Cruce entre el Municipio y la Asociación Empleados de Farmacia

"Queremos que el barrio se haga bien, sin ninguna defraudación"
Así lo dijo el Secretario de Gobierno, luego de que el Ejecutivo denunciara a la Asociación Empleados de Farmacia ante la justicia, solicitando se investigue la posible comisión de un delito de acción pública. Según explicó, esa entidad ofreció a la gente la construcción de un complejo habitacional cuando en realidad no tiene ninguna documentación presentada en la comuna. Dijo tener conocimiento de que la gente ha pagado diferentes montos y cuando se le consultó en concepto de qué, apuntó que "me imagino que les habrán prometido algo".

El secretario de Gobierno Luis Lafosse habló con este diario sobre la denuncia que realizó el Municipio para que la justicia investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte de la Asociación Empleados de Farmacia.

En los últimos días se dio a conocer una denuncia que el Departamento Ejecutivo formuló en la UFI número 2 de esta ciudad, pidiendo se investigue la "posible comisión de un delito de acción pública" por parte de la Asociación Empleados de Farmacia en lo que hace a la construcción de un futuro complejo habitacional.

El que habló con este diario sobre el tema fue el secretario de Gobierno Luis Lafosse.

Según explicó, en 2007 la comuna tomó conocimiento a través de los medios que esa entidad haría un barrio en esta ciudad. Ante el pedido hecho a la secretaria General de esa Asociación, Carina Brunetto, para que presente la documentación correspondiente, dijo que no obtuvieron respuesta y luego de varios meses formularon la denuncia en la justicia.

El funcionario señaló que el Municipio tomó intervención porque es su "responsabilidad" y porque "está en juego el interés general".

Dijo tener conocimiento de que distintas personas pagaron diferentes sumas de dinero, aunque no especificó en qué concepto. "Me imagino que les habrán prometido algo", agregó.

"Está en juego el interés general"

Lafosse explicó en principio cuál es el rol del Municipio en lo que tiene que ver con construcciones en la zona urbana de Azul.

En este sentido, señaló la existencia de la Ordenanza 500/80, que regula qué es lo que se puede construir y también el código de edificación, que establece cómo se debe construir.

"Cada persona o institución que quiere hacer una construcción -dijo- debe acercarse al Municipio con un profesional técnico actuante que presenta la documentación y la Municipalidad la aprueba o la hace corregir. Luego de esto el propietario de la obra paga los derechos de construcción, que es una tasa municipal".

No obstante esto, advirtió que "por supuesto que hay obras clandestinas en la ciudad, pero tenemos un inspector que las va visitando y los intima para que regularicen su situación".

Según indicó, la ordenanza y el código apuntan a que urbanísticamente la ciudad mantenga cierto orden y remarcó que "esa es la responsabilidad del Municipio".

Yendo a la presentación que efectuaron ante la justicia, Lafosse apuntó que el año pasado a través de los medios de comunicación "la Municipalidad tomó conocimiento de que la Asociación Empleados de Farmacia estaba ofreciendo la construcción de un complejo habitacional".

Agregó que "como está ofreciendo no una casa sino un plan para mucha gente, está en juego el interés general".

Frente a esto, apuntó que en primera instancia la comuna hizo dos cosas: por un lado, en abril del año pasado sacó un comunicado de prensa informando que "la Asociación Empleados de Farmacia no había presentado la documentación técnica que respalde esa construcción y que por lo tanto a la persona que compre ese plan le puede generar muchas complicaciones, como por ejemplo que no pueda escriturar".

Una carta documento

El otro paso que dio el Municipio fue enviar una carta documento a la secretaria General de la Asociación, Carina Brunetto, intimándola a que presente la documentación "porque no es que no queremos que se haga el barrio, sino que se haga bien, sin ninguna defraudación".

Aclaró que "la Municipalidad no interviene políticamente sino que lo hace el área técnica".

La carta documento, fechada el 22 de abril de 2008 y firmada por el subdirector de Planeamiento y Gestión Carlos Montagna, dice textualmente que teniendo en cuenta las distintas publicaciones periodísticas efectuadas por la Asociación, más las "reiteradas consultas particulares sobre la marcha de las gestiones ante esta Municipalidad y a su silencio a los requerimientos efectuados por la Subdirección y por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se la intima para que en plazo perentorio de 10 días proceda a presentar la documentación".

Y allí detalla que debe presentar ubicación de los predios en los que se implementarán los conjuntos habitacionales promocionados con sus respectivos boletos de compraventa y/o reserva de compra vigente; también los anteproyectos de subdivisión suscriptos por profesional responsable y por último certificaciones de los entes prestatarios de la factibilidad de provisión de servicios esenciales.

A su vez, se le solicitaba que "se abstenga de realizar cualquier acto de comercialización y/o promoción hasta la concreta aprobación de los anteproyectos requeridos".

"No tienen ninguna certeza"

Consultado si hubo alguna respuesta por parte de la Asociación, el funcionario señaló que "a mí no me consta".

De allí, su relato pasó al 21 de noviembre de 2008, cuando el Municipio se presentó ante la UFI número 2 "pidiéndole a la justicia que haga las investigaciones pertinentes ante la posible comisión de un delito de acción pública".

Lafosse señaló que al margen del Municipio, "yo tengo conocimiento de cómo funcionó eso por particulares. Hoy la investigación avanzó y la DDI está citando a la gente (de hecho desde la sede policial que está en Belgrano 219 se convocó a los preadjudicatarios para que concurrieran entre los días martes y viernes de la semana pasada) para conocer el padrón, porque hay gente que pagó 600 pesos, el que yo conozco pagó 1.500 y no tienen ninguna certeza".

Consultado en concepto de qué pagaron esas sumas, dijo que "me imagino que les habrán prometido algo, una casa de determinadas características. A esa persona que conozco le alerté de que no siga pagando porque no tenía la documentación presentada en la Municipalidad".

Según indicó, el Municipio no tiene conocimiento de que los terrenos existan ni se sabe cómo va a ser el plan y se presentó ante la justicia porque no hay "documentación técnica respaldatoria de cualquier construcción. La gente necesita tener un respaldo de qué características tienen las casas, con qué materiales se van a construir, que se cumpla con todo".

Inmediatamente, consignó que "esto es en resguardo de la ciudadanía, el perjudicado no es el Municipio en este caso, aunque puede serlo porque no cobra los derechos de construcción, pero lo que nosotros estamos persiguiendo es asegurarnos de que lo que se construya sea en condiciones, que tenga la seguridad de que va a tener servicios de agua, luz, cloacas".

Sobre cómo sigue de ahora en más esta cuestión, el funcionario municipal señaló que "lo que sé es que ha tomado estado público a raíz de que la DDI está citando a la gente porque está avanzando la investigación".

Insistió por último en que "no hay que politizar el tema porque esto es un requisito técnico que tiene que cumplir cualquier persona que construya".

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