Cromañón: la defensa de ex funcionario pidió la absolución

La defensa del ex funcionario porteño Gustavo Torres, sometido a juicio por la tragedia de Cromañón, pidió la absolución al sostener que el imputado, en los "apenas dos meses" que duró su gestión, "cumplió con todos sus deberes".
"No fue verificado ni probado que Torres haya incumplido en sus deberes. Cumplió con todos sus deberes de acuerdo a lo que era de su conocimiento. Por todo lo expuesto solicitamos la absolución de nuestro defendido", argumentó Carlos Cruz, uno de sus abogados, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 porteño.

Al momento de la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, Torres era responsable de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño y por eso llegó a debate imputado de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Cruz se basó en el debido accionar de Torres al sostener que "tenía un amplio universo para atender" y que, a pesar de que "no tenía recursos" para hacerlo, "asumió el compromiso".

El letrado explicó que Torres estuvo "dos meses" en su cargo, desde el cual "cumplió con sus deberes, con los que conocía y podía realizar", motivo por el cual "no fue desatento" en el cumplimiento de sus deberes de funcionario público.

La defensa se centró, principalmente, en que el imputado "no tenía conocimiento del local Cromañón ni de lo que ocurría con el mismo" y, en ese sentido, citó a varios testigos, inclusive al fiscal general contravencional porteño, Luis Cevasco, quienes declararon en el debate que tampoco sabían de la existencia del boliche hasta después de la tragedia.

El otro defensor, Pablo Lafuente, también se basó en que Torres no recibió las denominadas "alarmas" sobre lo que podía ocurrir en Cromañón y que conformaron el discurso de la acusación.

Sobre ese tema desestimó el testimonio del defensor adjunto de la ciudad, Atilio Alimena, quien dijo que meses antes del hecho había reclamado sin éxito la clausura del local al gobierno porteño.

"Pidió intimaciones, no clausuras", dijo el letrado quien precisó que Alimena tardó "tres meses en reunirse" con Fabiana Fiszbin, la por entonces máxima autoridad del área de control, para trasladarle su supuesta preocupación.

Además, dijo que sobre los boliches en peligro no hubo denuncias en el fuero contravencional, en la auditoría general porteña ni en la dirección donde trabajaba Torres.

"Los testigos pueden mentir pero los documentos no mienten", afirmó el defensor. En tanto, el abogado Cruz rechazó las otras acusaciones que surgieron en los alegatos de dos de las querellas que le imputaron a Torres los delitos de "homicidio simple con dolo eventual" y "estrago culposo seguido de muerte".

Para el letrado, los pedidos de pena por los delitos dolosos fueron "descabellados" y que esa acusación es "inconstitucional" ya que "no señala ninguna conducta en Torres para probar el nexo de la imputación" ni "prueba el hecho".

Respecto del "estrago culposo", Lafuente dijo que "la inspección y la clausura que reclaman los acusadores no podían evitar el resultado" del incendio y así apuntó a quienes arrojaron bengalas como los responsables directos.

Para finalizar, Cruz dijo que se "tendría que haber indagado más" sobre los que tiraron las bengalas y que en el debate debieron haber estado presentes "los dueños del local para dar sus explicaciones".

Tras el alegato, el último de todas las partes, Marcelo Alvero, miembro del TOC 24 -compuesto también por María Cecilia Maiza y Raúl Llanos- estableció que mañana a partir de las 10.30, comenzarán las "réplicas" y "dúplicas" de las cuatro querellas, el fiscal Jorge López Lecube y las defensas.

Primero, las principales querellas tendrán una hora al igual que las defensas del ex gerenciador de Cromañón Omar Chabán, de los siete miembros de Callejeros y su manager Diego Argarañaz; y del empleado del boliche, Raúl Villarreal.

Luego, el viernes a la mañana expondrán, en plazos de entre 15 minutos y media hora, las defensas del ex comisario Miguel Angel Belay y ex subcomisario Carlos Díaz; de Fiszbin, de la otra ex funcionaria, Ana María Fernández; y de Torres.

Por último, el tribunal citó para las 14.30 del viernes a los 15 imputados para que en persona definan si van a hacer uso de sus "últimas palabras", con lo que se dará por cerrado el debate hasta el 19 de agosto cuando se conocerá el veredicto.

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