Cruzados a la ofensiva

Cruzados a la ofensiva
El insólito procedimiento apunta a determinar si la provincia pagó el alojamiento de la pareja que se casó la semana pasada. Intentan acusar a los funcionarios de asociación ilícita y anular el matrimonio.
La boda casi secreta entre Alex Freyre y José María Di Bello en Tierra del Fuego generó varios movimientos judiciales en la isla en estos días. Sobre la gobernadora Fabiana Ríos pesan denuncias por "mal desempeño" y hasta de "asociación ilícita" por facilitar el primer casamiento gay de Latinoamérica. "Ayer (por el lunes), allanaron la Casa de Gobierno y también el instituto de turismo, por haber hecho gestiones para alojar a la pareja. También fueron al Registro Civil para saber por qué les habían dado turno tan rápido y llegaron hasta una confitería donde hubo un brindis, a ver si la cuenta la había pagado la provincia", dijo a este diario Leandro Gorbacz, testigo del casamiento y flamante secretario de Comunicación Institucional de la provincia.

Las denuncias son tres y fueron impulsadas por la fiscal Karina Echazú (actuó de oficio) y los abogados Demetrio Martinelli y Alejandro de la Riva. La denuncia de Martelli, que fue difundida ayer por medios fueguinos, es contra Ríos; Gorbacz; la secretaria de Legal y Técnica, Eleonora Di Maio; el titular del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Pablo Pfurr, los funcionarios del Registro Civil que intervinieron en el casamiento; el titular del Inadi, Claudio Morgado, y contra Freyre y Di Bello.

Según el denunciante, todos ellos cometieron diversos delitos como el incumplimiento de deberes de funcionario público, instigación a cometer delito, delitos contra el estado civil, matrimonio ilegal, falsedad ideológica de instrumento público, malversación de caudales públicos y hasta asociación ilícita. El juez en el que recayeron las tres denuncias es Javier de Gamas Soler, quien se excusó de atender el caso por tener un jury de enjuiciamiento pedido, entre otros, por la gobernadora. Por eso, las denuncias son llevadas por el juez en lo civil y comercial Alejandro Fernández.

La Justicia, a través de varias diligencias, pidió al Ejecutivo la documentación vinculada con el decreto que autorizó el casamiento la semana pasada. Los escritos llegaron a la Casa de Gobierno, la jefatura de la policía provincial y las oficinas de la Dirección del Registro Civil. "Querían saber por qué les dieron turno tan rápido para casarse y al final les contestaron que si alguien pedía turno para casarse ese mismo día, era casi seguro que lo consiguiera", relató Gorbacz. Y bromeó: "Y yo que invité a la pareja con unas pizzas, ¿tendré el beneficio de una prisión domiciliaria?".

Este ex diputado nacional y secretario de Comunicación Institucional de la provincia aseguró que el traslado y la estadía de Freyre y Di Bello "no le costó al gobierno un solo centavo", ya que ambos son activos militantes antidiscriminación que colaboran permanentemente con el Inadi y fue este organismo nacional el que corrió con los gastos. Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Ravaglia, aseguró que "se puso a disposición de la Justicia tanto el expediente como toda la información requerida" en relación al matrimonio, durante el allanamiento realizado el lunes.

El titular de Infuetur, Pablo Pfurr, también salió al cruce de las acusaciones: "El presidente del Inadi nos pidió gestionar el alojamiento de dos personas que iban a llegar a la provincia. Incluso nos mandaron un mail con esa solicitud. Como el Inadi no tiene cuenta corriente en el hotel, presentamos un voucher en carácter de garantía, pero la cuenta será abonada en estos días por el Inadi y el Infuetur recuperará ese voucher, con lo cual no sale un peso. Acá no hay nada raro ni oculto".

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