 el país fijó por ley el compromiso de invertir más en educación y llegar en 2010 -año del Bicentenario- a una suma equivalente al 6% del PBI en todo el país. El entonces ministro de Educación Daniel Filmus le puso números al desafío y en el mensaje que acompañaba el envío de la propuesta al Congreso estimaba que con una inversión de 25.000 millones de pesos se alcanzarían las metas fijadas en la norma, orientadas a ampliar el financiamiento educativo, mejorar el acceso de los chicos a la escuela y la calidad de la enseñanza.

Hoy, a poco de cumplirse la principal meta financiera y cuando las provincias y el gobierno nacional destinan en conjunto a educación más de 60.000 millones de pesos, más del doble de lo previsto hace cuatro años, la realidad muestra que varias promesas se quedaron a mitad de camino.

"Los objetivos financieros se cumplieron y en exceso", dijo a LA NACION el subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, Daniel Iglesias, al explicar que la inversión del 6% del PBI se alcanzará antes de fin de año. Sin embargo, admitió que no se ha podido avanzar en la universalización del secundario (declarado obligatorio por la ley de educación nacional), la extensión de la enseñanza de una segunda lengua y el desarrollo de escuelas de jornada extendida o completa, lo que les daría más horas de clases al 30% de los alumnos de educación básica.

Se trata de objetivos incorporados en la ley de financiamiento educativo y que componen el lote de once metas que, un año antes del plazo fijado, en su mayoría sólo han podido cumplirse parcialmente.

Metas ambiciosas

"Quizás algunos objetivos fueron ambiciosos y eso no está mal. No son metas para renunciar. La ley 1420, que en 1884 consagró el principio de una educación primaria para todos, demoró 75 años en cumplirse", dijo Iglesias, encargado de llevar el control de los números en la gestión del ministro de Educación, Alberto Sileoni, como antes lo hizo con los antecesores Daniel Filmus y Juan Carlos Tedesco.

Los recursos fueron acompañando los tiempos de crecimiento del país. De una inversión equivalente al 4,59% del PBI en 2005, se pasó al 5,6% en 2009, aunque la proyección de la inversión ejecutada promete llegar a fin de año al 6,34%, superando la meta de la ley de financiamiento aun antes de 2010.

"La norma vence en 2010. Pero no hay un vacío legal, dado que la ley de educación nacional, sancionada en diciembre de 2006, establece que la inversión consolidada en educación no podrá ser inferior al 6% del PBI", aseguró Iglesias, para quien es todo un logro haber sostenido el crecimiento de los recursos asignados al área educativa en los últimos dos años, en medio de la crisis financiera y la baja de la recaudación.

Pese a que hay más recursos, aún quedan 600.000 adolescentes fuera del secundario y 33.769 chicos de 5 años no acceden todavía al preescolar, entre otras deudas incomprensibles.

Una buena proporción del crecimiento de los recursos se destinó a financiar los aumentos salariales de los maestros en las distintas jurisdicciones, lo que tal vez restó fondos para otras metas. "Uno de los objetivos de la ley de financiamiento es mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Apostar a los salarios es cumplir con las metas", comentó Iglesias al defender el destino de la inversión.

En la visión de los especialistas que miran la realidad educativa desde afuera del ministerio, aún quedan metas pendientes.

"Las metas financieras se cumplieron, aunque ahora vienen tiempos fiscales difíciles y habrá que esforzarse para seguirlas cumpliendo", dijo a LA NACION el ex ministro Juan Llach, al pronunciarse en favor de prorrogar la ley de financiamiento hasta 2016. Sostuvo: "Muchas metas son sólo declarativas y no se cumplieron, como la prioridad a las zonas más pobres", además del "incumplimiento manifiesto en los 180 días de clases y en el avance de la jornada extendida".

Para Jason Beech, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, las metas educativas no se cumplieron, aunque sí las de aumento de la inversión y la mejora en los salarios docentes. "Una de las deudas más grandes de este gobierno es la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y del rendimiento del sistema educativo, que no ha mejorado. Incluso, la repitencia y el abandono en los sectores más desfavorecidos aumentaron, especialmente en la escuela media".

Aulas que faltan

La meta de la inclusión del 100% de los niños de 5 años en el preescolar avanza, aunque aún hay un déficit de vacantes. "Construimos 241 edificios de nivel inicial y 345 escuelas, que en total suman 820 salas de preescolar. Con créditos del BID se avanzará con otras obras y podremos garantizar otras 2380 salas para que todos los chicos de 5 años se puedan escolarizar", explicó Iglesias. Admitió que lo más difícil es garantizar la cobertura en zonas rurales.

El objetivo de los diez años de escolaridad se amplió a trece, con la declaración de toda la enseñanza media obligatoria. Los males del secundario son bien visibles en los últimos tres años, que sólo reciben al 55,1% de los chicos de esa franja de edad. "Se incorporan al secundario más chicos que hace diez años. Pero la mitad abandona. No sólo es un problema de infraestructura", comentó María Rosa Almandoz, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La extensión de la jornada completa, para dar más horas de clase a los chicos de zonas más desfavorecidas, no ha podido cumplirse. "Estamos rezagados", admitió Iglesias, al recordar que eso exige la construcción de más aulas.

Sólo la ciudad de Buenos Aires cumple con la obligación de ofrecer un 30% de escuelas de jornada extendida o completa. En todo el país, el promedio es del 5% y sólo Córdoba y Santa Fe hicieron esfuerzos en los últimos años por ampliar la oferta. "La ejecución es lenta porque la escuela extendida impacta en las plantas orgánicas funcionales. Requiere más plantel y cargos docentes, y es muy costoso", dijo Almandoz.

Para los funcionarios, la meta de garantizar la inclusión y permanencia escolar se va cumpliendo con los programas de becas, que crecieron en número y montos. Con 398 millones de pesos se otorgan 758.000 becas en todos los niveles, desde el preescolar hasta la Universidad, con sistemas de pagos bancarizados que responden a la demanda de mayor transparencia. En el secundario se dan 550.000 asignaciones, que se renuevan mientras se constate que el joven sigue estudiando.

Informática e idiomas

El avance de las tecnologías, mediante la entrega de computadoras e insumos informáticos, contrasta con las pocas acciones a favor de avanzar con la extensión de la enseñanza de una segunda lengua. "No hay suficientes formadores de docentes y eso es un déficit que debemos superar", admitió Almandoz.

El fortalecimiento de las escuelas técnicas, que se nutren de un fondo del 0,02% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto nacional, es una de las metas bien encaminadas, como lo refleja la puesta en marcha de 6393 planes de mejora en 2323 instituciones técnicas y de formación profesional de todo el país, por un monto que este año asciende a 575,4 millones de pesos. A eso se suman otros 349 proyectos jurisdiccionales, por otros 232,3 millones de pesos.

El analfabetismo aún no está erradicado, pero crecieron los cursos que se dictan en distintos centros, a través de asociaciones civiles, escuelas, gremios y universidades. "Desde 2004 se alfabetizaron 220.812 jóvenes y adultos, mediante el trabajo de 4600 alfabetizadores", afirmó el subsecretario Iglesias. Estadísticas del Cippec señalan que la tasa de analfabetismo bajó del 1,5% al 1,2% y según el Ministerio de Educación aún quedan por sacar del aislamiento a 540.000 analfabetos.

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