Crónica de una insistencia

Por Miguel Bonasso.

El debate sobre la Ley 26.418 de protección de los glaciares, vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, plantea una disyuntiva extrema: la vida o la muerte

Desde la mañana del miércoles sabía que me pondrían trabas para habilitar un debate imprescindible: la insistencia de la Cámara de Diputados en la ley 26.418, de protección de los glaciares, vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Era obvio que el oficialismo trataría por todos los medios de impedir que se tratara el tema en el recinto y los diputados del Frente para la Victoria se verían obligados a votar en contra de una ley que habían aprobado por unanimidad, sin disidencias ni observaciones, el 22 de noviembre de 2007.

En el trasfondo, subyace una disyuntiva extrema: el agua o el oro. La vida o la muerte.

Nuestros glaciares versus los intereses de la trasnacional minera Barrick Gold, fundada por el traficante de armas Adnan Khashoggi y asistida –entre otros “expertos”– por el “consejo” de George Bush padre. La preocupación de “gobernadores de la zona cordillerana” (como dice el veto) ante una norma “que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”, contra la preocupación mucho más legítima de los que no quieren que el cianuro les envenene las aguas.

No hace falta ser Sherlock Holmes para saber que entre esos gobernadores “preocupados” figura en primer lugar el sanjuanino José Luis Gioja, defensor a ultranza del proyecto binacional minero Pascua Lama, severamente cuestionado por organizaciones ambientalistas de Chile y la Argentina, porque afecta a los glaciares y a las áreas periglaciales, que constituyen una reserva estratégica de agua dulce.

Por todas estas razones, tan pronto como terminó la sesión preparatoria para la elección de las nuevas autoridades de la cámara, me anoté en la lista de oradores para plantear el tema en la media hora que se destina a los pedidos de preferencia para el tratamiento sobre tablas de un determinado proyecto.

Cuando llegó la famosa media hora, fui observando en el tablero electrónico cómo se evaporaba el tiempo en sucesivas intervenciones que me dejarían sin el uso de la palabra. En particular, la del ex titular del Instituto Nacional de Cinematografía, Jorge Coscia (Frente para la Victoria-PJ), que gastó valiosos minutos en una exposición que él mismo calificó como sui géneris, para invitarnos a un evento sobre Memoria e Historia a realizarse el 16 de diciembre próximo. El tiempo se agotó y quedé colgado de la brocha. Tuve que plantear una cuestión de privilegio para poder referirme al espinoso tema de los glaciares. La presidencia me otorgó la cuestión de privilegio y me anotó para la próxima sesión. Como yo no había pedido un “apartamiento del reglamento”, la propuesta quedaba diferida.

Entonces el diputado Eduardo Macaluse (bloque Solidaridad e Igualdad) salió gallardamente en mi apoyo. Criticó elegantemente el tiempo extinguido, entre otras cosas, por la larga exposición de Coscia y pidió con mi aprobación el apartamiento del reglamento para que se votara la habilitación de un tema que a todos “nos preocupa”.

Sabíamos que, aunque ganáramos la votación, sería imposible lograr los tres cuartos de los votos que el reglamento exige para instalar el debate, pero al menos dejaríamos establecido –en una votación nominal– quiénes mantenían la posición que habían votado el año pasado y quiénes volvían sobre sus pasos. Antes de apretar la tecla, hubo dos intervenciones que merecen citarse. Una fue la del jefe del bloque oficialista Agustín Rossi, que expresó la negativa del Frente para la Victoria, argumentando que el Poder Ejecutivo (en el decreto de veto) anunciaba la creación de una comisión integrada “por los gobernadores de todas las provincias cordilleranas y por los diputados y senadores que componen las comisiones de recursos naturales, tanto del Senado como de Diputados”, para elaborar un nuevo proyecto de ley, “a fin de alcanzar un consenso que contemple la opinión de los gobernadores”.

La mentada “comisión”, que en el decreto se llama “foro”, tuvo una primera reunión el lunes último, convocada por la fenecida secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, y por el senador Daniel Filmus. Veinticuatro horas después, el Poder Ejecutivo dejaba cesante a Picolotti. Quedó entonces como único convocante el senador Filmus, que fue miembro informante en el Senado para apoyar decididamente la ley vetada.

Al mentado foro, fui invitado por el senador Filmus, pero me negué a concurrir por entender que ningún simposio, foro o comisión puede suplantar al Congreso de la Nación.

El diputado Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad) le contestó al jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ de manera contundente: “El diputado Rossi habló de tomarse más tiempo para una ley que llevó prácticamente un año de discusión, y de ganar consenso para una ley que fue aprobada por unanimidad”.

Se pasó a votar y el resultado fue elocuente: 108 votos afirmativos, 90 negativos y siete abstenciones.

Hubo un aplauso entusiasta de los que habíamos votado a favor y un silencio congelado de los que por primera vez en mucho tiempo perdían una votación. Aunque los números no dieron para imponer el debate sobre la insistencia, quedó claro que la mayoría de los diputados se opone al veto del Ejecutivo.

Es obvio que votó a favor de la ley todo el arco opositor, pero también resulta evidente que hubo desgajamientos en el bloque oficialista, que se expresaron a través de votos afirmativos o elocuentes abstenciones. También queda claro que sectores afines al kirchnerismo, que apoyaron sin retaceos otras leyes como la expropiación de Aerolíneas Argentinas, no toleran que los glaciares sean contaminados y el Congreso resulte avasallado por la liga de gobernadores y el lobby de la minera Barrick Gold.

La lucha por los glaciares y la implementación de una verdadera política ambiental no concluyen con la peripecia parlamentaria de esta semana. Habrá nuevas crónicas de la insistencia. El debate seguirá, dentro y fuera del ámbito parlamentario, porque nos guía el convencimiento de que la inmensa mayoría de la sociedad ya votó a favor de la vida.

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