Cuatro chaqueños están invocando un derecho humano internacional en Buenos Aires.

Los cuatro chaqueños ex combatientes en Malvinas que ayer iniciaron en Buenos Aires un reclamo dirigido a que la presidenta Cristina Fernández denuncie ante un tribunal internacional uno de los crímenes de guerra cometidos por los ingleses en 1982, están buscando que se respete un derecho establecido por la Convención de Ginebra, explicó el titular de una entidad que agrupa a ex soldados.
Fernando Préstamo, de la asociación civil "Combatientes en Malvinas", de Capital Federal, respaldó el pedido que desde hace años enarbolan cuatro chaqueños que estuvieron en el conflicto bélico del sur y que fueron obligados a transportar explosivos, tarea en la que sufrieron daños y en la que además vieron morir a tres compañeros, uno de los cuales fue directamente fusilado por un sargento británico.

Gestiones en varios frentes

Préstamo, en declaraciones a FM Universidad, dijo que la denuncia está enmarcada en preceptos de la Convención de Ginebra, que prohíbe que los prisioneros de guerra sean utilizados para tareas riesgosas.

El representante de los excombatientes dijo que en su momento se hizo una presentación ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego pero que no tuvo avances, y ahora se analiza ver de qué modo se reactiva el expediente, aunque se optó por avanzar también con reclamos ante el Congreso y el gobierno nacional.

En el Congreso, dijo, se busca poner en marcha una comisión que había sido creada por ley para la investigación de crímenes de guerra, en tanto que en lo que hace al Poder Ejecutivo hubo reuniones con funcionarios del área de Derechos Humanos, pero se espera una definición que lleve el caso ante la Corte Internacional de La Haya.

Los chaqueños en Buenos Aires fueron a la sede de Familiares de Caídos en Malvinas, donde tomaron contacto con la prensa y explicaron la terrible historia que les tocó vivir. "Ellos lo pueden contar y esto está documentado, y hasta hay veteranos ingleses que contaron esto en libros, como también investigaciones inglesas que demostraron que este hecho existió. Está todo dado como para que el Poder Ejecutivo tome el caso y formule la denuncia ante La Haya para que estos argentinos efectúen su reclamo y sean considerados sus derechos", explicó Préstamo.

Lo que pasó

Cuando eran prisioneros de guerra, Raúl Vallejos, Ángel Urban, Ricardo Pinatti y Ricardo Jackinsuk sobrevivieron a una explosión que se produjo mientras trasladaban municiones y explosivos, obligados por soldados ingleses.

El accidente los dejó gravemente heridos, pero los soldados Martín Flores y Rafael Barrios murieron en el acto y un tercero, José Ferraú, fue ultimado por un sargento inglés cuando su cuerpo se estaba quemando con fósforo blanco (napalm).

El traslado de armamento por prisioneros de guerra constituye un crimen de guerra por estar expresamente prohibido el sometimiento a tareas riesgosas y por no estar incluido entre las autorizadas por el Convenio III de Ginebra de 1949. Por otra parte, el asesinato del soldado Ferraú a manos de un sargento inglés, configura una violación grave.

La agrupación de ex combatientes dice que la denuncia no prosperó, "por falta de voluntad política de los tres poderes", por lo que reclaman al gobierno nacional que lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen este tipo de delitos.

Tanto Argentina como Gran Bretaña adhieren a los pactos que protegen derechos de los prisioneros de conflictos bélicos y la violación a esos acuerdos conlleva además la aplicación de sanciones.

El 1 de junio de 1982, una patrulla de soldados del Regimiento 12 de Infantería fue obligada a realizar tareas peligrosas bajo amenaza de pasar la noche a la intemperie, lo que significaba una muerte segura para todos.

Además de los chaqueños lesionados, también sufrieron heridas de diversa consideración el subteniente Leonardo Durán, y los soldados Gerardo Fernández, Luis Espinberger, Hugo Duarte, Francisco Ocampo y Víctor Rodríguez.

Vallejos y Pinatti denunciaron los excesos de la fuerza inglesa ante la comisión investigadora de crímenes de guerra del ministerio de Defensa, en 1994, y junto a Durán, ante el Juzgado Federal de Río Grande, en 1999.

Hasta el presente, ambas presentaciones de las víctimas no prosperaron y en consecuencia decidieron solicitar a la presidenta asuma la representación de los denunciantes para que se dirima ese tipo de violaciones a las Convenciones de Ginebra.

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