Cuando el pasado es una condena

Por Néstor O. Scibona

La buena noticia es que el gobierno de Cristina Kirchner terminó por admitir, aunque tardíamente, el debilitamiento político manifestado en la derrota electoral. Su convocatoria al diálogo es una manera implícita pero más realista de retomar la iniciativa y, a la vez, de tratar de redistribuir el costo de las decisiones que su administración deberá adoptar si pretende no seguir sumando complicaciones innecesarias en el terreno económico.

La mala noticia es que los antecedentes del gobierno kirchnerista en materia de capacidad de diálogo y negociación lo condenan al escepticismo. Hasta que no demuestre lo contrario, su pasado monologuista pesará más que la futura posibilidad de mejorar expectativas en el arduo camino hasta fin de 2011.

La escenografía de estos días ya muestra algunos cambios con relación al shock que sufrió el kirchnerismo tras la derrota del 28 de junio. Si bien el matrimonio Kirchner volvió a recluirse en El Calafate, como tantas otras veces, para decidir sus pasos inmediatos en una mesa donde sobran por lo menos dos de cinco sillas, varios de sus soldados más leales comenzaron a mostrar una actitud aperturista e inusualmente autocrítica, impulsados más por necesidad que por virtud.

Esta promesa de apertura resulta incompatible con la permanencia en el elenco oficial de Guillermo Moreno, a menos que se entienda por diálogo al que existía en épocas del servicio militar obligatorio. De ahí que el destino del polémico secretario sea una de las claves de este nuevo retiro presidencial patagónico. Moreno pasó a convertirse en el fusible que no fue ni podía ser el hermético Carlos Fernández, y su eventual licenciamiento como tropa de choque, en la señal de lo creíble o no que podría ser una corrección de rumbo con Amado Boudou en el timón formal de la economía.

Aquí también el pasado inmediato es una condena. Tantas veces se habló del alejamiento no concretado de Moreno, que en el ambiente económico y empresario todos esperan ver para creer. Pero, aún así, a nadie se le escapa que Moreno actuó siempre -dentro y fuera de su área específica- como el otro yo de Néstor Kirchner. Esta realidad es más fuerte que la que muchos desearían ver. De ahí que si hubiera un paso al costado del controvertido funcionario (o se concretara su confinamiento a su reciente rol de industrial papelero con coronita oficial), podría tratarse de un simple repliegue táctico: anticiparse a la creciente presión de la oposición para apartarlo, por sus desaguisados al frente del Indec. La jugada no sería muy diferente de la que le costó el puesto a Ricardo Jaime, aunque el secretario de Comercio no esté sospechado de corrupción en el manejo de fondos públicos ni privados.

En teoría este escenario mejoraría el margen de maniobra de Boudou. Pero no despeja la desconfianza que el propio Kirchner genera como superministro de Economía en las sombras y por su obsesión de agrandar la caja fiscal.

Déficit de credibilidad

El flamante titular del Palacio de Hacienda tampoco está exento de ese síndrome. Su vertiginoso ascenso político, primero como defensor de la estatización de la jubilación privada y luego como administrador de los abultados fondos de la Anses por cuenta y orden de la residencia de Olivos, le ha granjeado aliados y detractores.

Entre los primeros se anotan empresarios amigos del poder que obtuvieron apoyo del organismo, aunque en proporciones ínfimas con relación a los impresionantes montos de financiamiento que la Anses ha venido aportando y aportará al Tesoro para cubrir gastos y deudas.

El segundo pelotón es mucho más amplio y heterogéneo. Allí se alinea el establishment empresarial que no le perdona la forzada designación de directores de la Anses, con las participaciones accionarias heredadas de las AFJP, cuando ése no era un objetivo declarado de la estatización. El masivo faltazo al acto de asunción en la Casa Rosada fue demasiado elocuente como para atribuirlo sólo al envío tardío de las invitaciones. Hay, además, banqueros recelosos por la forma en que la Anses renegoció la renovación de depósitos en sus entidades. También muchos economistas, incluso partidarios de la jubilación estatal, cuestionan el manejo argumental de Boudou cuando en su momento justificó el traspaso de las cuentas de capitalización individual a la Anses. Si el problema era el menú de inversiones de las AFJP, se podría haber resuelto en forma menos traumática con el cambio de la regulación estatal, o aun con la transferencia a la AFJP del Banco Nación, razonan. Los actuales jubilados se suman a los que tienen motivos para desconfiar, sobre todo tras la carta que les envió el entonces titular de la Anses en vísperas de las elecciones del 28 de junio. En esa misiva de campaña recordó que hubo 14 aumentos en las jubilaciones mínimas desde 2003, pero olvidó señalar que el monto de esos haberes (que percibe el 80% de los jubilados) se ubica bien por debajo de la línea de pobreza. Incluso de la definida arbitrariamente por el Indec sobre la base de una inflación inverosímil, que afectó aún más al 20% restante por haber recibido sólo un par de ajustes. Por si esto fuera poco, varios gobernadores se preparan para plantear la recuperación de los porcentajes de coparticipación que cedieron en la década del 90 al Tesoro para apuntalar el sistema jubilatorio mixto extinguido a fin de 2008.

Boudou parece haber optado ahora por un pragmático borrón y cuenta nueva. La agenda que dejó trascender para el arranque de su gestión recoge buena parte de las ideas que el ala más moderada y racional del oficialismo venía preparando antes de las elecciones y otras que se anticipan a previsibles exigencias de la oposición peronista y no peronista en el nuevo Congreso. Las primeras, adelantadas en esta columna hace una semana, no configuran un plan, sino más bien una base para evitar que la actual meseta en que aterrizó la actividad económica se transforme en un pantano. Todas ellas aún deben pasar por el filtro del matrimonio K. Mientras tanto, dentro del ala más dura del kirchnerismo, algunos no pueden con su genio. Las renovadas versiones acerca de un impuesto a la renta financiera y un bono pseudo- voluntario contra los encajes en dólares de los bancos, no podían haber sido más inoportunos. No sólo van a contramano del criterio del Banco Central, sino que chocan contra la necesidad de evitar una mayor fuga de capitales del circuito financiero, el mayor problema que enfrenta la economía. El coro de desmentidas oficiales y oficiosas, que difícilmente se hubiera producido en otro contexto político y económico, alertó que no están disponibles todas las vacunas contra la tentación de refugiarse en el pasado y complicar el futuro.

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