¿Cuál es el límite?

Las elecciones de junio demostraron que las normas electorales pueden ser manipuladas sin sanciones. Alguna vez se nos preguntó: ¿puede la ley permitir que alguien se postule para un cargo sabiendo de antemano que no quiere ocuparlo? Mi respuesta fue la misma: ¿es acaso eso imaginable? ¿No nos dice el sentido común que las personas se postulan para cargos que anhelan? Y si se sospechara lo contrario, ¿votaría la sociedad a alguien que anuncia que no piensa asumir?
En una sociedad madura, comprometida con sus instituciones y que valora el voto, esta patología no entra en la cabeza de nadie.

Tampoco en las previsiones de la ley electoral. Y es aquí donde, erradamente, se pretendió encontrar un resquicio legal: "si la ley no lo prohibe…". Por supuesto, la ley no lo prohibe porque las leyes parten del supuesto de conductas de buena fe y de comportamientos acordes al sentido común. Y si alguien violara estas conductas, estará la Justicia (que no estuvo) o los ciudadanos (que tampoco) para sancionar. Simuladores (candidatos y partidos que los propusieron) y engañados (electores inocentes o inadvertidos) jugaron un juego perverso que se bautizó "candidaturas testimoniales". Duele decirlo, pero una razón más para descreer en la política. Y, lo que es mas grave, se demostró que no se prevén mecanismos para evitarlas.

¿Falló la ley? No. Falló la Justicia electoral. Y falló la ciudadanía que le dio el voto a quienes, sin tapujos, anticiparon que -a pesar de estar en las listas- no pensaban asumir si resultaban electos. No cabe, entonces, el "nos engañaron".

Estamos frente a un tema que urge modificar pero que el proyecto que hoy debate el Congreso ni siquiera lo menciona. Bajo este sistema, la ley estará siempre en desventaja respecto de este y otros modos de engañar al electorado.

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