Aunque varios de sus protagonistas se encargaron de desmentir los rumores, la relación entre el gobierno de Santa Fe y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no atraviesa su mejor momento.

Dos semanas atrás, tras la multitudinaria marcha que reunió a 20 mil personas en Rosario, se anunció un plan integral que incluía la llegada de 3.000 gendarmes a las zonas más calientes de la provincia. Sin embargo, el desembarco está frenado.

Las diferencias se centran en el manejo de las Fuerzas de seguridad. El gobierno nacional quiere unificar todo en un comando que esté bajo su supervisión, mientras que la gestión de Miguel Lifschitz no acepta ceder el control sobre la Policía provincial.

Las diferencias se recrudecieron hoy, luego de las duras declaraciones de la ministra de Seguridad. "El gobernador no puede decir que la Policía ha mejorado cuando en cada caso de drogas hay policías involucrados y en los últimos dos meses se volvió a disparar la tasa de homicidios", declaró Bullrich a La Nación. Y agregó: "No quiere asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales".

Más temprano, Lifschitz aseguró que el acuerdo con el gobierno nacional no corría riesgo, aunque admitió que no había precisiones sobre cantidad de agentes, plazos y lugares en lo que iban a trabajar. Además, descartó la posibilidad de ceder el manejo de la Policía provincial. "Eso es inviable desde el punto de vista constitucional. Estamos trabajando en una fórmula que nos permita compartir información", explicó el gobernador, quien además negó conflictos y culpó a "intermediarios que llevan y traen".

Sin embargo, Bullrich remarcó que el objetivo de su cartera es tener más influencia en la Fuerza local. "Necesitamos tener capacidad para tomar decisiones que van a influir en un cambio estructural en la Policía y el servicio penitenciario, para que sean parte de la solución y no del problema del narcotráfico".