Laura Iglesias tenía poco más de 50 años. Se había mudado a la costa, tiempo atrás, buscando tranquilidad y otro ritmo de vida. Venía de militar en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Morón y trabajaba, como muchas otras compañeras, en el Patronato de Liberados, donde desarrollaba tareas de seguimiento y asistencia de excarcelados, siempre con la mirada puesta en el servicio social. Su destino, lamentablemente, quedó truncado antes de lo previsto: el pasado 30 de mayo, su cuerpo fue hallado sin vida en cercanías de Miramar. El presunto autor material del hecho es, paradójicamente, un hombre con antecedentes penales, quien había cumplido una condena de cuatro años de prisión.

El brutal asesinato de Laura Iglesias no solo fue el desencadenante de un paro de los trabajadores de ATE, sino que, también, fue el puntapié para el inicio de numerosos interrogantes que, en su mayoría, ponen en tela de juicio el funcionamiento del Patronato de Liberados, en particular el de la delegación local ¿Quién protege a los y las trabajadoras encargadas de controlar el comportamiento de personas con libertad asistida, condicional o excarcelación? ¿Qué pasa cuando hay amenazas? ¿Por qué, quienes cumplen funciones en el organismo, deben utilizar sus vehículos para trasladarse o, caso contrario, encargarse por disposición general de la tutela de sus vecinos, que viven a metros de sus hogares y de sus familias?.

A dos meses de la muerte de Laura, en la delegación local del Patronato la situación “está desbordada”. Según expuso la licenciada en trabajo social y trabajadora de la seccional Mar del Plata, Alicia Echarri, el recurso humano no es suficiente, no están garantizadas las condiciones laborales y no hay ni contención ni protección ante tareas de riesgo. “Nosotros pretendemos que haya un antes y después de Laura Iglesias”, dijo la mujer.

Durante una entrevista radial, Echarri se refirió a la situación que atraviesa este organismo, encargado del seguimiento y tratamiento de excarcelados. Para comenzar, la profesional resaltó la falta de personal, ya que, si bien la ley indica que debería haber un trabajador cada treinta tutelados, “eso nunca sucede”. “Aunque en el 2005, por una nueva ley, ingresaron al Patronato bonaerense entre mil y mil quinientos trabajadores sociales y psicólogos, la realidad es que hubo un incremento masivo de personas con causas penales y al día de hoy, no alcanza el personal”, sostuvo.

En ese sentido, la trabajadora social hizo alusión a las competencias del organismo, algo que ha generado, en el transcurso de los años, disconformidad entre los mismos empleados. Es que, desde su origen, la ley 12.256 -de Ejecución Penal- no le asignaba al Patronato la custodia de personas no liberadas. Sin embargo, durante años, el personal cumplió la tarea de controlar estas detenciones.

Recién fue en agosto del 2011 cuando la Provincia se pronunció respecto a estas irregularidades y, a través de la sanción de la ley 14.296, incorporó dentro de las tareas del organismo, al control de los arrestos domiciliarios. Pero las modificaciones nunca fueron reglamentadas e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de algunos de los artículos de la nueva norma.

Ante este escenario, desde hace cuatro años, la mayoría de los trabajadores del Patronato lleva adelante una medida de fuerza, por lo que el control de los arrestos domiciliarios ha quedado a cargo, tan solo, de unas siete personas. “Nosotros nos hemos negado a cumplir esas nuevas tareas, porque en la medida que nos agregan más personas a cargo, no podemos cumplir con nuestras funciones”, explicó Echarri, quien de igual modo aclaró que son las coordinadoras las que sí llevan adelante estos controles, calificados de “utópicos” por la misma empleada, ya que, según mencionó, más allá de la corroboración de la presencia de una persona en su hogar, “no hay manera de controlar todo, es imposible que una persona sola pueda estar pendiente todo el día de otra”.

DELITO MULTICAUSAL

Por otro lado, la licenciada en trabajo social precisó que la tarea del Patronato “es post penitenciaria” y está abocada a personas “con delitos menores, suspensión de juicio a prueba o condenas condicionales”. “La función, en resumen, es dar asistencia, control y tratamiento”, destacó, aunque raudamente remarcó que, lamentablemente, como el número de tutelados supera al personal, los trabajadores terminan haciendo tareas meramente de control administrativas y dejan de lado lo más importante, que es la reinserción social.

“El trabajo administrativo nos consume bastante tiempo, y las trabajadoras sociales, que son las que tratan de poner otra mirada, estamos pensando en la reinserción social; nosotros pretendemos que la persona que viene al Patronato no vuelva a venir, es decir, no vuelva a delinquir”, afirmó Echarri, quien hizo hincapié en la cuestión social que rige detrás del delito. Es que, en sus palabras, “la persona que comete un delito tiene una cuestión multicausal detrás, y lo social no es menor”.

Sobre eso, la especialista señaló que usualmente trabajan con gente de clase media y baja, con consumo de sustancias y problemáticas derivadas. Por eso, se hace difícil la tarea, ya que en algún punto “la institución pretende trasladar la metodología del Servicio Penitenciario, donde prima la sanción penal, y nosotros intentamos trabajar con personas, que puedan tener otra posibilidad”. “Pero eso resulta aún más complejo, porque los recursos con los que contamos son escasos y tardíos, y a veces no tenemos el apoyo siquiera de la comunidad”, sumó.

