Cuando el Estado se muerde la cola

Por Hernán de Goñi

No es la primera vez que el Gobierno se plantea como objetivo gravar la renta financiera. Es una aspiración que los políticos reiteran con el argumento de que es una medida igualitaria que contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Incluso se escudan en que muchos países desarrollados aplican este tributo, como Estados Unidos. Lo que pocas veces hacen es tomar en cuenta cómo funcionan aquellos países en donde rige, como EE.UU., o donde se lo procura instrumentar, como la Argentina.

La fórmula más habitual con la que se expresa en el país esta propuesta es cobrando el Impuesto a las Ganancias sobre la diferencia que los inversores obtienen ya sea por la renta que da un plazo fijo, la tenencia de títulos públicos o la compra de acciones.

Los países desarrollados no suelen tener problemas de financiamiento y por eso se animan a estas recetas. En el caso argentino, la inflación le pone un piso al precio del dinero, incrementado a su vez por el riesgo soberano. El impuesto obligaría a ofrecer un mayor rendimiento a los ahorristas para que acepten tener bonos, lo que elevaría su costo y conspiraría contra objetivos más básicos, como estimular la inversión y el ahorro. Y evaporaría en el acto el plan oficial de volver al mercado de deuda para financiar el déficit.

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