Lo investigan sus propios colegas y el Consejo de la Magistratura. Los expedientes por los que deberá dar explicaciones. El riesgo de ser destituído.
Frente 1. En el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°9, a cargo del Dr. Luis Rodriguez, tramita la causa en la que se investiga a Oyarbide por el supuesto pedido de coimas llevado a cabo por los policías Fabio Ascona y César Ceballos, de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Policía Federal Argentina. El personal policial habría efectuado el pedido en nombre de Oyarbide, durante el allanamiento que se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2013, en la Mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi.
Luego del incidente, Oyarbide se inhibió de intervenir en el expediente de la financiera, por lo cual la causa recayó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini. Los hechos, dados a conocer a fines del año pasado, volvieron a las primeras planas cuando el mismo Norberto Oyarbide afirmó que suspendió el allanamiento luego de haber recibido un llamado telefónico de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica de la Nación.
Los hechos que analiza la Justicia contra el magistrado se centrarían en el delito de “prevaricato”, un delito contra la administración pública que implica denegación o retardo en la justicia, como el dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos, y establece penas que van desde una multa de pesos 3 mil a 75 mil pesos, más la inhabilitación absoluta perpetua del juez. De ser imputado en la causa, el juez Oyarbide debería ser destituido en el marco de un jury de enjuiciamiento (el equivalente judicial al juicio político) ante el Consejo de la Magistratura porque, por ahora, goza de la inmunidad de los magistrados.
En el caso de Liuzzi, el delito que analiza la Justicia se centra en el tráfico de influencias y abuso de poder que, de acuerdo a la documentación, pruebas y línea de responsabilidades, podría involucrar al titular de la secretaría Legal y Técnica, Carlos Zanini. Liuzzi, por su parte, enfrenta el pedido de reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito que se le inició luego de una investigación de Perfil.com
Guillermo Greppi, dueño de Propyme, y su abogado Fernando Torres pidieron ser querellantes en el expediente para poder ser parte acusadora y así solicitar medidas de prueba en la causa. Pero ayer, Valeria Corbacho, abogada de los policías Ascona y Ceballos, se opuso al pedido de Greppi.
La letrada habló con Perfil.com y explicó que, tanto Greppi como Torres, "podrían verse involucrados en la causa individualizada, pues la disposición de un allanamiento contra sus oficinas constituye un inequívoco acto jurisdiccional de imputación del o de los delitos en esa causa pesquisados". Para Corbacho el llamado de Liuzzi a Oyarbide y la posterior suspensión del allanamiento sin abrir una investigación "constituye un acto de suma gravedad institucional en un Estado democrático de derecho".
Frente 2. Desde el Consejo de la Magistratura ya pidieron copia de todo el expediente del allanamiento al juez Ercolini y citaron a Oyarbide para que concurra al Consejo a defenderse frente a las acusaciones. En tanto, Ercolini remitirá la causa al juez Rodriguez, por conexidad y para mantener una investigación “coherente”, según explicaron fuentes judiciales.
A su vez, Rodriguez ya recibió otra causa contra Oyarbide, esta vez iniciada por el diputado nacional Manuel Garrido ante el Juzgado Fedederal en lo Criminal y Correccional n°8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez Di Giorgi, para que se investigue el llamado telefónico de Carlos Liuzzi denunciado por el mismo juez Oyarbide. De este modo, y unificadas las tres causas, Oyarbide tendrá mucho que explicar ante el Consejo de la Magistratura.
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