El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, atribuyó al espíritu y a la letra de la Ley de Ejecución Penal la responsabilidad de permitir que Diego Armoa Reyes -ver sección Policiales-, un interno de la cárcel de Batán, quien a pesar de que en 2007 había sido condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un policía, fue beneficiado con un régimen de salidas transitorias que cumplía los jueves y aprovechó esta situación para perpetrar un asalto al Hospital Privado de Comunidad.

"No creo que sea un problema estricto de algún operador de justicia en particular; más bien habrá que pedirle a los legisladores que revisen el tema ya que desde hace 15 años se vienen dando facilidades a los delincuentes", afirmó.

Fernández Garello dijo luego que "hubo una época en la que el Código Penal establecía que la primera condena era de ejecución condicional y que la segunda se cumplía; con el tiempo esa norma se fue modificando; lo primero que se hizo fue suspender el juicio a prueba; en la actualidad cuando se consigue una condena importante, la vía de escape que tienen los presos es la Ley de Ejecución Penal; se trata de algo que hay que revisar".

Al dar a conocer más precisiones, explicó que "hay una Ley de Ejecución Penal nacional y otra provincial; cuando se logra una condena comienza la ejecución de la misma, la cual no está regulada por el Código de Procedimientos sino por la mencionada Ley; la provincial no puede tener derechos que perforen el piso de la nacional; la provincia de Buenos Aires tuvo que adaptarse y ahí empezaron todas estas instancias que hacen que los internos se vayan probando aún cuando les quede mucho tiempo pendiente de condena", advirtió.

En manos de legisladores

Tras destacar que "no hay mecanismos que los controlen por fuera, los cuales deberían implementarse", Fernández Garello expresó que "hace poco dije que en la Argentina tenemos leyes que son para Suiza y éstas son las consecuencias; se respetan parámetros internacionales pero no existen los mecanismos de control para aplicar la Ley de Ejecución Penal; durante la balacera que se generó en el HPC pudo haber muerto un médico, un paciente o un vecino; de esto, como de aquellos que conducen vehículos habiendo consumido alcohol o cocaína, tendrán que hacerse cargo los legisladores; esto último es un tema que se encuentra trabado en el Congreso y que las Madres del Dolor están reclamando que se mueva", expresó. Posteriormente, tras admitir que "se habla con razón de un festival de libertades que beneficia a gente a la que le queda mucha condena por cumplir" manifestó que "cuando les abren la puerta para ir al recreo, los presos se escapan; es lo que se denomina un proceso de anomia (falta de normas) para el delincuente que se inició con la ley del 2 x 1 que reducía las condenas a la mitad; una vez que fue derogada se implementaron un montón de facilidades para detenidos que tienen mucha condena por delante".

Por último sostuvo que "así como en la sociedad se fijó la idea de la puerta giratoria, en la mente de los delincuentes se instaló la de que un homicidio es fácil de pagar".

Críticas al sistema

 

Carlos Fernando Arroyo, concejal del bloque Agrupación Atlántica y precandidato a intendente sostuvo que "lamentablemente estamos ante decisiones mal llamadas garantistas que tienen en cuenta los derechos de los presos, pero se olvidan de los de las víctimas y de los de la sociedad en general; a causa de ello, la gente se ve privada de vivir en paz y de mantener sus propiedades. Hay una confusión de valores y una evidente falta de capacidad de parte de quienes autorizan regímenes abiertos con salidas transitorias como ocurrió con Diego Armoa Reyes; si yo hubiese sido juez, jamás se me habría ocurrido una cosa así; creo que los delincuentes deben cumplir sus condenas en forma íntegra, hasta el último día".

Más adelante el doctor Arroyo sostuvo que "hay que terminar con tantas contemplaciones y reconocimiento de supuestos derechos humanos que los benefician solamente a ellos en desmedro de las víctimas y de sus familiares. Si las cosas se hicieran de manera justa, todo aquel que sufra un hecho delictivo o sus familiares deberían recibir una indemnización de parte del Estado ya que el mismo recauda para brindar un servicio de seguridad que en realidad no presta. En vez de hacer eso, nos estamos ocupando de destinar recursos para pagarle sueldos a los presos".

Otro político que opinó sobre el tema en cuestión fue Emiliano Giri, precandidato a intendente de General Pueyrredon por el PRO, quien desde hace tiempo viene planteando la necesidad de que el penal de Batán sea trasladado a otro lugar de la provincia. "Este régimen abierto me parece un disparate ya que el Estado no se encarga de controlar a quienes permite salir transitoriamente y mientras eso no cambie y algunos sectores de la Justicia entiendan que la aplicación de las penas no puede ser tan laxa y flexible como ahora, por más esfuerzos que se quieran hacer desde el Estado en materia de seguridad la respuesta seguirá siendo muy pobre".

Giri dijo luego que "ratifico lo que digo siempre en el sentido de que la cárcel de Batán cumplió un ciclo dentro del partido de General Pueyrredon y que no desarrolla la función que le corresponde. La provincia de Buenos Aires debe rediscutir el sistema carcelario y personalmente creo que hay que ir a uno moderno, en el que los penales estén alejados de los centros urbanos y sean más chicos, con capacidad para unos 400 internos y no como en Batán, adonde hay más de 1.200 detenidos"