Seguidamente, la trabajadora social ahondó en la cuestión multicausal detrás del delito. Así, entendió que, en la mayoría de los casos, las acciones tienen que ver “con la red familiar de contención y las posibilidades laborales”. “La mayor parte del delito con el que trabajamos es robo. Nosotros pensamos que cuando las personas cambian su situación social –tienen un trabajo en blanco y se les garantiza la permanencia- la situación de delito desaparece”, consideró, al tiempo que advirtió: “Pero esto el Patronato no lo puede brindar, porque no están los recursos. Digo, se brindan programas que ayudan, pero la cuestión del trabajo es un hábito, que el que no lo tiene lo debe generar. Y a eso hay que sumarle también que muchas personas viven en un contexto en el que el delito no está mal visto”.

En esa misma línea, la referente de los trabajadores en el Patronato reiteró lo ya expresado: “Hoy estamos totalmente desbordados”. De acuerdo a lo que puntualizó, los programas post penitenciarios están, “pero son insuficientes y tardan”, por lo que no tienen utilidad. Sin ir más lejos, “un señor que tiene el hábito de robar, sale del penal y recién después de un año se le pueden dar las herramientas para que empiece a trabajar, eso no sirve”.

Por eso, el problema es que “está la intención, pero no siempre se puede concretar lo que se quiere”. “Nosotros -continuó la mujer- no queremos trabajar por condición legal, sino por delito, porque no es lo mismo un señor que abusó de un niño que uno que robó. Eso es lo que estamos tratando de instalar, pero por el momento no hemos tenido respuestas”.

Justamente en relación a eso, la profesional aseguró que hoy “no existe una política criminal que apunte a la prevención. Desde ese lugar tenemos que pensar que el aumento de la policía es un elemento represivo, que debe estar para evitar que se cometa el hecho, pero que es insuficiente”, reflexionó, antes de subrayar que, más allá de eso, el medio social “tampoco contribuye para que quienes no tienen incorporada la ley, la incorporen”.

EL RIESGO DE CONTROLAR AL VECINO

Respecto al asesinato de Laura Iglesias, Alicia Echarri dejó a la vista que, más allá de haber sido un caso puntual, lo que le pasó a la trabajadora le puede pasar a cualquiera de sus compañeras. “Nosotros el tema de riesgo lo venimos hablando hace bastante pero todas las respuestas que nos dieron fueron individuales, de decirnos que vayamos a denunciar cuando hay una amenaza”, aseveró.

Es que el problema radica en que, para que el Patronato comience a brindar protección, es necesario que la sociedad y la comunidad conozcan cómo se trabaja y por qué pasa lo que pasa. “Nosotros lo que siempre pedimos es que haya un acompañamiento, una contención a nivel institucional. Hay lugares en donde realmente es necesario ir acompañado, porque te puedo asegurar que uno siente mucho miedo”, enfatizó.

Justamente una de las cosas que más preocupa a los y las trabajadoras, es que a la hora de disponer las tutelas, a cada persona se le adjudican carpetas de acuerdo a la zona de residencia. Eso implica, entonces, que el personal del Patronato termina controlando y asistiendo a sus propios vecinos. “Esa es una cuestión de riesgo muy importante, porque la gente que yo tutelo es la que me voy a cruzar cotidianamente, eso no puede ser”, resaltó la profesional, quien precisó que esa determinación no es resultado de un estudio o análisis general, sino que es simplemente “para ahorrar viáticos”.

“En algún punto, el otro nos está vigilando siempre, nos dejan expuestos y eso es lo que reclamamos, porque el Estado nos tiene que proteger y nosotros no podemos poner en riesgo a nuestras familias por la falta de políticas concretas”, completó.

MIL HISTORIAS, UNA HISTORIA

“Uno trabaja con adultos, es gente con historia de vida”, dijo Alicia Echarri, sobre todo aquello que no se ve cuando las estadísticas hablan de delitos. Es que, en el contacto con los exdetenidos y sus familias, los y las trabajadores del Patronato de Liberados se encuentran constantemente con relatos que dan cuenta, muchas veces, del porqué de las cosas.

“He visto un joven de 16 años que vivía con la abuela y solo había hecho hasta primer grado. Me pregunto constantemente qué es lo que pasa con las familias, con la escuela, por qué nadie controla”, sostuvo la especialista, que evidenció que muchas veces, en la labor cotidiana, se encuentran con jóvenes de 20 años, analfabetos, que consumen drogas desde temprana edad y para los que, “por el lugar en donde viven, el delito es una forma de vida”. “Ante esa población, que es muy preocupante por su crecimiento, no sirve solo la privación de la libertad. Hay cuestiones graves, se te caen los brazos, porque no tenés recurso con el otro y los padres no siempre registran esto como un problema”, deslizó.

En relación a la cuestión social inherente a la figura del delincuente, justamente, la trabajadora social consideró que “no se trata de criminalizar la pobreza, sino de entender que es muy difícil trabajar la dignidad en ese contexto, con gente que no ha tenido oportunidades”. “Y eso -añadió- no pasa por la colaboración individual, sino por la falta de respuestas del Estado para con una población muy joven, sin recurso intelectual y, en muchos casos, sin grupo familiar de contención”.