Críticas al plan del Gobierno de cubrir déficit fiscal con más endeudamiento

Sectores gremiales, políticos y empresarios salieron a advertir los riesgos implícitos del proyecto impulsado por Jaque de suspender por dos años la ley de Responsabilidad Fiscal. Piden antes ampliar la coparticipación.
La ley nacional de Responsabilidad Fiscal, sancionada en agosto de 2004, tuvo como gran fundamento avanzar en el establecimiento de reglas fiscales claras que pudieran responder ante los problemas de la coyuntura económica y política que atentaran contra la solvencia fiscal y los desequilibrios crónicos del Estado.

Pero ahora ante la inminencia de su suspensión por dos años en el Congreso Nacional, voces de distintos ámbitos políticos, empresarios y gremiales salieron a criticar al Gobierno de Jaque como su ideólogo, al advertir los riesgos implícitos de financiar gastos corrientes con más endeudamiento.

Por estos días y por iniciativa del Gobernador Jaque, podría quedar suspendida por dos años en sus objetivos más importantes, mediante modificaciones clave solicitadas a la Nación por las provincias (con Mendoza a la cabeza) que tienen serios déficits en sus cuentas públicas.

Con la suspensión, las provincias se podrán endeudar por dos años y no tendrán límites para dicho endeudamiento, que antes no podía superar el 15% de los recursos corrientes (deducidas las transferencias por coparticipación a los municipios) de cada provincia.

En el caso mendocino, el rojo en las arcas del Estado alcanza los $ 500 millones, según datos oficiales, aunque estimaciones de la oposición señalan un monto superior a los $ 700 millones (ver aparte).

Según estima el ex ministro de Hacienda radical, Enrique Vaquié, hoy funcionario en el Senado nacional, el déficit sería mayor a $ 700 millones, quien dijo además que el mismo ministro de Hacienda de Jaque, Adrián Cerroni, habló sobre este monto en una reunión legislativa. En la proyección de este cobista para 2011, el déficit podría trepar hasta los $ 1.000 millones.

La "mala política fiscal" y "la consecuencia lógica del despilfarro de los gobiernos provinciales" son algunas de las causas que mencionó Vaquié, quien describió un escenario en el que "el Gobierno nacional ha concentrado los recursos dejando a las provincias sin poder disponer de ellos".

Esta falta de fondos de la Administración de Jaque generará dos impactos, según Vaquié: "un aumento en los impuestos o un deterioro de los bienes y servicios públicos, tales como seguridad, educación y salud" al contraer más deuda para financiar gastos corrientes en un contexto de déficit fiscal.

Desde el oficialismo, la diputada autora del proyecto que permite la modificación de esta ley, Patricia Fadel, señaló que esta suspensión "posibilita superar los problemas financieros" y manifestó además que "hasta las provincias no justicialistas se han adherido, tales como Catamarca, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, entre otras". Fadel aseguró que esto permitirá pedir préstamos a los organismos para "mejorar las cuentas públicas".

Consultado, el ex vicegobernador, Juan Carlos Jaliff, aseguró que esta coyuntura "es una oportunidad para el Gobernador de pedir a sus legisladores que acompañen el dictamen de la minoría de pedir a la Nación que coparticipe la mitad del impuesto al cheque. Así -dijo- la provincia no se endeudaría y podría recaudar unos $ 350 millones". En su visión, suspender esta ley es "regresivo".

Desde el gremio del ATE, Raquel Blas expresó con elocuencia que "apelar al endeudamiento es tirar un salvavidas de plomo a las provincias". Para Blas habría que realizar una reforma impositiva general en sectores como la pesca o la renta financiera. Según esta dirigente, "hay que regular a los que están ganando y no aportan, como también empezar a diferenciar entre las pequeñas y grandes empresas que tributan por igual".

La secretaria del ATE dijo que a la provincia le adeudan $ 2.000 millones provenientes de un dinero de la Anses, del impuesto al cheque y fondos no reintegrables de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que no se reparten a las provincias por parte del Ejecutivo Nacional. Esta caja del Estado cuenta con unas reservas de $ 8.000 millones, reclamó Blas.

Hugo Dagfal del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), aclaró que la misma ley de Responsabilidad Fiscal "es una mentira a conveniencia de los organismos extranjeros" y disparó contra la DGR, a la que calificó de estar atrasada en cuanto a la forma de recaudar y de no contar con los cuerpos verificadores necesarios. En su opinión, habrían $ 400 millones que se podrían recaudar "si los mecanismos recaudatorios funcionaran".

Desde el Consejo Empresario Mendocino (CEM), Carlos Ostropolski sostuvo que esta suspensión trae "confusión y es poco prudente". Señaló que en 2007, el CEM elaboró un documento titulado "Tiempo de prudencia" en el que ya observaban que esto iba a ocurrir.

"Estas excepciones distorsionan esta buena ley. Al no haber límites -dijo- esto genera imprudencia y descontrol en los gastos".

Adolfo Trípodi, presidente de la FEM, dijo que esto "es como dar un cheque en blanco al Gobierno". Este empresario coincidió con otros consultados en la idea de promover la coparticipación de otros impuestos antes que aumentar los pasivos provinciales con más deuda.

Comentá la nota