Cruz propone expropiar la planta de Barillari y que sea transferida a los trabajadores

Mediante proyecto de ley que tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria del jueves 08 de octubre, de autoría del diputado provincial Jorge Cruz UCR, se propondrá la declaración de utilidad pública y posterior juicio de expropiación de la Planta de Procesamiento de Productos de Mar de la empresa Antonio Barillari S.A., sita en calle Mitre n° 2052 de la Caleta Olivia.
La particularidad de esta iniciativa, es que el destino de la Planta de Procesamiento, será su inmediata transferencia para su explotación industrial y comercial, a los trabajadores que actualmente están vinculados a la empresa en relación de dependencia o a través de dos cooperativas de trabajo, los que se organizarán a tal fin en una nueva cooperativa que tendrá por objeto la explotación de la planta de procesamiento.

El diputado Cruz, al referirse al destino que se pretende darle a la Planta de Procesamiento, expresó ‘…. se propone PROHIBIR que la Planta de Procesamiento en cuestión, sea cedida o transferida a cualquier titulo, a empresarios ajenos al plantel de trabajadores de la empresa –dependientes o cooperativistas-, y de tal modo cerrar toda posibilidad a que el proceso de expropiación desvié sus fines primigenios, para favorecer a intereses particulares en detrimento del interés social de las 450 familias, que tienen su fuente de sustento en la explotación de la unidad de producción. Esta cuestión no es menor, atento la tendencia que observamos en las cuestiones económicas manejadas por el Estado Nacional y Provincial, de confundir el interés general de la comunidad con los negocios privados de empresarios amigos.’

Cabe recordar que Antonio Barillari SA se presentó en Concurso Preventivo, habiéndose dictado la apertura del mismo con fecha 15 de Diciembre de 2008, en el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de la fecha, de presentación en Concurso Preventivo, la firma Antonio Barillari S.A. procedió a dejar sin trabajo a un número aproximado de 450 trabajadores que cumplían sus tareas en la planta de procesamiento de productos de mar de Caleta Olivia.

Avanzando en los fundamentos del proyecto de ley, el legislador radical señaló ‘según los trabajadores de la empresa Antonio Barillari S.A., de Caleta Olivia, la deuda por prestación de servicios –en rigor ‘deuda salarial’- superaría al día de la fecha la suma de $ 3.800.000.-, y en atención a que muchos de ellos se encontraban vinculados a través de dos Cooperativas de Trabajo, estas deudas deberán ir a cobrarse al juicio de la quiebra en Buenos Aires, y por no tratarse de deudas laborales, sino por servicios de otras empresas –las cooperativas-, se tratarán como deudas comunes sin privilegio laboral para el pago, lo que significa que será poco probable que los trabajadores de las cooperativas puedan cobrar los salarios adeudados en la quiebra.’

Aludiendo al rol que le cupo al Estado Provincial en esta situación, que viene desarrollándose durante varios años, el diputado Cruz declaró que ‘lo han reconocido por propios funcionarios y legisladores oficialistas, la empresa se ha manejado en su gestión de personal en fraude a la ley laboral, al menos durante los últimos 10 años de actuación en Caleta Olivia, tercerizando la mano de obra a través de cooperativas de trabajo, derivando en estas asociaciones la responsabilidad primaria y directa en el cumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores, lo cual no era más que una maniobra elusiva de la empresa, para eximirse de responsabilidad fiscal y laboral respecto de los operarios afectados a la explotación de la Planta de Procesamiento.’

En relación al costo de la indemnización legal que el Estado provincial debería pagar a la quiebra de Antonio Barillari S.A. por la expropiación de la Planta de Procesamiento, Cruz indicó que existe una cuantiosa deuda de la empresa a favor de la provincia que podría compensarse: ‘ la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, con fecha 23 de marzo de 2009 se presenta en el Concurso Preventivo de dicha Empresa, y solicita la verificación ante la Sindicatura de un crédito a favor de la Provincia por la suma de $ 2.050.498,30. -La suma reclamada por la Provincia a Barillari, surge de las multas, cánones de pesca y costas impuestas a la Empresa en diversas actuaciones administrativas labradas por la Subsecretaría de Pesca. Las multas impagas, impuestas a la Empresa Barillari, rondan aproximadamente el 50% del monto reclamado, y se originan en diversas infracciones de sus embarcaciones, básicamente por realizar actividad de pesca en zona de veda, siendo su accionar reincidente. Asimismo se le imputó en reiteradas ocasiones entorpecer la fiscalización a la que se encuentra sujeta la Empresa.’

Cabe tener presente que con anterioridad ha sido ingresado el proyecto de ley n° 537/09 originado en el bloque Justicialista, el cual persigue también la declaración de utilidad pública y expropiación de la Planta de Procesamiento de Productos de Mar de Antonio Barillari S.A., pero en esa iniciativa no se prevé expresamente que el destino inmediato posterior de la misma, será su cesión a los trabajadores organizados en forma de Cooperativa de Trabajo, para su explotación. En efecto, ‘en el proyecto oficialista se refiere a que la expropiación será "…a los efectos de que el Estado Provincial, pueda disponer de ella de la mejor forma, en beneficio de la explotación y producción de los productos de mar.", y "…para que el Estado Provincial proceda a generar las condiciones y los acuerdos necesarios para poner en marcha este emprendimiento productivo, y generar puestos de trabajo.", sin hacer referencia ni fijar pauta alguna para la determinación o perfil de los futuros explotadores de la planta productora", sentenció el diputado Jorge Cruz.

Finalizando, el diputado Jorge Cruz fue categórico al calificar el rol de las autoridades de aplicación en materia de Trabajo y Pesca, ‘es evidente que durante todos estos años, el Gobierno Provincial fue injustificadamente tolerante con el accionar de la empresa Antonio Barillari S.A., haciendo caso omiso a la situación de fraude laboral en que se encontraban cientos de trabajadores en la Planta de Caleta Olivia, y que hoy inocentemente vienen a denunciar en su proyecto de ley 537, cuando durante un tiempo prudencial el actual gobernador se desempeño como Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, y era su deber ejercer el poder de policía laboral para prevenir y reprimir conductas como las de la empresa, por otro lado queda en evidencia la complacencia de la Subsecretaría de Pesca y Asuntos Portuarios, con la acumulación de una deuda millonaria en concepto de cánones, multas y otros deudas fiscales, que recién se reclaman cuando la Antonio Barillari S.A., se presenta en concurso preventivo’, concluyó el diputado Jorge Cruz.

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