A cuatro meses del golpe de Estado, inicia el juicio contra Mohamed Mursi en Egipto

A cuatro meses del golpe de Estado, inicia el juicio contra Mohamed Mursi en Egipto
Acusado por el delito de "incitación al asesinato", el ex presidente comparece ante la Justicia de su país. Podría ser condenado a la pena de muerte o cadena perpetua. Se temen nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores
En medio de la tormenta desatada por el derrocamiento de Mohamed Mursi en julio pasado, Egipto se dispone a juzgar este lunes por "incitación al asesinato" a su único jefe de Estado elegido democráticamente.

Sus partidarios, en prisión o diezmados por la implacable represión de las autoridades instaladas el 3 de julio por el Ejército egipcio, llaman a la movilización coincidiendo con la primera aparición pública de Mursi desde su detención en lugar secreto, con lo que son de temer nuevas violencias.

Un general de policía aseguró a la AFP que "se puso en marcha un plan para proteger el tribunal y el transporte de Mursi hasta la sala de audiencias".

El juicio tendrá lugar en la academia de policía adyacente a la prisión de Tora, en El Cairo, en la que están encarcelados los principales dirigentes de esta cofradía. Las autoridades desplegarán 20.000 hombres en El Cairo, macrociudad de 20 millones de habitantes, y aseguran que están listas para responder a cualquier violencia.

Dos policías egipcios murieron y otro resultó herido la noche del domingo en un ataque cerca de Ismailiya, en el canal de Suez, anunciaron fuentes de los servicios de seguridad, balance confirmado por fuentes médicas.

Mursi debe responder de "incitación al asesinato" de manifestantes delante del palacio presidencial el 5 de diciembre de 2012, en choques que dejaron siete muertos. Puede ser condenado a muerte o a cadena perpetua.

Catorce personas, incluyendo miembros de su guardia personal y varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes, de los que forma parte, también comparecen por el mismo caso.

Este juicio amenaza con agravar las divisiones en un país donde más de un millar de partidarios de Mursi han fallecido por la represión y donde más de 2.000 islamistas fueron encarcelados, entre ellos la práctica totalidad de los dirigentes de los Hermanos Musulmanes.

En este contexto, "la presencia de Mursi en el tribunal va a galvanizar a sus seguidores y aumentará las posibilidades de nuevas manifestaciones y enfrentamientos", predice Shadi Hamid, especialista de Egipto en el Brookings Doha Center.

Para la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, este proceso es un "test" para las autoridades interinas. La ONG les insta a "conducir a Mohamed Mursi a la audiencia y concederle el derecho a un proceso justo, sobre todo para permitirle rebatir las pruebas que puedan presentarse contra él ante el tribunal".

"Si no es el caso, se podrán formular cuestiones en cuanto a las motivaciones ocultas de este proceso", añade la organización internacional.

Ahora bien, señala Hamid, "este proceso es ante todo político y es importante, por lo que no hay posibilidad alguna de que sea libre y justo. Recuerda claramente que la sociedad egipcia está actualmente profundamente dividida".

Las autoridades se defienden de cualquier intencionalidad política

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, afirmó el fin de semana a la prensa que Mursi comparecerá ante un juez de conformidad con el código penal egipcio. "Nada extraordinario, nada excepcional, tiene derecho a un proceso libre y justo", comentó.

Al contrario que su antecesor, Hosni Mubarak, juzgado también por la muerte de manifestantes, Mursi ya ha advertido de que no cooperará con la Justicia, de la que "no reconoce la autoridad", según la Alianza contra el Golpe de Estado, coalición derivada de los Hermanos Musulmanes que organiza la movilización de sus partidarios.

Sus abogados solo estarán presentes el lunes para vigilar el procedimiento judicial, añadió la Alianza.

Las pocas personas que han podido ver a Mursi en su lugar de reclusión secreto, lo han encontrado decidido a defender su "legitimidad", surgida de las urnas, como él mismo afirmó la noche de su destitución.

Los hechos que le son reprochados marcaron un importante giro en su presidencia. Tras seis meses en el poder, Mursi estableció por decreto situarse por encima de todo control judicial, lo que motivó las manifestaciones ante su palacio.

Estimando que la policía no había conseguido proteger al presidente, los Hermanos Musulmanes pidieron a sus partidarios que desalojaran a los manifestantes. Estas violencias reforzaron a la oposición que, seis meses más tarde, salió a la calle para reclamar la salida de Mursi y lo consiguió de la mano con los militares.

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