Cuando tenga la tierra

La disputa por la periferia rosarina entre sectores que planifican barrios exclusivos y otros que piensan en lotes para viviendas sociales. El rol de árbitro del Estado municipal que, a través de las políticas y las obras públicas puede permitir delinear planes y proyectos que hagan de la ciudad un ámbito más equilibrado, inclusivo y armónico.
De aquella consigna aplicable al ámbito productivo campesino que hablaba de que la tierra debe ser para quien la trabaja -un problema irresuelto en la mayoría de los países latinoamericanos y por supuesto en la Argentina , el de la tierra, también, pasa a ser un conflicto, con consiguiente reclamos, en los ámbitos urbanos que se quedan sin espacios destinados a la construcción de viviendas sociales. La vocación política centrada en la concepción del derecho a una vivienda digna, que tenga como destinatario un sujeto universal, es decir que sea para todos, se encuentra en la realidad con la extensión territorial de quienes tienen, por posibilidades e inserción económica, la capacidad para llevar adelante la construcción de countries o barrios privados. Esos exclusivos complejos se ubican, ni más ni menos, que en los sitios que un injustísimo ordenamiento social reservó siempre a los más excluidos. De allí que desde el Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente (Giros) se habla de la disputa que existe, por la periferia, entre sectores con intereses antagónicos y señala también que desde el nivel del Estado municipal se puede cumplir un papel determinante a la hora de definir las políticas de obras públicas y de quiénes se beneficiarán con ellas. La posesión de tierras por parte del municipio puede permitir delinear planes y proyectos que hagan de la ciudad un ámbito más equilibrado, inclusivo y armónico, en lugar de la oportunidad para que el mercado dicte sus reglas y de allí beneficie, únicamente, al sector más poderoso en términos económicos y desde el que se extienden a las otras ecuaciones sociales. A continuación una original mirada sobre el problema habitacional, las vías de solución que pueden ser posibles, la planificación de la ciudad y los lugares hacia donde se piensa expandirla

La historia de ocupaciones de tierras fiscales a veces, privadas otras, por parte de quienes tienen casi menos que la nada como bienes materiales, se transforma luego en repetidas y dolorosas imágenes de desalojos que nunca terminan. Las realidades urbanas exhiben, descarnadas, la orfandad de recursos y posibilidades para miles y miles de personas y estas realidades se potencian con las migraciones y la ilusión de que en las ciudades, como Rosario, habrá alguna posibilidad mayor de sobrevivir. Justamente quienes menos posibilidades tienen se instalan en las afueras, en las periferias, en esos espacios en los que los servicios básicos, agua, luz, gas, cloacas, no existen Pero desde que los barrios privados comenzaron a ser un objetivo apetecido por los segmentos de la población con el poder de inversión para diseñarlos y construirlos tal vez en la ciudad algo más de una década atrás , el lugar "natural" que la exclusión siempre reservó a sus víctimas, quedó expuesto a la disputa, desigual por cierto.

Quien tiene una mirada sobre esas tierras tironeadas es el Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente (Giros) que ya tuvo diversas intervenciones en trabajos territoriales ligados a la problemática habitacional y también cultural, sintetizada en la construcción de la propia identidad barrial, tal los casos de Nuevo Alberdi y de Empalme Graneros más recientemente. Rosario/12 habló con tres de sus miembros, Ayelén Bigiolli y Tomás Monteverde, del área Tierra y Vivienda del grupo y Juan Monteverde que se ocupa de la comunicación de la organización social. Ellos se alternan para reflexionar y compartir miradas acerca del problema habitacional de la ciudad.

Giros señala que son frecuentes los argumentos que desde los niveles del gobierno hablan del déficit de la tierra para destinar a la vivienda social.

Para analizar cualquier aspecto que tenga que ver con las carencias en el tema habitacional es necesario detenerse, justamente, en el déficit de la tierra. Uno de los planteos que hacen, tanto la Municipalidad como otros niveles de gobierno, a la hora de hablar de la solución del problema de las viviendas sociales, es que no hay tierras vacantes para construirlas. Es cierto que hay escasa tierra, también que es uno de los bienes que no se reproducen y que lo que existe es aquello con lo que puede contarse. Por eso hablamos de la disputa de la periferia y de los espacios que quedan vacantes en la zona urbana por el desarrollo de la ciudad. Los protagonistas de esa disputa son, entonces, los sectores antagónicos, quienes cuentan con los recursos económicos más altos y se fueron replegando de los centros más congestionados hacia el afuera, a través de la construcción de barrios privados, y los sectores populares que también van siendo marginados de esa periferia de la que hablamos. La única tierra que queda es objeto de la disputa, porque más allá de que se pueda construir en altura, en el centro de la ciudad, eso también tiene su límite. En cuanto a los pocos espacios disponibles, la mayoría son privados, por no decir todos, y ahora se le adjudica la utilidad y el atractivo que no se le daba años atrás.

También plantean que el Estado, en estos casos y en especial los niveles provinciales y municipales, tienen la capacidad política de intervenir para definir las obras públicas que se harán. Y de ahí en más que los espacios que aparecían casi como desechables se conviertan en bienes interesantes y deseados.

