Cuando el deber cívico tiene un precio

La "incentivación" económica (50, 60 o 100 pesos) no resultó suficiente para convencer a las autoridades designadas.

Cada vez que en el país hay una consulta electoral, el problema que se presenta con aquellos dignados para ser autoridad en cada mesa del comicio es el mismo: la deserción.

Excusas por motivos de salud, telegramas rechazados y justificaciones de distancia, entre otras cosas, son los motivos que se esgrimen para no presentarse a cumplir con la convocatoria que tiene título de "carga pública".

Luego de la gran deserción de presidentes de mesa que se produjo en la convocatoria para las elecciones que se celebraron el 14 de octubre de 2001, desde el gobierno se alentó el pago de un "viático" para los que debieran cumplir con esas cargas y desde entonces se pagaron sumas de 50 y 60 pesos, con un antecedente de 100 en la Capital Federal.

Esta "incentivación" económica que se ofreció en las elecciones posteriores (2003, 2005 y 2007) no resultó suficiente para torcer los datos estadísticos, que elección tras elección, fueron marcando una constante.

Tanto así que en los comicios celebrados hace dos años, a cuatro días de la elección en la provincia de Buenos Aires, de los 57.000 convocados un 26% (algo más de 15.000) se habían excusado. Esta situación además se reprodujo en todo el país.

Además, desde la Fundación Poder Ciudadano se indica que hay otros problemas que acarrean este tipo de convocatorias y que están relacionados con la escasa capacitación de los ciudadanos que ejercen como autoridad de mesa, lo que afecta su adecuado desempeño a la hora de cumplir con ese rol.

Para evitar este tipo de inconvenientes, la Senadora Nacional del Frente para la Victoria, Mónica Troadello, impulsa un proyecto de ley para incorporar al Código Nacional Electoral, el artículo 75 bis.

La enmienda propone que los graduados de las universidades públicas nacionales ocupen los cargos de autoridad de mesa, cuando estos no se pudieran cubrir, debido a las excusas o pedidos de excepción que soliciten los ciudadanos designados para la función.

Entre los fundamentos del proyecto, se argumenta que hay que "…promover el compromiso de los jóvenes que asisten a establecimientos educativos públicos superiores, estableciendo una suerte de servicio cívico al resto de la sociedad, de parte de quienes tienen el privilegio de tener estudios de nivel universitario, en forma gratuita".

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