El IPS cubrirá el 100% por discapacidad, 90 días después de promulgada la ley

El interventor del Instituto Provincial de la Salud (IPS), Gabriel Chagra Dib, indicó que en la entidad tiene 90 días tras la promulgación de la Ley de Discapacidad para disponer el nomenclador de las prestaciones básicas para discapacitados, además de la cobertura del 100% para afiliados con esta aflicción.
Por el momento, el Ejecutivo planteó el veto parcial de la ley y algunas modificaciones que quedarán en firme en caso de no ser tratadas por las cámaras legislativas. Actualmente, la obra social cubre el 80%, mientras que el 20% restante queda a cargo del afiliado.

Esta situación genera que los pacientes deban recurrir a la Justicia con recursos de amparo para contar con la totalidad de la cobertura otorgada por la obra social.

El interventor del IPS respondió así a las consultas de Nuevo Diario, luego de que se conociera el veto parcial de la Ley aprobada en Diputados por parte del gobernador Juan Manuel Urtubey, y que está ahora numerada como ley Nº 7.600. Igual, ante la modificación establecida para las prestaciones a brindar por parte del IPS, entendió que será necesario un refuerzo de la partida presupuestaria que recibe la obra social.

La diputada provincial por el Partido Propuesta Salteña (PPS), Virginia Cornejo, entendió que implica un retroceso el veto total del artículo 3º de la ley. Este establecía que las "personas con discapacidad que carecieran de cobertura de obra social o de la seguridad social, serán atendidas por el Estado Provincial con un sistema prestacional que contemple las prestaciones básicas de atención integral enunciada en la Ley 24.901".

La propuesta de redacción del Ejecutivo respecto a este artículo, es que para las personas que carezcan de cobertura de obra social o de la seguridad social, deban ser atendidas por el Estado Provincial con un sistema prestacional, de acuerdo a un nomenclador previsto por la obra social provincial, sin que se deje de lado la posibilidad de establecer convenios con otros organismos no gubernamentales y gubernamentales a nivel municipal, provincial, nacional o internacional, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.901, que es la Ley de Discapacidad a nivel nacional.

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