Cuenca: "Esto tendrá que marcar un punto de inflexión"

Cuenca:
El titular del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe reveló que la denuncia del oficial Raffo apuró la creación de un control civil y político de la Policía. Así, dijo, habrá un antes y un después en la fuerza. Además, el ministro señaló que la corrupción estrucural exime cambiar de política, no sólo de hombres.
El ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, espera que las denuncias de las "cajas negras" en la Unidad Regional II "sean un punto de inflexión" en la Policía. Por eso, asegura que se tomó la "decisión política" de crear la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad. "Lo que se buscó es conformar un organismo, conducido por un civil, con experiencia penal y que esté lo más alejado posible de la Policía", apuntó Cuenca en diálogo con Crítica de Santa Fe. El funcionario dejó en claro que no quiere que la Dirección de Asuntos Internos -que fue creada en 1997 y que hasta ahora estaba integrada por efectivos de la fuerza- "siga como está", aunque niega que la conformación de la nueva secretaría sea una intervención encubierta a esa dependencia que hoy conduce el comisario Mario Franco. "Con control ciudadano tendríamos un marco de mayor transparencia", señaló. El ministro no quiso hablar de pujas internas en la Policía, pero tampoco las desmiente; y evade la respuesta con una muletilla clásica de abogado: "Son hipótesis difíciles de probar".

Al caer la tarde del viernes, la sede de la Gobernación de Rosario está desierta. En un largo corredor que desemboca en el despacho de Cuenca están sentados en un banco el jefe de la Policía provincial, Juan Hek, y el subjefe Jorge Gómez. Esperan hace un buen rato para hablar con el ministro de Seguridad. Es la excusa justa para que un colaborador de Cuenca diga: "Esto es normal: al principio muchos se sorprendían de ver a los comisarios y jefes de unidad en la Gobernación. Pero es normal, porque el diálogo entre los jefes policiales y las autoridades políticas es permanente", argumenta. Ambos comisarios, mientras tanto, fuman y alargan la espera hablando por sus celulares.

A una semana de que se conocieran públicamente las denuncias del oficial auxiliar Juan José Raffo, quien tras ser pasado a disponibilidad denunciara una trama de corrupción que involucra a altos jefes de la Unidad Regional II, el gobierno de Hermes Binner ensayó tres medidas concretas: la creación de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, que será conducida -según anticipó Cuenca- por una persona con experiencia en el campo penal; la conformación de una comisión bicameral en la Legislatura que tenga bajo la lupa hechos de corrupción; y también el pedido al Procurador de la Corte Suprema para que exija a las fiscalías que investiguen con prioridad esta clase de delitos.

A pesar de las sospechas y de las denuncias, no se produjeron hasta ahora cambios en la estructura policial. Cuenca dice que coincide con el gobernador en que las decisiones "hay que tomarlas en frío", y recalca: "No vamos a esperar a que se llegue a una conclusión en la Justicia; si tenemos la más mínima sospecha ejecutaremos antes los cambios que sean necesarios".

-Pero esa investigación la lleva adelante Asuntos Internos, un área que de alguna manera está cuestionada. Y esto quedó claro después de los anuncios que se hicieron el viernes.

-Si existen sospechas, éstas van a salir del proceso iniciado en la Justicia. Yo me crié en el sistema de derecho. Sostengo que el que acusa tiene que probarlo. Si no prueba lo que dice, son sólo dichos. Pero nosotros podemos tomar decisiones previas a la definición del proceso penal. Y es posible que esto ocurra, que no nos atengamos a una decisión final. Yo no descalifico a Raffo, pero quiero tener un mayor marco de seriedad en la investigación.

-¿La creación de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad no es una intervención a Asuntos Internos?

-La idea era introducir una conducción no policial en el área de investigación. El que controla no puede estar con el controlado. Pensábamos armarlo en el primer semestre con un nuevo marco de regulación. El año pasado empezamos a delinearlo para ponerlo en marcha en la primera mitad de 2009. Incluso, se retiró el subdirector de Asuntos Internos y no lo reemplazamos porque teníamos en mente llevar adelante estos cambios en toda la estructura. Mientras más se ejerce el mando político de la seguridad y más se compromete al funcionario no policial es cuanto más acotamos la posibilidad de corrupción y discrecionalidad en la fuerza.

Los policías van a seguir estando en la calle. Esto no lo podemos cambiar. Podemos modificar los planes, los lineamientos y acotar el margen de actuación de la Policía. Y ese rol le corresponde al poder político. Es decir, debemos establecer qué tipo de estrategia se va a delimitar y cómo se va a controlar a los policías.

-¿Cómo va a ser esta nueva secretaría para nutrirse de información y para controlar internamente a la fuerza?

