Cualquier edificio del Estado podrá ser garantía para la ciudad judicial

Así lo deja establecido el texto de la ley de creación del fondo específico para las obras de la Justicia. Desde la oposición se intentó delimitar el alcance del Ejecutivo, dejando en disponibilidad solamente el Edificio 9 de Julio, pero desde el oficialismo no se lo apoyó. El temor del basualdismo es que el fondo tiene una duración de 10 años y no se sabe cuál será la voluntad de los próximos gobiernos.
Los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia podrán comenzar a trabajar en la conformación del futuro fondo Fiduciario a partir de día de la fecha. Ayer, la Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto por el cual se da el marco legal al fondo especial que será la fuente de recursos para la ciudad judicial.

El texto de la norma sancionada establece que dicho fondo tendrá una duración de diez años con la posibilidad de renovar por dos años más, de manera consecutiva, una vez alcanzados los plazos originales. Los recursos que lo integrarán serán los contemplados en la cuenta especial que tiene el poder judicial, que, actualmente, superan los $30.000.000, y aquellos que el Ejecutivo ayude a conseguir. En este último debe aclararse que los fondos que falten podrán obtenerse a través de créditos solicitados a entidades privadas o publicas, entiéndase Estado nacional, y la garantía será la coparticipación provincial.

Pero dentro de las garantías que posiblemente sean utilizadas para poder solicitar algún empréstito, antes que la coparticipación, aparecerán los inmuebles del Estado. La ley sancionada establece que el Gobierno provincial podrá poner como garantía cualquier edifico que esté en su poder y no solamente el 9 de Julio, como originalmente se dijo que iba a servir de garantía para conseguir financiamiento.

Desde el oficialismo, en la palabra de Julio Coll, se aclaró que no puede encorsetarse el Gobierno con un edificio, ya que llegado el momento podrían ser utilizados como garantías "el edificio donde estaba Acción Social o inclusive el propio Centro Cívico", aclaró.

Por su parte, desde el basualdismo se mostró su disconformidad respecto a la discrecionalidad que se le da al Ejecutivo, a la hora de disponer sobre un inmueble. En este sentido, la diputada Lucía Sánchez dijo que "apoyamos convencidos para que se realice finalmente la tan ansiada ciudad judicial, pero vemos con preocupación la discrecionalidad que se le da al Ejecutivo a la hora de hacer uso de los edificios. Yo no desconfío del Gobierno actual, pero el fondo durará diez años y en el medio pasarán hasta dos gestiones más. No sabemos que puede pasar a futuro. Tendría que haberse especificado el edificio en el proyecto, pero el oficialismo no quiso", aclaró.

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