Cubren su propio atraso

Por Alejandro Bianchi.

La Ley de Emergencia Económica que le atribuye poderes especiales a Cristina hasta el final de su mandato, sólo busca cubrir los atrasos que el Gobierno arrastra con las privatizadas.

La extensión por dos años de la Ley de Emergencia Económica busca cubrir los mismos retrasos que el Gobierno arrastra en la negociación con las privatizadas.

Por medio de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) se firmaron desde 2004 a la fecha 59 acuerdos con empresas de servicios públicos. Todos transitorios. De ese total, 18 todavía no se aplican porque falta el visto bueno del Congreso o la firma del Poder Ejecutivo o del ente regulador. Y de ese total de 59 convenios, muchas de las condiciones pactadas no se aplican por simple decisión política. Un ejemplo: el concesionario de la autopista Ezeiza-Cañuelas firmó una renegociación en 2006 que le autorizó un ajuste en el peaje del 15% que nunca se hizo realidad. Y las que tienen un acuerdo transitorio en el haber están recién iniciando la llamada Renegociación Tarifaria Integral, que debería fijar las pautas de sus concesiones por al menos cinco años. Un detalle más que justifica dos años más de ley de Emergencia. Nada se hizo todavía con los contratos de las ferroviarias TBA y Ferrovías, el operador del subte Metrovías y 129 líneas de colectivos.

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