Hay un componente esencial acerca de la forma en que interviene el Estado, porque respecto de esas tierras de las que decimos que están en disputa, no es casual que todavía no estén construidas. Están como terrenos baldíos porque en muchos casos son zonas inundables. Para poner un par de ejemplos, tanto en Nuevo Alberdi como en Empalme Graneros, toda la tierra que está vacante tiene que ver con las márgenes de los arroyos. Esa tierra que los privados compraron en algún momento con una mirada estratégica, se mantuvo intacta porque no se podía hacer nada. Hablamos de mirada estratégica porque otra es la historia que comienza cuando el Estado invierte en obra pública, realiza los saneamientos de las cuencas y esos territorios se convierten, aumentan su valor. Hay un cálculo realizado por técnicos que señala que un suelo, a partir del cambio de afectación, sólo con pasar de la calificación de rural a urbano y de inundable a no inundable, aumenta su valor en un 1.000 por ciento.

¿Es el Estado el que puede sumarle valor al que era un espacio depreciado?

El Estado tiene la capacidad de generar un plusvalor en esos terrenos, pero luego, esa apropiación es siempre privada y la generación de ese cambio de condición se da a través de la obra pública, es decir a través de la posibilidad que tiene el municipio de tomar definiciones políticas que hacen al cambio de las condiciones del suelo y a partir de allí, de señalar dónde invertir y cuándo hacerlo. El argumento que se da como respuesta hacia los reclamos por situaciones de desalojo, es que se trata de propiedad privada, que presupone la existencia de alguien que compró y que tiene el derecho de hacer uso de la tierra. Pero la preocupación que tenemos no es hacia alguien que adquirió un lotecito para hacerse la casa, sino que lo hacemos en cuanto a las grandes dimensiones de territorio, adquiridas en base a la especulación, con información precisa sobre qué lugares mirar y los valores futuros que tendrán. Entonces, aparece claro el papel del Estado y la cuestión de las responsabilidades.

¿Entre esas responsabilidades está la de pensar y diseñar cómo crecerá la ciudad y cómo será la inserción de los sectores sin recursos en el espacio urbano?

Es cierto que en la diversidad de la problemática social hay que hablar de distintos niveles de responsabilidades, pero el Estado municipal juega en esto mucho más que en otras áreas de la economía. Cuando se plantea si un Estado es progresista o no, muchas veces se lo hace por el nivel de la intervención que realiza en la economía. Una de las categorías para analizar es, entonces, cuánto el Estado deja hacer al mercado o no, cuánto interviene y de qué manera porque, además, suele tener posibilidades acotadas de intervención, no sólo por presupuesto y recursos sino por las herramientas con que cuenta, En este caso, en lo urbano, el municipio tiene una real capacidad de intervención. Por eso nuestra exigencia también está allí, ya que en definitiva quien cambia la afectación del suelo, quien define qué se construye y qué no, termina siendo el municipio. Esto entra en la planificación de la ciudad y en tener en cuenta los lugares hacia los que se piensa expandirla. Y en esa planificación, desde el municipio, se puede marcar el cómo y el para quiénes se dará el crecimiento.

Desde Giros se toman como datos para la reflexión los que explican Bigiolli y Tomás y Juan Monteverde , se tienen en cuenta en las políticas municipales. Se trata de un informe realizado por el Banco Municipal de Rosario en 1994, actualizado en 1996 y algo en 2001 que da cuenta de 91 asentamientos irregulares integrados por 36.000 familias. "Sin duda hubo nuevos asentamientos irregulares, también desde el 2001, pero están expresados en crecimientos demográficos en el marco de los que ya estaban contenidos en el informe", dice Ayelén Bigiolli.

Otro tema que aparece al tocar la problemática habitacional es aquél que no figura en los relevamientos de los asentamientos irregulares, aunque tiene expresión en situaciones de máxima precariedad o de imposibilidad de acceder a una vivienda con las condiciones que desde el lugar del sentido común, además del técnico o especializado, es la reproducción de este esquema en la problemática de los alquileres. Para el caso la situación de un par de pensiones sin habilitación cuyos casos se conocieron en los últimos días y cuyos ocupantes, personas solas y familias con niños, quedaron con el servicio de luz cortado por la irresponsabilidad del propietario.

El interrogante y la consecuente respuesta surgen inevitables: ¿la vivienda se considera un derecho?, y en tal caso, ese derecho ¿tiene como destinatario a un sujeto universal?.

"De lo contrario se queda sólo en que construir viviendas sociales es hacerlo a la manera de los conocidos como FONAVI, que no soluciona el problema, porque otro sector muy grande sigue quedando fuera y teniéndose que enfrentar al mercado en las condiciones que se impongan". Por eso planteamos lo del acceso a la tierra, porque entonces el Estado se encontraría con posibilidades de plantear la concepción de derecho y no dejarlo librado a las leyes del mercado. El lugar que no ocupa el Estado, lo ocupa el mercado y si dejás un derecho en manos del exclusivo objetivo comercial, estamos perdidos". Bigiolli y los hermanos Monteverde, alternadamente, van completando los conceptos acerca de por qué se insiste tanto con la periferia: "Es porque todavía allí se puede hacer algo para llevar adelante las políticas públicas en el tema de viviendas con sentido social", dicen.

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