Cuando la infidelidad se hace cuestión de Estado

Algunas sociedades son más inflexibles que otras cuando trasciende que sus mandatarios incurren en conductas moralmente reprochables.
La decisión del primer ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson, de pedir una licencia de seis semanas debido a la resonancia que cobró la noticia de que su mujer, la parlamentaria Iris Robinson, le era infiel, volvió a resucitar un viejo problema. Consiste en determinar si una cuestión como esta, propia de la esfera de la privacidad de las personas, adquiere otra relevancia cuando se trata de hombres con responsabilidades de Estado. Esto conlleva a otra pregunta: ¿cómo operan, en este caso, las relaciones entre lo público y lo privado? Estos interrogantes suscitan otra consideración de no menor importancia: estas conductas suelen ser objeto de mayores reproches en algunas sociedades que en otras.

Aunque no se trata de situaciones idénticas, dos ejemplos ilustran cómo la valoración de la infidelidad conyugal por parte de un alto dignatario repercute de modo diferente según las sociedades.

Notable contraste

El primer caso es el de Robinson (61 años, con tres hijos), que afronta una investigación para saber si su esposa, Iris, suministró 50.000 euros -para que abriera una cafetería- a un amante 39 años menor que ella: Kirk McCambley, con cuyo padre la mujer también habría mantenido una historia amorosa.

Si bien Robinson asumió las consecuencias del escándalo, reprochó a la opinión pública (de una sociedad mayoritariamente de religión protestante, como él mismo) la severidad con la que el caso fue tratado. Unas declaraciones que efectuó días atrás denotan cómo se resignifica la tensión entre lo privado y lo público en casos como estos. "Si alguien tiene un motivo para estar enfadado con Iris por lo que ha hecho, soy yo. Pero creo, de verdad, que públicamente se la habría tratado mejor si hubiese sido una asesina en serie", lamentó Robinson.

En Francia, en cambio, los eventuales amoríos de los jefes de estado suelen ser una suerte de tabú. Durante casi 20 años, el presidente François Mitterand mantuvo dos relaciones paralelas. Con su esposa, Danielle Gouze, madre de sus dos hijos, vivía en el palacio del Elíseo. A 500 metros de distancia residía Anne Pingeot (antigua conservadora jefe del Museo d’Orsay), con quien tuvo hasta una hija, Mazarine (nacida en 1974), que contaba con seis años cuando Mitterand fue elegido presidente, en 1981.

En enero de 1996, Mazarine asistió junto a sus hermanastros al entierro oficial de Miterrand. Esto sirvió para que ambas familias se reunieran por primera vez ante la tumba del difunto político socialista, en un hecho sin precedentes en Francia. Entonces, la prensa divulgó que el 55% de los franceses aprobaba el encuentro. Esto, lejos de alegrar a Mazarine, la enojó. "Ignoraba que mi plaza estuviera sujeta a subasta. Aún no se ha publicado ningún sondeo sobre la legitimidad de mi existencia. ¿Pero hubiera debido beber la cicuta a la que podría condenarme la mayoría?", según relató en el libro Boca cosida, en 2005.

Más cerca de lo que sucede en Irlanda del Norte que de lo que ha pasado en Francia con Miterrand, la cuestión suscitó una crisis institucional en Estados Unidos. El ex presidente Bill Clinton fue sometido a un juicio político, del que resultó absuelto en 1998, tras el "affaire" que mantuvo con Mónica Lewinsky, ex becaria de la Casa Blanca. "Lamento profundamente lo que dije (en alusión a su negativa inicial a reconocer el hecho) e hice", se excusó Clinton ante los ciudadanos, lo que revela la gravedad que ciertas acciones de hombres públicos pueden revestir en algunas sociedades.

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