Cuarteles chilenos bajo el mando de La Moneda

La norma refuerza el control político sobre las Fuerzas Armadas a un mes de que asuma la presidencia el multimillonario derechista Sebastián Piñera.
"Para quienes vivimos el quiebre de nuestra democracia y que comprendimos la necesidad de realizar cambios profundos para evitar su repetición, hoy es una fecha que alguna vez soñamos", dijo ayer la presidenta Michelle Bachelet al promulgar una ley, largamente demorada, que aumenta el control civil sobre los militares. Después de cuatro años de debates parlamentarios, la norma moderniza el Ministerio de Defensa, que pasará de ocuparse sólo de los traslados y los nombramientos de los uniformados a orientar y conducir las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, se crea el Estado Mayor Conjunto, cuyo titular dependerá en última instancia del presidente.

"Estamos promulgando una ley que inicia una de las reformas más importantes en la historia de la defensa nacional", manifestó Bachelet al firmar durante un acto en La Moneda. "En una democracia la defensa es un área de política pública en el cual las fuerzas armadas juegan un rol insustituible en su ejecución, pero cuyo diseño, evaluación y control es también una responsabilidad ineludible de las autoridades políticas. Son las autoridades electas por el pueblo –sentenció Bachelet– las que deben definir los objetivos y medios de la defensa nacional".

La ley actual data de 1940, cuando se creó un ministerio de Defensa pero sin estructura burocrática. Pasada la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quedó a la Concertación la responsabilidad de renovar las estructuras castrenses. Para Bachelet, ex ministra de Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), "la defensa fue un área históricamente desatendida por los dirigentes políticos y su gestión fue entregada casi exclusivamente a los mandos de las Fuerzas Armadas, lo que contribuyó al debilitamiento paulatino de la democracia chilena". A 20 años del fin del gobierno militar, una nueva ley de Defensa era sin duda una de las deudas pendientes de la transición.

"La idea fue vincular lo que los militares hacen con lo que el gobierno quiere que hagan. Lo cierto es que ahora el Estado se meterá en la defensa y habrá más control civil sobre los militares", explicó a Crítica de la Argentina el analista Guillermo Holzman, de la Universidad de Chile.

A pesar de la trascendencia "histórica" que Bachelet imprimió a la ley, ayer estuvieron ausentes todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, porque "están de vacaciones", según se explicó. Sin embargo, el faltazo podría ocultar no tanto un malestar hacia la norma, sino dudas concretas sobre su aplicación. Para Holzman, "hay asuntos en los que los jefes prefieren esperar a la asunción del presidente electo Sebastián Piñera (el 11 de marzo), que será desde la derecha el responsable de ponerla en práctica. Será determinante, por ejemplo, quien quede a cargo del nuevo Estado Mayor Conjunto".

La norma contó con el apoyo de la derecha parlamentaria, aunque aún quedan deudas pendientes, como recordó el ministro de Defensa, Francisco Vidal. El funcionario pidió a Piñera un "acuerdo nacional" que cambie la ley que otorga a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas del cobre, una cifra que trepó hasta los 4.200 millones de dólares desde junio de 2006.

En su primer encuentro con la prensa internacional, el futuro presidente dijo que era partidario de derogar la norma, aunque ayer sus allegados aclararon que cualquier cambio deberá desvincular el financiamiento castrense del presupuesto anual que se aprueba en el Parlamento.

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