-Hay que inmiscuirse en las políticas en forma directa. El primer ejemplo de que el poder político se inmiscuyó dentro de la Policía es la creación del Ministerio de Seguridad. Antes, el mando de la seguridad era policial. El primer adelanto es que los políticos del gobierno de turno diagramen la seguridad en la provincia. Esta es una decisión política. Vamos a ver cómo funciona esta nueva secretaría, pero recalco que esto se da en un marco de decisión política, que ningún funcionario policial hubiese tomado. ¿Qué se hubiese hecho antes? Un reacomodamiento del aparato policial siempre con la misma receta de la propia fuerza. Este nuevo organismo tiene que estar muy lejos de la fuerza. El problema mío a veces es que no voy a tener los tiempos en mi gestión para terminar las acciones que son a mediano y largo plazo, y que representan cambios profundos. Meternos en Asuntos Internos y trabajar en un nuevo modelo de persecución, donde haya una carrera propia, un escalafón propio, y de reclutamiento de personal ajeno a la institución policial sería una de mis ideas concretas de actuación. Los cambios en el armado llevan tiempo. Es posible que no me toque a mí sino a la próxima gestión.

-Si lo de Raffo hubiese ocurrido cuando ya estaba armada esta secretaría. ¿Cómo se hubiese actuado y qué hubiese cambiado?

-Hubiésemos tenido una comisión bicameral para controlar todo lo que se hizo. Hubiese habido una prioridad en la investigación de las causas, que no tendrían que estar trabajándose lentamente. En lo penal, la mayoría de las causas terminan sin resolución. Por eso, nosotros le pedimos al Procurador de la Corte prioridad en estos temas. Prioridad no es una palabrita, es algo técnico. El código procesal de la provincia de 2003 habilita a que el Procurador de la Provincia dé instrucciones de trabajo prioritario en determinados temas. Los fiscales tienen la obligación de activar las causas. Es la base del criterio de selección ideal que tienen los sistemas. Le pedimos al Procurador que todo lo que esté relacionado con la corrupción policial tenga prioridad en el sistema judicial. Que no sean causas que están por años.

-Es la primera vez que se denuncian con nombres y apellidos la corrupción en la Policía. ¿Esto cree que va a marcar un antes y un después dentro de la fuerza?

-Ojalá que sea un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción policial. Esto no es nuevo. No es del gobierno de Binner ni del anterior, sino que es estructural. Ojalá que podamos romper esta trama con mayor posicionamiento del Estado, que debe tener las herramientas para avanzar en este tipo de casos. Los cambios en la jefatura lo estamos evaluando. Nos pareció muy pronto que después de esta denuncia se tomen este tipo de decisiones. Eso sí: estamos preparados para tomar decisiones de manera solvente.

En el gobierno asombró la influencia y los contactos del Pimpi

"Nunca nos imaginamos que Roberto Pimpi Camino tenía tanta influencia y poder no sólo dentro de la Policía, sino también en otros sectores. Esto es fruto de años de impunidad en torno a la vida institucional de Newell's y va a llevar un tiempo que se normalice", asegura un alto funcionario del Ministerio de Seguridad. Usa esa frase como una especie de prólogo para responder porqué la Policía no puede encontrar al ex jefe de la barra brava leproso, que está prófugo desde el 26 de enero pasado.

La misma fuente reveló que hace unas semanas la presión sobre los jefes policiales se incrementó, pero que -según muestran los resultados- "no surtió el efecto esperado".

"Todo el episodio que ocurrió con Camino es una bomba. No teníamos noción de que este personaje, jefe de la barra brava de un club tuviese tantas vinculaciones", repitió el funcionario. Por su parte, el ministro Daniel Cuenca confía en que la Policía "lo quiere detener". "Yo estoy convencido de que se lo quiere atrapar", dijo.

Esta semana, el jefe de la Policía provincial puso como excusa que "Rosario es muy grande" y Pimpi y sus hermanos son hábiles para eludir a la Policía. Por eso, confió que no cree que sea un fracaso la búsqueda del ex jefe de la barra brava, quien permanece prófugo desde que junto con sus hermanos y otros 60 matones intentaron copar las instalaciones del club.

Taxis. Tras ser denunciado por Juan José Raffo, el jefe de la policía de Rosario, Osvaldo Toledo aclaró esta semana que es propietario de las licencias tal como dijo el denunciante y también reconoció que están a nombre de su esposa y de su hijo, pero argumentó que es una actividad que viene realizando desde hace tiempo que "no es incompatible" con sus funciones de jefe policial.

Raffo denunció en la Fiscalía Nº 3 que los familiares de Toledo tienen las licencias y pidió que el titular de la fuerza policial explique cómo hizo para comprar los coches. Según Raffo, los coches cuestan unos 500 mil pesos, una cifra inaccesible para Toledo con su sueldo de policía.

El juez busca con Asuntos Internos

La denuncia del oficial Juan José Raffo sobre la presunta corrupción policial en la Unidad Regional II está siendo investigada en el juzgado de Instrucción Nº 13, a cargo de Osvaldo Barbero. Esta semana el magistrado ordenó a Asuntos Internos que realizara tareas de inteligencia en los lugares que Raffo mencionó en su denuncia. "No se encontró nada porque si esta metodología de recaudación ilegal existía, ahora dejó de hacerse. Al hacer pública su denuncia es como si Raffo hubiera avisado a los que incriminó que no la realizaran más", señaló una fuente del juzgado. "Si (Raffo) quería dejar al descubierto una red de corrupción, ¿porqué entregó esa denuncia a quien acusa de ser uno de los recaudadores, como el jefe de la URII, Osvaldo Toledo?", se preguntaron con escepticismo.

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