Cuatro años después, aplican la Ley Provincial de Ética Pública.

La norma, que establece deberes y prohibiciones a funcionarios, fue sancionada en el 2005 por la Legislatura.
A 20 días de las elecciones y en forma sorpresiva el gobernador Luis Beder Herrera firmó, la semana pasada, un decreto que obliga a los funcionarios riojanos a declarar sus bienes y movimientos patrimoniales ante el Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es así, que el primer mandatario, por decreto y consonancia con una ley provincial que fue sancionada en 2005, pide ahora a quienes tienen la obligación de llevar adelante las políticas de Estado bajo marcos jurídicos que cumplan con la ley. Además la transparencia en el manejo de los fondos públicos de la Provincia es un tema del que poco se habla y se muestra.

Hace casi cuatro años y bajo la autoría de los entonces diputados José Díaz Danna, Bienvenido Martínez, Emilio Lucero, Mario Santander, la Cámara de Diputados sancionó, en noviembre de 2005, la Ley 7931 de Ética Pública. Se trata de una norma que "establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la Función Pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado".

Declaración jurada

La ley establece la presentación de una declaración jurada que deberá contener: bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado, bienes muebles registrables y otros bienes muebles. La lista debe tener también el capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias. También monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y previsionales, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo de dependencias o el ejercicio de actividades independientes y/o profesionales.

Están obligados a presentar declaración jurada: el Gobernador y Vicegobernador, ministros, secretarios, directores y administradores, jueces y fiscales de Estado, legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo, intendentes, concejales y funcionarios municipales.

La norma es abarcativa y alcanza también a funcionarios encargados de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, o que ejerza cualquier otro control, los funcionarios o empleados que integren comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras y los que presten servicios.

Y en la administración pública, deben responder los funcionarios que están en las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y los designados en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público.

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De acuerdo a lo establecido por la ley el listado de las declaraciones juradas debe ser publicado en el Boletín Oficial y cualquier persona puede consultar copia de las declaraciones juradas presentadas. Para ello debe acreditar nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio, el objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe.

La persona que acceda a una declaración jurada no podrá utilizarla para: cualquier propósito ilegal; propósito comercial. Quedan exceptuado los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general.

No podrá utilizarse para establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo o; efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos o beneficios de otra índole.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados podrá recibir las denuncias de personas o entidades intermedias de conductas de funcionarios contrarias a la Ética Pública con la documentación.

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