Cruce entre la OEA, la ONU y Chávez por la política hacia los medios

Los organismos le pidieron respeto a la libertad de expresión en una nota conjunta.
Las críticas por las acciones del gobierno de Venezuela contra el canal de televisión Globovisión aumentan. La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado conjunto mostraron su preocupación por las declaraciones de la administración encabezada por Hugo Chávez contra la prensa.

También la organización Human Rights Watch alertó por el caso de la televisora que el jueves sufrió la incursión de las autoridades en un área de estacionamiento privado con el propósito de averiguar si los vehículos que estaban allí eran robados.

La ONG afirmó que el gobierno de Chávez mantiene una persecución contra Globovisión y solicitó a las autoridades deponer esa acción. Chávez ha acusado a algunos medios de divulgar mentiras contra su gobierno y promover conspiraciones y golpes de estado. En el 2007, el canal privado RCTV cerró su señal abierta luego de que el gobierno le negara la renovación de la licencia de operaciones.

Por su parte la OEA y la ONU señalaron en su comunicado que las declaraciones de las "más altas autoridades" del Ejecutivo venezolano "generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión".

El embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, señaló como respuesta que los autores del comunicado sobre Venezuela emitido por una de las secciones de ese organismo fue obra de burócratas al servicio de la gran prensa.

El comunicado lo firma el Relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero. Ambos recordaron a las autoridades venezolanas que al igual que tienen el deber de hacer cumplir la ley y el derecho a responder las críticas que consideran injustas o engañosas, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, en particular la independencia editorial.

En este sentido, subrayaron que los funcionarios públicos tienen que "respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones", así como, "promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones".

Los relatores hicieron un llamado al gobierno de Chávez a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y a proteger las garantías internacionales en los procesos contra los medios de comunicación privados, en este caso, contra Globovisión.

El Ejecutivo acusó a Globovisión de acudir al "terrorismo mediático" y al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores" después de que la cadena retransmitiera una noticia sobre un sismo que afectó a algunas ciudades, antes de que se produjera la información oficial. Durante la trasmisión, el director del canal señaló que no tenía información sobre la existencia de daños graves y criticó el hecho de que no se hubiere dado oportunamente información oficial.

El Gobierno venezolano alega que la cobertura del temblor generó "desconfianza del colectivo en las instituciones oficiales" y ahora se estudian sanciones.

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